3 May 2021 - 3:54 p. m.

La Fiscalía entregó su balance sobre el Paro Nacional: 278 capturados y 83 imputados

Durante los cinco días de Paro Nacional, la Fiscalía capturó a 278 manifestantes e imputó a 83 de ellos por delitos como violencia contra servidor público y obstrucción de la vía pública. Abogados, por otra parte, celebran la libertad de personas detenidas arbitrariamente.

La Fiscalía capturó a 298 manifestantes durante las cinco jornadas del Paro Nacional convocado contra la reforma tributaria del Gobierno Duque, la cual fue retirada ayer 2 de mayo en la mañana y que puede precipitar la salida del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Durante los últimos cinco días las principales ciudades del país estuvieron paralizadas por la protesta ciudadana, desmanes en plena vía pública y una respuesta policial, en decenas de eventos registrados, excesiva.

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De acuerdo con la última información de la Fiscalía, de los 298 manifestantes capturados, 83 fueron imputados por los delitos de hurto, violencia contra servidos público, obstrucción de la vía pública y daño en bien ajeno. El fiscal general Francisco Barbosa aseguró que el resto de capturados ya están siendo “judicializados” y que otros 18 quedaron con medida de aseguramiento, 11 en centro carcelario y siete en detención domiciliaria.

La Fiscalía, además, ya está investigando acerca de 167 buses vandalizados, de los cuales 147 estaban en Bogotá y 16 en Cali, dos de las ciudades con mayor afluencia de personas durante las jornadas de protesta. La entidad reporta 97 afectaciones de sistemas de transporte en Bogotá, Cali y Barranquilla; nueve quemas de vehículos; 149 daños a inmuebles; 22 CAI vandalizados; ocho sedes de la Fiscalía afectadas; un carro de la Fiscalía vandalizado; 136 disturbios; 269 bloqueo de vías; y alrededor de 400 policías lesionados.

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“Por otra parte, el ente acusador adelanta las acciones investigativas para recaudar el material probatorio y esclarecer la muerte de siete personas que, de acuerdo con lo establecido de manera preliminar, habrían sido víctimas en hechos directamente relacionados con el paro. Cinco de los casos, entre ellos el de un menor de edad, ocurrieron en Cali (Valle); el del capitán de la Policía Jesús Alberto Solano, en Soacha (Cundinamarca); y otro, en Ibagué (Tolima)”, agregó la Fiscalía.

Sin embargo, Temblores ONG, que ha documentado violencia policial durante los últimos años, maneja cifras que involucrarían a la Policía en delitos contra la población. Según lo registrado en la plataforma Grita, durante los últimos cinco días se habrían presentado 940 casos de violencia policial. Se han contabilizado las denuncias de 92 presuntas víctimas de violencia física; habría registro de 21 víctimas de violencia homicida; por lo menos 672 detenciones arbitrarias; 136 intervenciones violentas; 12 víctimas de agresión en los ojos; 30 disparos con arma de fuego oficial; y cuatro denuncias por posible violencia sexual.

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Uno de los casos a los que la Fiscalía aseguró seguirle la pista es el de Santiago Murillo, un joven de 19 años quien murió por el disparo de un arma de fuego el pasado 1° de mayo. La Clínica Nuestra Señora de Ibagué confirmó, ayer durante la tarde, el deceso de un manifestante cuya madre lloró durante toda la noche, como lo registró el medio local Ecos del Combeima. La Policía de Ibagué lamentó el hecho y aseguró que el CTI de la Fiscalía ya está investigando la muerte.

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Asimismo, la Fiscalía ya está investigando la muerte del capitán de la Sijín de Soacha (Cundinamarca), Jesús Alberto Solano. El pasado miércoles 28 de abril, en medio de las manifestaciones, recibió cuatro puñaladas en la espalda tras intentar evitar un robo a un local comercial, en San Mateo. El uniformado fue trasladado al Hospital Cardiovascular, en Soacha, donde estuvo por dos días en la unidad de cuidados intensivos.

Entretanto, el abogado Santiago Trespalacios se refirió a la liberación de 19 capturados durante el Paro Nacional, cuyos derechos habrían sido protegidos con la figura de habeas corpus, es decir, cuando un ciudadano debe ser liberado de inmediato para respetar sus garantías constitucionales. “19 ¿19? Sí ¡19! Ciudadanos que fueron privados de la libertad por ejercer su derecho a la protesta fueron dejados en ¡LIBERTAD! Sin imputación ni medida”, aseguró el defensor.

Por otro lado, el abogado Mauricio Urquijo logró la libertad de cuatro jóvenes detenidos ilegalmente en El Poblado, Medellín, el pasado 28 de abril. “La justicia les impuso medida de aseguramiento por el simple hecho de creer lo que dijeron los policías en sus informes, pues lo demás no fue otra cosa que consideraciones en torno a la gravedad de los desmanes de la protesta social y cosas por el estilo”, explicó Urquijo en una columna para Punto de Vista. En un video quedó registrado cómo policías los golpean. Aún no es claro si serán investigados por extralimitación de funciones.

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El pasado 30 de abril, la jueza 33 con función de Garantías, en un episodio similar, dejó libres a 14 personas que habían sido capturadas por la Fiscalía en la primera jornada del Paro Nacional. Mientras el ente investigador los señaló como perpetradores de actos vandálicos y hasta de “terrorismo urbano”, la funcionaria judicial consideró que no había suficientes elementos probatorios para soportar los allanamientos en su contra ni las detenciones. Incluso, la jueza aseguró que las ordenes de captura contra ellos fueron mal diligenciadas.

“Si es un delito de concierto para delinquir, lo mínimo sería delimitar ese delito que se tiene establecido dentro de la investigación; si es un acto de terrorismo, (delimitar) los días y hacer una concreción para que la persona pueda entender y le quede claro, como derecho que tiene, a que se le indique cuál es el hecho que se le atribuye (…), lo cual no puede advertirlo esta funcionaria en las órdenes de captura emitidas por el juez homólogo el pasado 27 de abril”, expresó la Juez durante la audiencia.

Por su parte, la Fiscalía interpuso dos recursos sobre la ilegalidad de los allanamientos, buscando seguir el proceso contra los indiciados. En comunicado de prensa, además, el ente investigador expresó que “el juez 61 (quien expidió las órdenes de captura) no consignó toda la información necesaria para soportar los procedimientos. Esta situación es ajena a la Fiscalía General de la Nación”.

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