Los llamaban los generales troperos. Hoy, casi dos décadas después, y sin que nadie entonces pudiera anticiparlo, libran su batalla en la Fiscalía con una consigna común: probar su inocencia.
Se trata de los generales en retiro Iván Ramírez Quintero, Rafael Samudio Molina, Jesús Armando Arias Cabrales, Farouk Yanine Díaz y Rafael Hernández López. Todos legendarios en las filas castrenses. Los tres primeros están procesados por los excesos del Ejército en la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985. Yanine Díaz, por dos masacres por las cuales ya fue condenado el Estado colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la de los 19 comerciantes y la de la Rochela. Y el ex oficial Hernández López porque presuntamente desvió la investigación por el homicidio de Hernando Pizarro Leongómez, ocurrido en 1995.
Nunca antes oficiales de tantos quilates habían afrontado un escenario judicial tan complejo. El general (r) Rafael Samudio Molina, por ejemplo, encarna en las filas castrenses la lucha contra el narcoterrorismo de Pablo Escobar Gaviria. Luego de una brillante carrera militar y múltiples condecoraciones, el general de tres soles, en tiempos del presidente Virgilio Barco, fue designado como ministro de Defensa y, en particular, le tocaron dos episodios negros de la violencia desatada por el capo de capos: los asesinatos del ex director de El Espectador, Guillermo Cano, y el procurador Carlos Mauro Hoyos.
En 1988 salió del Ministerio. Su nombre ocupa un lugar de privilegio en la Escuela de las Américas, en donde ha sido calificado como uno de los militares que deberían ser emulados y hasta hace tres meses fue el director de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore). Su prestigio sigue intacto. Pero el fantasma del Palacio de Justicia lo tiene en serios líos. En 1985 era el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y respondía en las comunicaciones radiales militares del 6 y 7 de noviembre de ese año como Paladín 6.
Su concurso fue vital en la retoma del Palacio, ya que formaba parte de la cadena de mando que dio las órdenes de ingresar a sangre y fuego para rescatar a los rehenes, secuestrados por un comando del M-19 encabezado por Iván Marino Ospina. Hoy la Fiscalía lo investiga por la desaparición de 11 personas en la retoma. Junto a él, el ex comandante del Ejército, general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, deberá rendir indagatoria a finales de julio próximo. Arias es otro de los históricos en las Fuerzas Militares. Se ganó a pulso su espíritu combativo, cuando enfrentó como comandante en el Urabá la ola de sangre que dejó el enfrentamiento entre las guerrillas del Epl y las Farc con las autodefensas.
Su carrera se vio truncada en 1990, cuando fue retirado del servicio activo y posteriormente destituido por la Procuraduría, que consideró que tuvo responsabilidad como comandante de la Brigada XIII de los excesos en la retoma del Palacio. Quince años después el Consejo de Estado anuló su destitución. En 2005 Arias le dijo a El Espectador que su proceso fue una persecución política. La Fiscalía de Mario Iguarán opina lo contrario y también lo llamó para que diera explicaciones sobre los trágicos hechos ocurridos hace casi 23 años.
Desde el 27 de mayo pasado el condecorado mayor general (r) Iván Ramírez Quintero está detenido por los mismos hechos. Considerado como uno de los símbolos de la inteligencia militar, comandó los órganos castrenses más importantes en este campo. En 1980 ya había recibido cuatro medallas de servicios distinguidos en orden público, y hasta su retiro, a principios de 2000, su prestigio aún era comentado en las filas castrenses. Hoy está sindicado de torturas y desapariciones de civiles que salieron con vida del Palacio cuando era el director del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia Militar.
Otra es la historia del general (r) Farouk Yanine Díaz. Su ascendente carrera militar se llenó de sombras luego de que Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir, un paramilitar del Magdalena Medio detenido por la justicia, mencionara su nombre a comienzos de los 90 como uno de los responsables de las masacres de los 19 comerciantes y la Rochela, que ejecutaron los paramilitares. Yanine fungía entonces como comandante de la Segunda División del Ejército. Sin embargo, el ex oficial ya había sido procesado y absuelto por estos hechos en 1997 por la Justicia Penal Militar.
No obstante, la Corte Suprema de Justicia, en reciente sentencia de revisión del expediente por la desaparición de los 19 comerciantes —hecho por el cual fue condenado el Estado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos— le pidió a la Fiscalía que el general Yanine Díaz fuera vinculado nuevamente al proceso. Y paralelamente, un fiscal de Derechos Humanos también ordenó vincularlo a la masacre de la comisión judicial que investigaba estos hechos y que fue asesinada en enero de 1989. Precisamente por el caso de los 19 comerciantes Yanine deberá rendir indagatoria a mediados de julio.
El último de los generales encartados es Rafael Hernández López. La Fiscalía lo investiga por los delitos de fraude procesal y porque al parecer desvió la investigación del homicidio de Hernando Pizarro Leongómez, ocurrido en 1995, cuando era el comandante de la Brigada XIII del Ejército. La Fiscalía trata de establecer su presunta responsabilidad en el caso en el que finalmente resultó condenado, al parecer injustamente, el agente del CTI de la Fiscalía Gustavo Sastoque. Lo curioso es que en momentos en que las Fuerzas Militares viven un momento estelar tras la caída de tres de los miembros históricos del secretariado de las Farc, los también históricos generales de los años 80 enfrentan el rigor de la justicia por diversos hechos y tratan de probar su inocencia.
Los detenidos por el tema Palacio
Hasta la fecha, dos oficiales del Ejército han sido privados de la libertad en el marco del proceso que adelanta la Fiscalía por lo sucedido ese 6 y 7 de noviembre de 1985. El primero fue el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería para la época de los hechos. Plazas Vega se entregó en las instalaciones del Ministerio de la Defensa el 16 de julio de 2007 y fue llamado a juicio el pasado 12 de febrero.
Por su parte, el general (r) Iván Ramírez Quintero, quien dirigía el Comando de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (Coici) para la época de los hechos, rindió indagatoria en abril de 2008 y fue arrestado por agentes del CTI el 27 de mayo.
Se espera que en julio comience la primera audiencia del juicio del coronel retirado Plazas Vega, quien es el primer mando castrense que alcanza esta instancia en el proceso del Palacio de Justicia.
Dos generales más en procesos
Durante este año tuvo lugar un par de episodios trascendentes en la historia de procesos judiciales contra militares. El primero fue la orden de un fiscal de Derechos Humanos de indagar por la presunta responsabilidad del ex Jefe del Estado Mayor Conjunto, el general (r) Rafael Hernández López, en el desvío de la investigación del homicidio de Hernando Pizarro Leongómez.
El segundo fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia de reabrir el proceso de la desaparición de 19 comerciantes en Barrancabermeja (Santander) en 1987, y el del asesinato de 12 funcionarios judiciales que fueron a indagar sobre este hecho en 1989; así como la posible injerencia del general (r) Farouk Yanine en ambos crímenes. La medida, que anuló los fallos que la Justicia Penal Militar había proferido al respecto, se tomó con base en una sentencia de la Corte Interamericana.