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1 Mar 2022 - 10:43 p. m.

La eutanasia de Martha Sepúlveda, un caso en estudio por la Corte Constitucional

El alto tribunal revisará el expediente de tutela con el cual Sepúlveda, quien le sonrió a su muerte en televisión, logró acceder al derecho a la muerte digna. El Espectador habló con su abogada, quien espera que el Ministerio de Salud reglamente bajo las vigentes normas ordenadas por la Corte Constitucional.
La eutanasia de Martha Sepúlveda, un caso en estudio por la Corte Constitucional

La Corte Constitucional seleccionó para revisión la tutela que interpuso Martha Sepúlveda, días después de que, en octubre del año pasado, la IPS Incodol se negara a practicarle la eutanasia que ya habían pactado previamente. Tras conocer que el expediente, a pesar de que la paciente ya hizo su tránsito, será objeto de discusión constitucional. El Espectador habló con la abogada de la familia de Sepúlveda. Considera que esta admisión podría significar garantías para el acceso al derecho a morir dignamente.

En diálogo con este diario, la abogada Camila Jaramillo manifestó que “la selección de este expediente es una oportunidad para que el Ministerio de Salud modifique de una vez por todas la Resolución 971 y elimine de su reglamentación la barrera de la enfermedad terminal”. De acuerdo con la investigadora del Laboratorio De Derechos Económicos Sociales Y Culturales (DescLab), la actual normativa significa un falso dilema para la comunidad médica, pues Minsalud aún no expide un nuevo protocolo acorde con la jurisprudencia más actualizada sobre eutanasia. Desde mediados de 2021, pacientes con una enfermedad grave e incurable, con una expectativa de vida mayor a seis meses, pueden acceder al procedimiento médico.

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“Esperamos que la regulación actualizada no sea un obstáculo -como lo es hoy- y proteja la decisión de las personas que tienen una enfermedad grave e incurable y solicitan la eutanasia en el marco del sistema de salud. También que sea una norma que le dé garantías a los prestadores y profesionales de la salud para que puedas prestar el servicio público a la salud y proteger el derecho a la muerte digna de quienes cumplen con los requisitos”, agregó Jaramillo.

La tutela fue escogida para su estudio luego de una insistencia radicada por la magistrada Diana Fajardo, quien fue la togada que presentó el proyecto de sentencia que permitió extender la eutanasia a pacientes en estado no terminal. Según allegó a la Sala de Selección Número Dos, el expediente debía ser escogido porque su estudio permitiría avanzar en la eliminación de las barreras de acceso al derecho fundamental a morir con dignidad.

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“En el presente caso, tanto la IPS Incodol como el Ministerio de Salud y Protección Social persistieron -durante octubre de 2021- en la exigencia del requisito de enfermedad terminal para poder garantizar el acceso al derecho a morir con dignidad, a pesar de que la Corte ya había declarado su inconstitucionalidad el 23 de julio de 2021. Por tanto, el caso de la señora Martha Sepúlveda permitiría seguir avanzando en la eliminación de las barreras de acceso al mencionado derecho fundamental”, se lee en la insistencia de Fajardo.

Además, la magistrada Fajardo espera que se reitere la jurisprudencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional, la cual ha considerado que todo fallo de esa corporación está vigente desde el día siguiente a la decisión. La IPS Incodol y el Ministerio de Salud justamente manifestaron, cuando se opusieron a la eutanasia de Sepúlveda, que solo se conoció el comunicado de prensa de la Corte y, por tanto, no podían darle el aval al procedimiento médico. Esa decisión le costó a Sepúlveda días de angustia y obligó a su representación judicial, DescLab, a presentar una tutela para proteger sus derechos.

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La tutela llegó hasta el alto tribunal porque, cuando Martha estaba viva, la Ips Indocol se negó a practicarle el procedimiento a pesar de la orden de la Corte, argumentando que ella no cumplía con el requisito de la terminalidad de la enfermedad que ella padecía, algo que ya no era una condición. En ese momento la representación judicial de la Ips explicó que aunque la paciente había sido diagnosticada para acceder a la eutanasia en un primer momento, una revisión posterior hizo que no se acreditara el supuesto “requisito de pronóstico de vida de corto a mediano plazo”. El pasado 8 de enero, Sepúlveda descansó de las dolencias que no le permitían vivir, bajo su concepto, en dignidad.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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