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4 Jun 2021 - 11:08 p. m.

La denuncia por presunta calumnia que Paloma Valencia concilió en la Corte Suprema

La Corte Suprema se inhibió de investigar a la senadora Paloma Valencia, luego de que asistiera a una conciliación y rectificara unas opiniones en las cuales dijo, sin sustento, que la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos había ofrecido beneficios ilegales a Juan Guillermo Monsalve.
La senadora Paloma Valencia rectificó las opiniones que emitió en vivo y reconoció que la Fundación CSPP realiza trabajos en favor de los derechos humanos y que la ONG nos buscó entregar supuestas dadivas a Juan Guillermo Monsalve.
La senadora Paloma Valencia rectificó las opiniones que emitió en vivo y reconoció que la Fundación CSPP realiza trabajos en favor de los derechos humanos y que la ONG nos buscó entregar supuestas dadivas a Juan Guillermo Monsalve.

La senadora Paloma Valencia, férrea vocera del Centro Democrático, y el abogado Franklin Castañeda, de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), acaban de hacer las paces ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, donde cursaba una denuncia por calumnia contra la congresista. Después de tres sesiones de conciliación y una rectificación por parte de Valencia, la alta corte ordenó cerrar el proceso penal en su contra. Se trata de un expediente paralelo a la polémica investigación por presunto fraude procesal y soborno en actuación penal contra el expresidente Álvaro Uribe.

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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Francisco Javier Farfán, avaló la rectificación que Paloma Valencia emitió en La W y en una de sus cuentas de Twitter, donde explicó que, definitivamente, la Fundación CSPP realiza actividades de defensa para los derechos humanos y que no ha incurrido en conducta delictiva alguna al ayudar económicamente a Juan Guillermo Monsalve, y a su familia, cuando en 2012 el testigo inició sus denuncias en contra de Uribe. ¿Cuáles denuncias? Que el expresidente habría sido crucial en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas en Antioquia.

El expediente entre Valencia y Castañeda data del 20 de agosto de 2019, cuando en un programa dirigido por Vicky Dávila en La W, la senadora del Centro Democrático dijo que la Fundación CSPP “había dado múltiples dádivas al testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda”, entre ellas, “prebendas económicas, cambio de celda, de establecimiento penitenciario y traslado de sus familiares a Canadá”. Como lo dijo Valencia en su momento, los supuestos beneficios se habrían dado para que Monsalve “diese un testimonio en contra del senador Álvaro Uribe Vélez”.

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Y no solo eso. El 21 de agosto de 2019, en una de sus cuentas de Twitter, la senadora Valencia publicó un trino en el que decía: “Para dar la versión en contra de Uribe, Monsalve recibió toda clase de beneficios por parte de la Fundación Solidaridad con los Presos Políticos”. Para Franklin Castañeda, presidente de la Fundación CSPP, tales afirmaciones fueron calumniosas y, por tanto, denunció penalmente a la política el 24 de octubre de 2019.

“La senadora Paloma Valencia en varios momentos emitió una serie de afirmaciones, a nuestro juicio, difamatorias en las cuales se vinculaba a nuestra organización con actividades ilícitas. Monsalve nos reportó unos problemas de seguridad y nosotros le ayudamos (en 2012). Interpusimos una serie de acciones judiciales, en el caso de la doctora Paloma Valencia es el único que hasta el momento ha avanzado. Los otros dos duermen en los archivos de la Fiscalía, es la triste realidad”, explicó en diálogo con El Espectador el abogado Castañeda.

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La denuncia por calumnia contra Valencia prosperó ante la Corte Suprema y el 17 de enero de 2020 la alta corte apertura investigación previa y dispuso a un magistrado instructor para celebrar una audiencia de conciliación. Las partes se reunieron el 15 de marzo y los 7 y 10 de mayo de este año, tras lo cual acordaron que la senadora Paloma Valencia emitiría un mensaje de rectificación en la emisora antes mencionada y, el pasado 14 de mayo, en una de sus cuentas de Twitter explicaría que se trató de afirmaciones aventuradas y engañosas.

Así aclaró el tema Valencia en la emisora: “Frente a las afirmaciones que realicé en el Programa ‘La W con Vicky Dávila’ de la estación de radio ‘La W’ el pasado 20 de agosto de 2019 y reiteradas en mis cuentas de Twitter, manifiesto que los aportes realizados por la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos a la familia de Juan Guillermo Monsalve Pineda fueron entregados a título de ayuda humanitaria”.

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“La defensa de los derechos humanos es una actividad legal y legítima que el Estado y los servidores públicos deben proteger para todos los ciudadanos sin distinción alguna. Por eso, me permito hacer pública esta aclaración, reiterando que no he atribuido conducta delictiva a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos”, concluyó Valencia. Además, el 14 de mayo en una de sus cuentas alternativas (y no donde inicialmente emitió las opiniones) publicó la respectiva rectificación.

Este diario se comunicó con la senadora Paloma Valencia, quien confirmó que rectificó sus opiniones tanto en la emisora como en su cuenta de Twitter, sin embargo, explicó que no hablará en entrevistas con periodistas de este diario hasta que le sea respondida una petición de retractación. Cabe aclarar que el abogado Castañeda también denunció a la senadora del Centro Democrático por presunto hostigamiento, pero la Corte Suprema de Justicia observó que tal conducta nunca se presentó.

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“Al contrastar y evaluar los contenidos tanto de la entrevista radial como del tuit autoría de la imputada Valencia Laserna, lo que resulta imperativo concluir es que tales expresiones no pueden catalogarse como un discurso de odio encaminado a promover o instigar a otros a causarle daño físico o moral a todas las personas, ni a ninguna en particular de las que integran la Fundación CSPP, «por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación»”, concluyó la alta corte.

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Por último, el abogado Franklin Castañeda, quien asegura que perdió contacto con la familia de Monsalve en 2012, explicó que la fundación ayudó a una familia que estaba desamparada: “Vimos que el programa de protección a testigos en la Fiscalía no avanzaba. Nosotros como hemos hecho como ONG en muchísimos casos entramos a tomar medidas: trasladamos a la persona de la zona de riesgo y la traemos a otro lugar (a Bogotá, en ese entonces). Traemos a una hermana de Juan Monsalve, quien tiene dos hijos, y luego a la mamá y al papá de Juan Monsalve. Esas personas quedan acá en un hotel que nosotros pagamos, pagamos tiquetes aéreos”.

“Nosotros no hemos sido representantes de Juan Guillermo Monsalve. Hay una claridad: Monsalve no es un preso político, está preso por paramilitar. Nosotros no entramos a defender a Monsalve por preso político. Nosotros somos la ONG más antigua de Colombia, llevamos es nombre, pero nuestra labor es mucha más amplia. Nosotros atendimos a Juan Monsalve cuando estaba en peligro su seguridad, cuando reportó atentados y demás. Lo ayudamos en temas de denuncias y asesoramos a su familia hasta ese momento”, concluyó el abogado de la Fundación CSPP.

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