14 May 2020 - 2:00 p. m.

La Fiscalía anda buscando información del gobernador del Tolima, José Orozco

José Orozco, gobernador del Tolima, tiene una investigación en el alto tribunal por supuesta violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. La Procuraduría y la Contraloría tienen bajo la lupa dos contratos firmados por su administración en medio de la pandemia por COVID-19.

José David Escobar Moreno / @JoseDEM18 / jescobar@elespectador.com

El gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco, se posesionó en enero de 2020, luego de ganar las elecciones de octubre de 2019. / Tomado de la cuenta oficial de la Gobernación del Tolima
El gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco, se posesionó en enero de 2020, luego de ganar las elecciones de octubre de 2019. / Tomado de la cuenta oficial de la Gobernación del Tolima

Una solicitud de carácter “urgente” llegó a la secretaría administrativa de la Gobernación del Tolima el pasado 7 de mayo. En el documento, conocido por El Espectador, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía le solicita a este despacho de la administración regional la entrega de la documentación relacionada con la historia laboral del gobernador del Tolima, José Orozco. El mandatario departamental fue elegido en octubre pasado con el 38% de los votos, luego de haber sido diputado a la Asamblea, y secretario del Interior de la Gobernación de Óscar Barreto, barón político del Tolima y que, actualmente, tiene varias de sus fichas a la cabeza en algunas administraciones locales.

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En el documento conocido por este diario se menciona que esa solicitud es hecha por la Fiscalía 10 delegada ante la Corte Suprema por una investigación que existe en contra del gobernador, quien es miembro del Partido Conservador. Aunque la solicitud no señala sobre qué hechos o delitos se investiga a Orozco, este diario supo que la pesquisa estaría relacionada con el delito de  violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. La Gobernación del Tolima, además, ya está bajo la lupa de la Contraloría y la Procuraduría por la suscripción de dos contratos que firmó en medio de la pandemia de COVID-19.

El Ministerio Público, abrió dos investigaciones preliminares. Una de ellas, por presuntos sobrecostos e irregularidades en el contrato suscrito por $244 millones con Certipostal S.A.S. para el transporte y entrega de kits nutricionales. El ente contralor, por su parte, viene revisando un contrato que firmó la Gobernación del Tolima por un valor de $1.020 millones, relacionado con el “Plan de Comunicación-Emergencia COVID-19-2020”, con la empresa León Gráficas SAS. El contrato tenía como fin ejecutar un plan para entregar información a la comunidad sobre la emergencia sanitaria, a través de medios impresos, digitales, radiales y televisivos, de forma inmediata, y a través de canales oficiales de información.

El Espectador se contactó con la oficina de prensa del gobernador Orozco pero señalaron que este no se pronunciara por el momento.

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El otro proceso en la Corte 

No es la primera vez que el nombre del gobernador Orozco figura en la Corte Suprema. Durante la campaña regional de 2019, cuando Orozco se lanzó a la Gobernación, los exsenadores Mauricio Jaramillo y Carlos García presentaron una tutela con el fin de que se inhabilitara a Orozco de participar en los comicios. En la acción judicial se pedía que, a raíz de un proceso en el que fue condenado Orozco cuando fue agente de Policía en los años noventa, fuera inhabilitado, se protegiera el artículo 40 de la Constitución Política (derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político) “y así poder elegir ciudadanos que garanticen la protección de la moralidad y la ética pública”.

Sin embargo, a finales de octubre de 2019, los magistrados Eugenio Fernández y José Francisco Acuña, de la Sala de Decisión de Tutelas de la Sala Penal de la Corte Suprema, negaron el recurso de los exsenadores. “La sala advierte que ciertamente en ese caso era evidente que las falencias en la defensa técnica del ciudadano José Orozco fueron de tal trascendencia que si se hubieran alegado mediante los mecanismos ordinarios de defensa con los que contaba habían prosperado (...) Por estas razones la sala encontró que la decisión censurada es razonable, coherente entre sus partes, fue el resultado del ejercicio de la función judicial y no está afectada por la cosa juzgada fraudulenta”, señaló la Corte.

El caso penal al que se refiere la Corte se remonta a febrero de 1990, cuando Orozco, entonces agente de la Policía, perteneciente a un grupo de contraguerrilla en Putumayo, salió a una taberna en compañía de otros dos uniformados. El entonces policía Orozco iba armado con una pistola y le disparó al menos tres veces a uno de sus acompañantes, quien se negó a comprar una botella de aguardiente. Una de las balas impactó en el pómulo derecho de la víctima, que sobrevivió al ataque. Dos años después fue capturado y salióa los pocos días porque se comprometió a presentarse al juzgado periódicamente y reportar sus movimientos. En 1999, nueve años después del hecho, el hoy gobernador fue condenado.

En agosto de 2002 fue capturado y estuvo preso tres años en la cárcel de Picaleña (Ibagué) hasta junio de 2005. La Policía, por su parte, no tardó mucho tiempo en sancionar a Orozco. En mayo de 1990, fue sacado de la institución en un proceso disciplinario de doble instancia. Ese año, el Tribunal Superior de Pasto falló una tutela a su favor en la que señalaba que en su caso penal se vulneraron  sus derechos de defensa y al debido proceso. En el fallo, el juez incluyó un agravante que no estaba contemplado por la Fiscalía en el escrito de acusación, hecho, que según el tribunal fue irregular. Al final, el caso prescribió ya que para ese momento ya habían pasado 15 años desde que se cometió el delito.

En febrero de 2007, Orozco interpuso ante el Tribunal Administrativo de Nariño una demanda de reparación directa contra la Nación en la que pedía $180 millones por perjuicios morales a él y sus familiares, $52 millones por lucro cesante y $15 millones por daño emergente. Luego de que el tribunal negara sus pretensiones, en abril de 2019, el Consejo de Estado también rechazó su solicitud de reparación. “El procesado sí tenía el deber jurídico de soportar la restricción de su derecho a la libertad porque incurrió en una conducta delictiva (...) en ningún momento se desvirtuó su participación en los hechos que dieron lugar a la actuación judicial”, señaló el alto tribunal. 

Este proceso fue parte del debate electoral en septiembre y octubre del año pasado. En ese momento, el candidato a la Gobernación le dijo al diario regional El Nuevo Día que “es un momento que puede vivir cualquier ser humano, un error judicial le puede pasar a cualquier ciudadano de este país y me correspondió a mí hace 30 años. Hoy, ante la sociedad colombiana y el ordenamiento jurídico del país, no tengo ningún tipo de sentencia ni inhabilidad”.

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