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El 9 de septiembre de 2020 es un día imborrable en la memoria de muchos ciudadanos que fueron víctimas de los excesos y la brutalidad con la que esa noche se desplegaron las acciones policiales en contra de miles de manifestantes que salieron a las calles ahogados en indignación tras enterarse de la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez, a manos de policías que prestaban sus servicios al CAI Villa Luz, de Bogotá. Los registros en video de la jornada de movilizaciones, bautizada como “9S”, superan la ficción. Los policías, cuyo deber es el de velar por la seguridad de los civiles, dispararon con sus armas de dotación sin control y efectuaron procedimientos que a todas luces se traducen en claros casos de abuso policial.
Lo cierto es que, tres meses después de la fatídica noche, todavía existen muchas preguntas sobre lo que pasó, pues a ciencia cierta ningún alto mando de la institución supo explicar por qué, bajo línea de mando, no se pudo detener el accionar indiscriminado de los efectivos de la Policía. Ante la falta de acción de las autoridades por investigar los hechos y la posibilidad de que estos queden en la impunidad, este viernes 11 de diciembre, la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (dhColombia) radicará una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra del Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; y el director de la Policía Nacional, Oscar Atehortúa.
Asimismo, la denuncia compromete al comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, Luis Alfredo Sarmiento Tarazana; al comandante de la Policía de Cundinamarca, Necton Lincon Borja Miranda; al comandante de la Estación de Usaquén, Roberto Carlos Sánchez; a cuatro comandantes de seguridad ciudadana y a los comandantes del CAI Verbenal, Suba y Kennedy. Según los demandantes, estos funcionarios serían responsables por las ejecuciones extrajudiciales colectivas (masacres), tortura, privación ilegal de la libertad y lesiones personales que se ejecutaron esa noche. Por tanto, el propósito de dhColombia es que, finalmente, se adelanten investigaciones y se determinen las responsabilidades de lo que pasó. (Lea también: La razón para seguir filmando los abusos policiales)
Tal como lo reseña la denuncia, conocida en su integridad por El Espectador, desde el año pasado los ciudadanos vienen desarrollando movilizaciones sociales sistemáticas para mostrar su descontento con situaciones que se presentan en el país. Fue a raíz de la masiva inconformidad que nació el Paro Nacional cuyas jornadas de protesta iniciaron el 21 de noviembre de 2019. Pero, dos días después, el 23 de noviembre, en medio de las protestas, un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) disparó su arma de dotación en contra del joven Dilan Cruz quien no logró reponerse del impacto y el 25 de noviembre murió en el Hospital San Ignacio de Bogotá.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos Humanos, en su informe del año 2019, advirtió su preocupación respecto a que “en algunos casos, la Policía respondió de manera desproporcionada a incidentes aislados de violencia (…) miembros del Esmad no cumplieron con normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza”, reseña la denuncia. Desde la Alcaldía de Bogotá, por su parte, se ha informado que en lo corrido del 2020 se han tramitado a la Policía Nacional 137 denuncias relacionadas con actos que constituyen abuso policial. Sin embargo, que de ese universo de denuncias tramitadas, en apenas 38 de los casos la institución dijo tener conocimiento.
Para el 2020 las movilizaciones sociales se vieron truncadas por la pandemia de COVID – 19 que obligó a decretar una cuarentena nacional y a que se implementaran una serie de medidas de autoprotección que se convirtieron en la prioridad de los colombianos. Sin embargo, nada pudo evitar que los ciudadanos salieran a manifestarse el 9 de septiembre, luego de que el país conoció que un hombre en la ciudad de Bogotá había muerto a manos de patrulleros de la Policía. A lo largo del día, los medios de comunicación empezaron a hacerle eco a una serie de videos en los que se observaba al estudiante de derecho, Javier Ordóñez, tendido en el piso, mientras dos policías le propinaban descargas eléctricas, al tiempo que él les suplicaba que se detuvieran. (Le puede interesar: Policía golpeó contra una pared a capturado en estación de Barranquilla)
Los días 9 y 10 de septiembre se generaron múltiples manifestaciones en la ciudad de Bogotá y en diferentes lugares del país (ciudades como Cali, Medellín y Barranquilla, Cúcuta, Ibagué), en rechazo por el asesinado de Javier Ordoñez. Señala la denuncia que, “durante y después de las protestas, medios de comunicación y organizaciones de defensa de derechos humanos reportaron violaciones graves, transgresiones flagrantes de los protocolos de acción en la protesta, agresiones contra periodistas y una actitud general de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional en contra de quienes ejercían su derecho fundamental a protestar: personas asesinadas y heridas por arma de fuego, mala utilización de la figura de Traslado por Protección, lesiones personales, obstrucción al ejercicio periodístico, entre otras”.
Como consecuencia, indica el documento, entre el 9 y 10 de septiembre al menos catorce (14) personas fueron asesinadas. En Bogotá el saldo es de 10 personas, la mayoría de ellos jóvenes (entre 17 y 30 años) y cuatro personas más en Soacha quienes presuntamente fueron asesinados por personal de la Policía Nacional. Agregan que para el 9 de septiembre se identificaron 248 civiles heridos en Bogotá, de quienes se resaltan 68 que tienen lesiones de arma de fuego. Mientras tanto, para el 10 de septiembre, desde la “Campaña Defender la Libertad asunto de todas”, se habla de al menos 11 heridos en general, y la Alcaldía de Bogotá registra 8 heridos por arma de fuego.
La denuncia expone varios testimonios de personas que resultaron lesionadas esa noche. Por ejemplo, está el de Manuel Antonio Fernández Acevedo quien contó que se encontraba protestando cerca del CAI Verbenal cuando eran casi las 8:40 de la noche. De un momento a otro, los protestantes, incluido Fernández, se percataron de que los policías se habían desplazado hasta la parte trasera del CAI y de repente escucharon los disparos. Fernández resultó gravemente herido a la altura del tórax, fue trasladado por la comunidad en un taxi hasta la Clínica Cardio Infantil y su diagnóstico final fue la pérdida total de la movilidad desde el obligo hacia abajo, es decir, quedó paralítico.
Otro caso es el de los hermanos Robert y Henry Valencia. Narraron que se encontraban en el tercer piso de su casa (ubicada sobre la calle 187, a unos 100 metros del CAI) y mientras transcurrían las manifestaciones escucharon que se rompió un vidrio del restaurante de su propiedad, ubicado en el segundo piso, eran las 9:45 de la noche. Al ver el vidrio roto, se asomaron a la ventana notando que varios motorizados se acercaban por la calle 187 disparando sus armas de fuego. Segundos después, Robert fue impactado por un proyectil que entró por la ventana y lo hirió en el tórax, mientras que su hermano Henry sufrió lesiones en el rostro por las esquirlas de vidrio. Rápidamente, Henry, con la ayuda de sus padres, trasladó a Robert al hospital Simón Bolívar donde fue intervenido.
Un tercer caso que expone la denuncia es el de Luisa Fernanda Tirado, una menor de edad que no se encontraba participando de la manifestación que se realizaba cerca de CAI de Aures. Ella se encontraba esperando el trasporte público en dirección a su casa, justo en el paradero del alimentador cercano al CAI de Aures. De repente, la Policía hizo uso de sus armas de fuego en contra de los manifestantes que se movilizaban por la zona y Tirado resultó gravemente herida al recibir un impacto de proyectil a la altura del cuello. Fue trasladada al Hospital de Suba y de allí remitida al Hospital Simón Bolívar, donde le hicieron una reconstrucción de tráquea. (Noticia relacionada: Claudia López insiste en realizar reforma a la Policía tras tragedia en CAI de San Mateo en Soacha)
Otro punto inquietante que trata dhColombia, son los diferentes videos e imágenes que fueron difundidos en los que se pueden observar a personas de civil que hacen uso de armas de fuego “ante la mirada tolerante y complaciente del personal de la Policía Nacional”. En los registros, que fueron adjuntados a la denuncia, incluso, se puede notar cómo, en algunos casos, hombres de civil comparten sus armas de fuego con los uniformados. Por otro lado, cuestionaron el uso que los efectivos de la institución le dieron a la figura de traslado por protección pues, de acuerdo con cifras de Defender la Libertad: Asunto de Todxs, entre el 9 y 10 de septiembre se presentaron al menos 183 detenidos en Bogotá durante las protestas. De estas personas, cinco serían defensoras de derechos humanos.
Los testimonios de periodistas y fotógrafos de diferentes medios de comunicación sobre lo ocurrido esos días también fueron recogidos en la denuncia la cual señala que, para el 9 de septiembre, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró una detención ilegal, cinco agresiones físicas y dos obstrucciones al trabajo periodístico. Mientras que el 10 de septiembre, reseñó seis agresiones físicas y cuatro detenciones ilegales contra equipos periodísticos. Uno de los casos fue el de Juan Camilo Rubiano, un fotógrafo independiente que aseguró haber sido agredido por alrededor de 12 policías en el barrio Santa María del Lago, Engativá, mientras grababa un procedimiento policial.
Los uniformados, al percatarse de que estaban siendo grabados lo encerraron entre todos y lo golpearon con bastones de dotación, ocasionándole fracturas en la nariz, el pómulo y el ojo izquierdo. Luego, le quitaron dos cámaras y su celular, según su versión. En Suba, también fue agredido Jose Vargas, reportero gráfico de El Espectador quien asegura que mientras cubría las acciones violentas contra una manifestante que estaba siendo detenida en el CAI La Fontana, miembros de la Policía lo agredieron con los escudos de dotación, causándole una lesión leve en un pie y ocasionando daños en su cámara fotográfica. Vargas manifiesta que los policías tenían oculta su identificación.
En los relatos de los periodistas y fotógrafos, los denunciantes encuentran tres coincidencias: que los policías que los agredieron tenían las chaquetas al revés o no portaban su identificación en un lugar visible; que las violaciones a la libertad de prensa se presentaron durante el cubrimiento de procedimientos policiales abusivos contra los manifestantes que podrían comprometer disciplinariamente a los uniformados; y que todos los reporteros aseguraron haber estado plenamente identificados con credenciales de prensa, logos de su medio de comunicación y dispositivos con cámaras fotográficas que hacían evidente su labor de registro.
Conforme a los hechos expuestos en la denuncia, la Asociación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos considera que es “altamente probable” que el ministro de Defensa, el director de la Policía y los altos mandos de la institución ya mencionados, “resulten responsables de ejecuciones extrajudiciales colectivas, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y lesiones personales agravadas, por ser hechos cometidos por agentes del Estado contra ciudadanos en razón a sus opiniones, posiciones políticas o profesión y, en algunos casos, contra menores de edad o personas en incapacidad para defenderse. (Lea también: Estos fueron los abusos policiales durante las manifestaciones en Bogotá)
“Este establecimiento de responsabilidad resulta toda vez que las personas referidas se constituyen como los sujetos activos que tienen la calidad y posición de garantes por ser la línea de mando de los agentes estatales que consumaron las conductas delictuales; asimismo, se encontraban en la obligación constitucional y legal de evitar la producción de los resultados antijurídicos surgidos a partir de las conductas delictuales de los agentes que actuaban bajo su mando (…)Los hechos que aquí se ponen en su conocimiento, no hubieran ocurrido, si quienes, teniendo la posición de garantes, no hubieran incurrido en la ceguera intencional, deliberada y proterva, que permitió la repetición de crímenes que lesionan la conciencia ética de la humanidad”, expresó el colectivo que, este viernes, radicará la solicitud en busca de que se inicie una investigación formal contra el ministro de Defensa y los otros altos mandos policiales.