La historia de "Ojos Azules", un empresario que habría financiado al paramilitarismo

La desmovilización del Bloque Norte inició en 2006, época en la que 4.760 hombres entregaron sus armas. / Herminso Ruiz

Una de las tareas que ha resultado titánica en Justicia y Paz ha sido la de entender cómo se organizaron y mantuvieron durante años grupos paramilitares en todo el país. La justicia ya ha logrado avances importantes en la tarea de reconstruir los organigramas de las agrupaciones y de los máximos responsables de asesinatos, desplazamientos, masacres y desapariciones. Sin embargo, la deuda de verdad sobre quiénes estuvieron detrás de estos grupos, como su motor financiero, todavía es enorme. Esta es una advertencia que hizo el Tribunal Superior de Barranquilla en un fallo en el que sentenció a miembros del frente José Pablo Díaz del Bloque Norte  de las autodefensas, proferido en diciembre pasado y conocido hoy.

En la sentencia de 1.758 páginas, el despacho del magistrado Gustavo Aurelio Roa Avendaño realizó un minucioso estudio sobre la estructura de este frente que operó principalmente en Atlántico, Magdalena, Cesar, Sucre y Córdoba,  aproximadamente entre 2000 y 2006. Además de revisar su prontuario delictivo y de condenar a varios miembros de la estructura, el jurista enfocó también esfuerzos en resaltar pistas claves en contra de un hombre que en la guerra se hizo llamar Ojos Azules, pero que en la vida civil era un reconocido empresario italiano con raíces en Barranquilla y respondía al nombre de Darío Laíno Scopetta.

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En uno de los apartados del fallo, el Tribunal resalta el papel que tuvo este hombre desde su vinculación al Bloque Norte y también de las empresas que fueron registradas en la Cámara de Comercio de Barranquilla a su nombre: Agro Inversiones Laíno & Cía; Blinco Limitada; y a la empresa agroindustrial Palmeras de la Costa S.A.. En contra de él y de sus empresas, el magistrado Roa compulsó copias para que la Fiscalía investigue hasta qué punto el frente José Pablo Díaz y el Bloque Norte se beneficiaron de sus negocios, tal y como lo han afirmado varios desmovilizados, o si el papel de estas sociedades y de Laíno Scopetta se realizó bajo el marco de lo legal.

Sobre esta preocupación, el Tribunal recopiló varias declaraciones de exmiembros del frente José Pablo Díaz, así como apartes de la investigación que en este caso realizó la Fiscalía. Los desmovilizados concuerdan en que, a pesar de que Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, y el ganadero Hughes Rodríguez, conocido como el Comandante Barbie fueron los más reconocidos protagonistas de la violencia y finanzas del Bloque Norte, el empresario italiano era un intermediario político y financiero y determinador militar, con sus centros de operaciones en Atlántico y Magdalena. Tambien el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso le ha dado a la justicia detalles de sus andanzas.

En enero de 2007, en una cárcel de Nueva York, el extraditado exparamilitar relató que él, junto a Jorge 40 y Laíno Scopetta estuvieron en esa ciudad entre enero y febrero de 1997 con el objetivo de comprar munición calibre 7,62 para las autodefensas. Mancuso le contó a la Fiscalía que ese arsenal fue enviado a Colombia a través de correo. Por su parte, Don Antonio sostuvo en su declaración del 18 de abril de 2007 que el empresario de ascendencia italiana era colaborador del Bloque Norte y le entregaba dinero a Jorge 40. En igual sentido declaró el desmovilizado Francisco Gaviria, quien le indicó a la justicia que Laíno Scopetta hizo parte de los primeros grupos paramilitares en el departamento del Cesar.

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Carlos Arturo Romero Cuartas, alias Montería, fue otro de los exparamilitares que habló sobre el italiano. Según su relato, Ojos Azules “era el verdadero poder en el grupo Atlántico y ningún homicidio de connotación se ejecutaba si previamente este no lo había autorizado”. En esta misma línea, Leonidas Ricardo Reyes Almarales alias Andrés, también declaró que fue Laíno Scopetta quien ordenó los asesinatos del jefe de seguridad de alias La Gata, Wilson Ramírez, y de los sindicalistas, profesores y estudiantes de la Universidad del Atlántico. La Fiscalía, por su parte, también lo ha identificado como uno de los responsables de homicidios selectivos en la capital del Atlántico.

El ente investigador, al situarlo en el tercer escalafón del organigrama del frente José Pablo Díaz, aclaró que además el italiano se encargó del pago de las nóminas de los primeros combatientes que mandó la casa Castaño a los departamentos de Magdalena y Cesar, en plena expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia. Sobre sus empresas, la Fiscalía ha basado sus pesquisas en lo que desmovilizados como Eduardo Julio Peña, alias el Chiqui, le ha contado a las autoridades. Y su relato ante el Tribunal Superior de Barranquilla arranca haciendo una curiosa introducción: “Aquí, como en las películas de misterio, he guardado he guardado esto para el final”.

Darío Laín Scopetta, agrega el ente investigador, fue uno de los pioneros del paramilitarismo. “Era entre obeso y corpulento y de finos modales (...) llevaba una vida paralela que les convenía proteger, la de influyente y próspero empresario, miembro de una respetada familia de origen italiano y dueño de varias empresas que mantiene relaciones con el sector oficial y claro, con el privado”. Agregó un fiscal ante el Tribunal que pasaba su tiempo en Corpo Sebu, gremio de ganaderos de la costa, o asesorando trámites la importación de cereales ante la Dian o en las instalaciones de sus empresas. Sobre una de ellas, Agro Inversiones Laíno la Fiscalía anotó un detalle importante.

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“En su agenda semanal, el empresario también incluía visitas sorpresa a municipios como Remolino, Sitio Nuevo, Soledad, Barranquilla en el Atlántico, San Ángel en el Magdalena, y Valledupar y Codazzi en el Cesar, a donde llegaba custodiado por una docena de guardaespaldas, que intimidaban a la población y alguno de los cuales se coordinaba a través de frecuencia privada de comunicaciones. La frecuencia aparece amparada por una licencia expedida por el Ministerio de Comunicaciones a Agro Inversiones Laíno, lo que le daba mayor seguridad a Ojos Azules a la hora de desplazarse en la región”, declaró la Fiscalía en el expediente en contra de alias el Chiqui.

Otro de los datos claves sobre esta investigación que tiene el ente investigador es que, durante el auge del paramilitarismo en el Atlántico, y cuando Laíno todavía maneja su doble identidad, el entonces gobernador del Cesar, Hernando Molina Arújo, condenado por parapolítica, le pidió al italiano que le reparara su camioneta, pues conocía que una de sus empresas, Blinco Limitada, era experta en temas de blindaje de carros. Además de este contrato, la Fiscalía asegura que también tiene negocios c0n este mismo objetivo directamente con la gobernación de este departamento.

“Para los investigadores de la Fiscalía y de la Policía, esta empresa (Blinco Limitada) no es más que otro eslabón en la cadena de empresas paramilitares a través de las cuales sus jefes mimetizan sus fortunas, blanquean dineros y obtienen fondos públicos y privados”, resaltó el ente investigador en octubre de 2012, durante una audiencia pública en el Tribunal de Barranquilla. Sobre la situación jurídica del empresario, no es clara en el fallo cuál es. Si bien varios desmovilizados aseguraron que fue capturado y posteriormente dejado en libertad, luego de la desmovilización del Bloque Norte, varios aseguran que sigue libre y tiene negocios vigentes en Bogotá, Medellín, Costa Rica y Panamá.

Además, en los registros de la Rama Judicial, su nombre no aparece en los expedientes ni en Barranquilla, ni en Sincelejo ni en Valledupar. “Resulta preocupante que luego de más de una década de ocurrida la desmovilización de la estructuras paramilitares del país, y conocida la verdad sobre su operación militar, política y financiera, y la composición jerárquica de la organización (...) se ha conocido que pueden continuar en la impunidad presuntos criminales, probablemente investidos en la legalidad y operando en la sombra de la clandestinidad, bajo la fachada de empresarios exitosos”, advirtió el magistrado Roa Avendaño, quien además se refirió a otros supuestos auspiciadores.

La delincuencia no hubiese logrado sus metas, agrega el magistrado, “o cuando menos no con los sanguinarios y devastadores resultados que da cuenta lo allegado al juicio, de no haber contado con el silencio cobarde o pagado, la ayuda obligada, comprada o producto de la simpatía, de integrantes del conglomerado social, como algunos policías, militares, servidores públicos, jueces, comerciantes, ganaderos, en fin, algunos ciudadanos”. Además de aceptar las atrocidades cometidas por grupos paramilitares como, el Bloque Norte, , concluye Roa Avendaño, el país debe enfrentar también que muchos de esos crímenes se cometieron con el auspicio de “diversos estamentos de nuestra sociedad”.

La estela de violencia del Bloque Norte y el frente José Pablo Díaz

El 18 de junio de 2004, Alfredo Correa de Andreis, sociólogo y catedrático, fue detenido por la Fiscalía, señalado de ser un ideólogo de las Farc. Para justificar su arresto, el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) usó dos testimonios de exguerrilleros y consideró su trabajo en comunidades como un indicio de actividades subversivas. Tres meses más tarde, una alianza perversa entre el DAS y grupos paramilitares condujo a su asesinato. En enero de este año, el Consejo de Estado declaró culpable a la Nación por la detención ilegal y varios exparamilitares han sido condenados.

La Procuraduría, por otra parte, ha recopilado otras cifras relacionadas con el Bloque Norte. Según el Ministerio Público, solo en 2004 en el Atlántico ocurrieron 730 asesinatos, mientras que en 2005 y 2006, los homicidios disminuyeron a 637 y 609 casos respectivamente. Otro dato recopilado por el ente de control fue que en Barranquilla fue la ciudad más afectada con la presencia paramilitar con 1664 asesinatos entre 2003 y 2006, seguida por Soledad con 572 y Malambo con 116. Todos estos actos estarían vinculados al Bloque Norte.

Los condenados

En cuanto a la solicitud del magistrado del Tribunal para que se investiguen las empresas del italiano Scopetta, la petición también abarca al propio Ojos Azules, pero también a Juan Carlos Lobo, José María Ovalle, Andrés Meza, Jorge y Augusto Castro, y Huber Rodríguez.