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La historia tras la muerte de un líder de la UP

Gabriel Jaime Santamaría fue una víctima más del plan orquestado por jefes paramilitares para acabar con el partido político de izquierda que tantos adeptos tenía a finales de los años ochenta.

Marcela Osorio Granados, Steven Navarrete Cardona
26 de octubre de 2014 - 04:03 p. m.
Gabriel Jaime Santamaría. /El Colombiano
Gabriel Jaime Santamaría. /El Colombiano

"Una ambulancia, una ambulancia". La voz al otro lado del teléfono gritaba con desespero, con urgencia, pero Consuelo Arbeláez Gómez pensó que se trataba de una llamada equivocada, por eso colgó. No alcanzó a pasar un minuto cuando volvió a sonar el teléfono. Levantó de nuevo la bocina y escuchó la misma voz "mi señora acaban de matar a don Gabriel Jaime". Eran las 3:50 p.m. del 27 de octubre de 1989 y Consuelo Arbeláez comenzaba a vivir su peor pesadilla. El diputado de la Asamblea de Antioquia y dirigente del partido Unión Patriótica, Gabriel Jaime Santamaría, había sido asesinado en su despacho, acompañado de su escolta y en uno de los edificios con más seguridad de la ciudad: el Centro Administrativo La Alpujarra

Corrió hacia la calle en donde la esperaba el conductor que, por cuestiones de seguridad, la acompañaba siempre. Emprendió el largo camino hacia la sede de la Asamblea mientras por su cabeza pasaban decenas de imágenes, explicaciones, escenarios. En la mitad del camino, y sin saber muy bien por qué, un policía apareció para escoltarla y ayudarle a despejar la vía. Consuelo Arbeláez se preguntaría después por qué el uniformado sabía lo que estaba pasando.

Al llegar a la Asamblea encontró el lugar acordonado por la Policía, agentes del DAS y militares. Como pudo se abrió paso hasta llegar al segundo piso en donde se encontraba la oficina de su esposo. La puerta de vidrio le permitió ver la escena del crimen: Gabriel Jaime Santamaría estaba sentado en su escritorio, sosteniendo en su mano el teléfono. A sus pies estaba el cuerpo del sicario. Consuelo intentó entrar a la oficina pero dos hombres armados y vestidos de civil se lo impidieron. Quería llevar a su esposo al hospital pues albergaba la esperanza de que pudieran salvarlo. 'Eso no será posible, él ya está muerto', le aseguró uno de los hombres.

Mientras esperaba en la morgue a que le entregaran el cuerpo de Gabriel Jaime, Consuelo Arbeláez comenzó a pensar en las extrañas circunstancias que habían rodeado el crimen. En el Centro Administrativo de La Alpujarra, además de la Asamblea Departamental, también se encontraba el edificio de la Gobernación de Antioquia, el Palacio Nacional y varios juzgados de Medellín. El complejo contaba con una estricta vigilancia de policías, militares y agentes secretos, sin contar con los escoltas de los funcionarios que allí trabajaban. A eso se sumaba el circuito cerrado de televisión, un novedoso detector de metales y la presencia de una empresa privada de vigilancia que se encargaba de requisar a quienes entraban y salían del lugar. Por eso para Consuelo Arbeláez no tenía sentido que el sicario hubiera ingresado con una subametralladora sin que lo detectaran. "Entender cómo el hombre pudo ingresar el arma a un lugar tan custodiado fue algo que me intrigó por mucho tiempo. Luego de investigar nos enteramos que el muchacho entró con la escolta que le prestaba seguridad a Gabriel Jaime, es decir que existió una complicidad entre los agentes del DAS, que supuestamente lo cuidaban y sus asesinos", anota Consuelo.

Las dudas y las inconsistencias del caso la siguieron atormentando y su familia decidió ayudarla en un largo proceso para tratar de comprender lo que había sucedido. Durante los tres días que duró el velorio en la sede de la Asamblea, sus hermanos se encargaron de iniciar una investigación propia. Visitaron la morgue a la que había sido llevado el cuerpo del sicario, identificado como Marco Antonio Meneses Naranjo, y descubrieron que una persona había ido a reclamarlo. Se trataba de la madre del joven de 20 años quien, curiosamente, era vecina de Consuelo Arbeláez.

La viuda le entregó la información recopilada por sus familiares a miembros de la Fuerza Pública para que se realizarán las investigaciones pertinentes pero durante varios días no obtuvo respuesta. Finalmente optó por comunicarse con un coronel que se había comprometido a realizar las pesquisas y quien le confirmó la sospecha: el sicario era el hijo de la mujer que vivía al lado de su casa. "Era un muchacho muy simpático, de cara linda y cabello largo. Tenía fama de vago y fumaba marihuana, pero no más. Nadie pensaba que fuera peligroso", recuerda Consuelo al señalar que a pesar de la relevancia de la información, nada ocurrió.

La muerte del sicario también despertó dudas en familiares, amigos y colegas de Gabriel Jaime Santamaría. La versión oficial señaló que al escuchar los disparos los escoltas corrieron hacia la oficina del diputado y balearon a Meneses Naranjo. Al registrar las pertenencias del joven, las autoridades encontraron un maletín con planos del edificio de la Asamblea, la subametralladora con la que perpetró el crimen y un silenciador que estaba dañado. Para Consuelo la explicación era simple: "Los dos escoltas implicados entraron y lo remataron y le dispararon al sicario de Gabriel Jaime para que no hablara".

Con el paso de los años se supo que el crimen de Gabriel Jaime Santamaría y de muchos otros militantes de la Unión Patriótica que fueron asesinados en esos años, hizo parte de un plan de exterminio orquestado por el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño Gil, con complicidad de la Fuerza Pública. Así lo aseguraría muchos años después, en 2012, el extraditado jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alías 'Don Berna', durante una audiencia de versión libre en la que relató cómo se fraguó el crimen del diputado de la UP. Según Murillo, la organización de Castaño contactó a Marco Antonio Meneses Naranjo, a quien agentes del DAS que hacían parte del esquema de seguridad de Santamaría le entregaron un arma para que asesinara al político. Agregó que el joven entró al lugar bajo la supervisión de los agentes del organismo de inteligencia y que luego de disparar contra el dirigente político, fue ultimado por los mismos escoltas que lo habían ayudado. “Él va y le dispara y los mismos escoltas le dan de baja para que no quede ninguna huella, vestigio o eslabón”, confesó entonces ‘Don Berna’ asegurando además que el mismo Castaño se había encargado de pagar los gastos del entierro del sicario y le había enviado una importante suma de dinero a la madre del joven.

La declaración de 'Don Berna' simplemente confirmó lo que la familia de Gabriel Jaime Santamaría había sospechado desde el día del asesinato. Sin embargo, para Consuelo la investigación sigue estando a medias pues aún no se sabe con certeza quiénes fueron los otros autores intelectuales del crimen. "Sabemos que fueron ordenes de Castaño, pero de ahí para arriba nadie dice quiénes fueron los autores desde el Estado. Porque eso fue alianza entre los paramilitares y el Estado", señala.

Hoy, 25 años después de la tragedia Consuelo Arbeláez reconoce con algo de nostalgia que tanto ella como su esposo no vieron las señales claras de lo que estaba pasando. Los últimos cinco años de su vida, tuvieron que vivir separados, protegidos por esquemas de seguridad y en un constante cambio de domicilios y de rutas de movilización. Varias veces Gabriel Jaime Santamaría tuvo que salir del país por cuestiones de seguridad pues los ataques contra integrantes de la Unión Patriótica eran más frecuentes y él era uno de los líderes más visibles del partido en Antioquia. De hecho, al momento de su muerte estaba haciendo campaña para llegar al Congreso como fórmula de Bernardo Jaramillo Ossa, asesinado cinco meses después.

Se mantenían siempre en contacto por vía telefónica pero a veces pasaban semanas sin que pudieran verse. Él se alojaba en hoteles o se hospedaba en las casas de sus amigos mientras ella y sus dos hijas (de 12 y 10 años) cambiaban de residencia cada vez que se conocía de una nueva amenaza.

Y es que el compromiso de ambos con la lucha de la UP parecía inquebrantable. Se conocieron cuando ambos eran estudiantes universitarios y comenzaron a participar en reuniones donde se debatían cuestiones políticas. Se casaron a los tres meses y se embarcaron en la tarea de pelar por unos ideales de igualdad y justicia que veían representados en la Unión Patriótica. Ni siquiera los tres atentados de los que fue víctima Gabriel Jaime los hicieron desistir. En el último de estos, ocurrido el 17 de diciembre de 1987, le causó lesiones gravísimas que solo pudo superar con interminables horas de terapia. "Él se estaba subiendo al carro con el conductor cuando dos sicarios lo atacaron. Uno de ellos le tiró una granada y el otro le disparó con una subametralladora. Gabriel Jaime se tiró por una ventanilla pero al conductor le estalló la granada adentro. La onda explosiva cogió hacia abajo, por eso no los mató pero les entraron esquirlas en todo el cuerpo. El conductor quedó muy mal, quemado, casi le amputan las piernas y Gabriel Jaime quedó con medio cuerpo paralizado".

A pesar de los atentados y las continuas amenazas nunca les fue reforzado el esquema de seguridad y por eso tomaron la decisión de no vivir juntos, para proteger a las niñas de un posible ataque. Esa fue la razón por la cual Consuelo no pudo ver a Gabriel Jaime el día que lo mataron. Habían estado juntos dos noches antes en un acto social y político convocado por los Conservadores de la Asamblea Departamental. Se quedaron hasta la 1 de la mañana, en un bar de Medellín y luego salieron hacia la casa de un compañero en Itagüí. Ella salió a las seis de la mañana y dejó a su esposo en la ducha tomando un baño. Fue la última vez que lo vio, al día siguiente fue asesinado.

 

 

* ¿Crimen de lesa humanidad?

 

El pasado 20 de octubre la Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía declaró como delitos de lesa humanidad los crímenes contra los miembros de la Unión Patriótica (UP), priorizando 34 casos entre los que se encontraban los homicidios del excandidato presidencial Bernardo Jaramillo (1990), del profesor y congresista Pedro Luis Valencia (1987), del abogado José Antequera (1989) y del dirigente político Jaime Pardo (1987). El caso de Gabriel Jaime Santamaría no figuró en la lista. "Gabriel Jaime prácticamente fue el fundador de la Unión Patriótica en Antioquia. Era el presidente de la coordinadora de Antioquia de la UP y era el vicepresidente en la Asamblea Departamental por el partido. Entonces no entiendo por qué no pidieron el expediente de él, hay que ver qué pasa con eso porque no se puede hablar de lesa humanidad de unos y de otros no", puntualiza Consuelo Arbeláez.

Por Marcela Osorio Granados, Steven Navarrete Cardona

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