27 May 2021 - 3:05 a. m.

Destrucción de expedientes otorga ventajas a la impunidad: Corte Suprema sobre incendio en Tuluá

A través de dos comunicados, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura rechazaron el incendio del Palacio de Justicia “Lizandro Martínez Zúñiga” de Tuluá, Valle del Cauca. Las entidades coincidieron en que los actos vandálicos atenta contra la materialización de los derechos de los ciudadanos.
En la noche de este martes se reportó un incendio en el Palacio de Justicia de Tuluá.
En la noche de este martes se reportó un incendio en el Palacio de Justicia de Tuluá.

“En momentos tan críticos como los que atraviesa el país, las sedes de la justicia son las casas de protección democrática de los colombianos. El fuego que las consume, como ocurrió en el ataque criminal al Palacio de Justicia de Tuluá, erosiona severamente las bases del Estado”, expuso la Corte Suprema de Justicia en cabeza del magistrado Luis Antonio Hernández quien añadió que los ataques ocurridos durante los últimos días atentan en contra de los derechos de los ciudadanos. Desde el alto tribunal aseguraron que “los actos de violencia deben detenerse de inmediato”.

El más reciente ataque vandálico registrado en el Palacio de Justicia en Tuluá, en el que incineraron la infraestructura, ha generado todo tipo de reproches. La Corte Suprema, por su parte, expresó que su rechazo no solo por la destrucción en el municipio vallecaucano sino por los episodios similares registrados en las sedes judiciales de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cundinamarca, Medellín, Neiva, Pasto, Popayán, Santa Rosa de Viterbo, La Plata y Villavicencio.

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“Estos eventos ponen en peligro la integridad de los funcionarios y empleados judiciales, quebrantan la indemnidad de la justicia e impactan los ya escasos recursos con los cuales funciona. La destrucción de expedientes otorga ventajas a la impunidad y a la agudización de los conflictos, no a su resolución”, expuso la Corte y añadió que exhorta a los integrantes de la mesa de negociación a quienes ostentan liderazgo político y a los líderes de las protestas para que reconozcan la responsabilidad que, por acción u omisión, les corresponde tanto en el conflicto como en su solución.

Para el alto tribunal se deben rechazar, enfáticamente, los abusos de todo tipo, la destrucción del tejido social y la economía del país, los ataques violentos a la propiedad privada y a los bienes públicos, así como el bloqueo de carreteras. Lo anterior con el propósito de apaciguar la alteración social que empaña el ejercicio de los derechos a la libre expresión y la protesta pacífica. Así como también que se detenga la pérdida de vidas humanas.

Una postura similar asumió el Consejo Superior de la Judicatura, en cabeza de la magistrada Gloria Stella López, que trajo a colación los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia, en Bogotá, durante 1985. “En momentos como los que vivió Tuluá la noche del 25 de mayo solo llega a la mente de los colombianos el holocausto del que fue víctima la justicia hace 35 años y rememora la petición del inmolado magistrado Alfonso Reyes Echandía: “Que cese el horror”.

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La corporación condenó los ataques de los que ha sido víctima la Rama Judicial en materia de infraestructura y reprochó que por cuenta de actos vandálicos se esté poniendo en riesgo la vida de los funcionarios públicos que se encuentran en el interior de las sedes judiciales. “La destrucción de expedientes y el ataque sistemático a la justicia no puede ser un fin, pues obstaculiza el propósito de construir una sociedad más justa, más aún cuando los jueces son los garantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¡La prioridad es la vida y la justicia!”.

El Consejo Superior reiteró que la mejor solución para dirimir las diferencias que existen en el territorio nacional es el diálogo. “No queremos tener más este sentimiento de impotencia y tristeza, no solo por el ataque a la justicia, sino a institucionalidad del país”, dijo la entidad.

Los actos vandálicos registrados en la noche de este martes, en donde no solo se incineró la infraestructura sino que atentaron contra la vida de Camilo Andrés Arango, un joven de 18 años, estudiante de derecho, y que perdió la vida por impacto de bala, se presentaron en el marco de las movilizaciones que convocaron desde el pasado 28 de abril como negativa a las directrices dadas por el Gobierno de Iván Duque.

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