El gobierno de Abelardo de la Espriella cerró con llave la puerta del diálogo y, en su lugar, abrió un espacio para el sometimiento total de las estructuras criminales. Aunque no fue un movimiento sorpresivo por parte del Ejecutivo, pues fue una de las grandes promesas del mandatario al llegar al poder, la propuesta que se radicó el martes ante el Congreso sí abrió debate por la poca flexibilidad frente a la negociación con los actores armados ilegales o terroristas. Sobre el proyecto de ley de acogimiento de este gobierno había expectativa por varios puntos, como la devolución de bienes o la reducción de penas, pero la pieza clave que hoy cuestiona la viabilidad del sometimiento es, una vez más, la extradición; un punto que ha sido motivo de tropiezo en gobiernos anteriores que han buscado la salida al conflicto.
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De entrada, magistrados, abogados, exministros y analistas del conflicto señalan los retos que tendrá que enfrentar el gobierno si la propuesta queda en firme después de que el Congreso examine las condiciones y sus alcances. Uno de los grandes desafíos será que los grupos criminales acepten someterse teniendo que entregar bienes, rutas, laboratorios y, además, ser extraditados en caso de tener activa una orden en otro país. Para Jorge Iván Cuervo, exministro de Justicia durante el gobierno de Gustavo Petro, el proyecto de ley podría resultar poco atractivo, aunque se contraste con la “mano dura” que ha implementado el mandatario. “No veo incentivos para la desmovilización, salvo que el gobierno muestre eficacia en capturas o bajas, y entonces vean el acogimiento como una única salida”, dijo.
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El documento es claro al delimitar las condiciones para someter a los grupos criminales. El punto número tres del artículo de las órdenes de captura ni la extradición de los miembros de las estructuras ilegales o terroristas que acepten voluntariamente el sometimiento. Esa condición es clave porque marca la diferencia más significativa frente a los antecedentes de otros procesos de negociación de paz que autorizaba la suspensión de las órdenes de captura dentro de las zonas fijadas para someterse. El proyecto respalda la decisión en que "la suspensión de facto de la acción coercitiva del Estado favoreció la expansión territorial y el fortalecimiento de las organizaciones armadas mientras se adelantaban los acercamientos".
En esa línea argumenta también que la regla de no suspender las órdenes de extradición está sujeta a que la justicia no significa relajar la persecución individual de miembros de grupos armados. "La cooperación judicial internacional no puede quedar suspendida por el solo hecho del sometimiento", apunta el documento. El proyecto de ley añade que no se va a cerrar la posibilidad de que las personas en proceso de extradición, una vez tramitado, también respondan ante la justicia colombiana. El exministro Cuervo resalta que este asunto sería el más difícil de tramitar puesto que muy pocos jefes criminales se acogerían, pero destaca una posible salida: “un acuerdo con Estados Unidos para un tratamiento especial. Menos de diez años de prisión y otros beneficios, eso puede ser viable para un narco”.
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Y añade que la medida podría resultar viable siempre y cuando la correlación de fuerzas entre el Estado y el crimen organizado se invierta a favor del Ejecutivo. En eso coincide el abogado Mauricio Pava, conjuez de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia. “El verdadero obstáculo no será la falta de beneficios, sino la muestra real de voluntad de las organizaciones para someterse. Esa voluntad dependerá de la capacidad del Estado para hacerles inviable la continuidad del negocio criminal. Sin operaciones militares sostenidas, persecución patrimonial e investigaciones eficaces de la Fiscalía, ninguna ley de sometimiento será suficiente. Además, mantener la extradición es coherente con la cooperación judicial internacional”, señaló Pava a El Espectador.
Desde hace más de 40 años, la extradición ha sido el punto de quiebre de los intentos de negociación de los gobiernos con los grupos criminales. Desde Los Extraditables, en cabeza del narcotraficante Pablo Escobar, durante el gobierno de Belisario Betancur, el país ha girado en una espiral de violencia. En 1983, Rodrigo Lara Bonilla era el ministro de Justicia y desde su llegada declaró una cruzada contra la mafia y el narcotráfico. Tras su asesinato, el 30 de abril de 1984, el presidente Betancur sentenció por primera vez la entrega de los criminales a la extradición. Aunque los capos del narcotráfico buscaron el sometimiento, la propuesta fracasó. Los criminales buscaron tumbar el Tratado de Extradición a través de amenazas y homicidios de magistrados, juristas y periodistas, como el director de este diario, Guillermo Cano, perpetrado en diciembre de 1986.
Hoy es precisamente el hijo de Lara Bonilla, desde el Ministerio de Interior del gobierno de Abelardo de la Espriella, quien busca el sometimiento total y la extradición de los grupos criminales. A raíz de ese contexto, para el abogado Mauricio Pava, si bien este será un factor sensible, “no se puede convertir el sometimiento en una garantía de inmunidad internacional”. En eso coincide el abogado penalista, Francisco Bernate, quien respalda la propuesta de que el sometimiento no suspenda automáticamente las solicitudes de extradición. “Esa posibilidad no debería convertirse en una moneda de cambio ni en un mecanismo para eludir responsabilidades en otros países. No todos tienen los mismos intereses; por eso, no necesitan los mismos incentivos para abandonar las armas”, dijo.
En esa misma línea, la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, señala que entender la extradición como una moneda de cambio es inconveniente por el mismo sentido de la figura. “La extradición es un compromiso internacional que obliga a la reciprocidad, por tanto debe procederse de conformidad. La suspensión de esta medida la han utilizado para mantener las estructuras criminales y fortalecerlas a nivel nacional e internacional. Por eso, esta política está compuesta por cero incentivos que puedan ser manipulables. Por el contrario, la aplicación de la ley será con rebajas de pena, esa es la ventaja. El presidente tiene la facultad de decir si suspende la extradición, o no, dentro de su política de seguridad y paz”, explicó la abogada y exministra.
Para Pava, el debate se centra más en las capacidades del Estado para demostrar fuerza militar, investigativa y judicial de modo que el sometimiento resulte más conveniente que delinquir. “Sin presión efectiva del Estado, incluso los beneficios más generosos pueden resultar inútiles”, advirtió. Por su parte, el abogado Bernate resaltó que los puntos más sensibles que el gobierno tendrá que atender serán la certeza sobre los beneficios, los tiempos del procedimiento, las condiciones de seguridad para quienes se entreguen y la coordinación con los países que solicitan extradiciones. “La firmeza debe acompañarse de reglas claras: quien colabore efectivamente necesita saber qué puede obtener, qué debe cumplir y cuándo se resolverá su situación”, apuntó.
El exministro Cuervo resalta un vacío en el proyecto de ley, más allá de la discusión de la extradición, pues en la estrategia de sometimiento tampoco habrá lugar para los criminales que ya estén privados de la libertad. No podrán enlistarse en la propuesta aunque tengan voluntad de entregar información, rutas y bienes, y no podrán acceder a los beneficios de la ley. Para Cuervo, muchas estructuras armadas operan precisamente desde las cárceles en las que están recluidos los jefes criminales, como es el caso de Quibdó, Buenaventura o Medellín. “Si los que están en cárceles no pueden acogerse al proyecto para rebaja de penas, entonces va a quedar por fuera una porción importante del crimen organizado. Hay que armar una propuesta para esos grupos que sus jefes visibles están en las cárceles”.
Por su parte, uno de los puntos sensibles para la exministra Buitrago será agrupar en una misma categoría a los grupos armados organizados y a las bandas criminales. Si bien anteriormente los primeros recibían un trato de negociación política y los segundos un proceso de sometimiento, el proyecto de ley de De la Espriella no contempla espacio para la negociación y todos los grupos criminales estarán bajo el sometimiento o la persecución armada. “Redefinir los actores deja un vacío que en materia penal puede ser utilizado para traumatizar los procesos. Además, quedan reglamentaciones pendientes que deberán conocerse para adelantar los procesos con cada uno de los grupos armados”, agregó la exministra que considera que el proyecto tiene tanto de “zanahoria como de garrote”.
Para el abogado Pava, el proyecto tiene una combinación necesaria pues contempla rebajas de pena entre el 30 y el 50 % incluida la posibilidad de libertad condicional desde las dos quintas partes de la pena bajo condiciones especiales de colaboración. En su concepto, son incentivos penales significativos. En eso coincide Bernate al señalar que los incentivos pueden estar en beneficios penales razonables, seguridad jurídica y oportunidades reales de reintegración, siempre condicionados a una colaboración comprobable. La propuesta de Abelardo de la Espriella deja en evidencia el cierre total de las negociaciones y será el Congreso el que evalúe la viabilidad de la propuesta. Luego serán los más de 29.000 miembros de grupos ilegales quienes decidirán si se someten o se enfrentan al Estado.
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