En el Ministerio de Justicia hay denuncias de salidas masivas de funcionarios. Esto se da en un momento en que, como ya lo alertó El Espectador, hay episodios de despidos en la Cancillería, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), así como movidas en los ministerios de Trabajo y en el de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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Movimientos que se conocen a pocos días de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, que le pone freno a la contratación en entidades públicas. Según información recogida por este diario, hay alertas por la salida de casi 300 personas de áreas clave dentro de la cartera de Justicia, como en la dirección de política de drogas y de asuntos criminales.
Las movidas se vienen reportando desde mediados de diciembre, cuando no se renovaron la mayoría de los contratos por prestación de servicios que tenían vigencia hasta ese mes. Sin mayores detalles, los contratistas fueron notificados de su no retorno a la cartera bajo la excusa de una renovación en los equipos de trabajo.
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Sin embargo, la salida de los funcionarios antes de acabar el 2025 fue solo una antesala de lo que ocurrió en enero. Frente a este panorama, voceros del Ministerio de Justicia le dijeron a El Espectador que, por un lado, a las personas de planta se les han dado total garantías. Y en cuanto al tema de los contratistas, señalaron que cada dirección tiene la potestad de definir su equipo de trabajo.
“En relación con los contratos del Ministerio, es importante precisar que no se ha ordenado ni ejecutado ningún proceso de despidos masivos. Como ocurre al inicio de cada vigencia fiscal, varios contratos finalizaron el 31 de diciembre de 2025, y su eventual renovación depende de las necesidades del servicio, la planeación institucional y la disponibilidad presupuestal de cada dependencia, conforme al marco legal vigente”, señaló el Ministerio.
Y agregó: “En algunas áreas que manejan temas sensibles se adelantaron ajustes internos y reorganizaciones administrativas, derivados de denuncias de presunta corrupción que fueron encontradas y puestas en conocimiento de las autoridades por la actual administración, tal como se ha hecho público. Igualmente se han hecho cambios en el proceso de rediseño del modelo de atención al usuario, sobre el cual el Ministerio entregará información oficial en los próximos días”.
Durante la reportería de este artículo, el Ministerio anunció que firmó un acuerdo con sindicatos que incluye el aumento del 20% en bienestar laboral.
“El acuerdo es un reconocimiento real a la labor de las organizaciones sindicales y a los trabajadores. Espero que todo lo protocolizado hoy mejore sus condiciones laborales. Yo sí creo que, en la medida en que haya mayores beneficios para la gente, se puede tener la oportunidad de vivir más feliz”, dijo el ministro (e) Idárraga. Sin embargo, sobre la salida masiva de funcionarios, fuentes al interior de la cartera, así como exfuncionarios, señalaron a El Espectador que la alerta recae sobre el manejo con tintes políticos en plena época electoral, más la falta de humanidad en los despidos.
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“El principal problema es que ha sido un manejo terrible, también muy politiquero a modo de preparación de elecciones. Uno puede entender que eso sucede en época electoral, pero lo normal es que le avisen a la gente 15 días antes, al menos para que busquen trabajo, eso es parte de lo humano. Lo doloroso es que hay gente que está esperando un milagro”, explicó a este diario uno de los funcionarios que se autodenomina como “sobreviviente” y que prefiere reservar su identidad por miedo a que su puesto también quede vacante. Según detalló, ese “milagro” que esperan algunos contratistas tiene que ver con una especie de “lista de priorizados” y una “lista de espera” que se manejan en el Ministerio de Justicia.
Otra funcionaria que compartió su testimonio explicó, casi a modo de desesperación, lo que se ha vivido al interior de esa cartera en este mes. “Están sacando mucha gente. No es lógico. Solo piden cupos. En un área le dijeron a la persona a cargo que eligiera a diez personas y el resto, alrededor de 50, los tenía que dejar libres. En el área jurídica también sacaron a todo el mundo y en otra de las direcciones le dijeron a la encargada que podía escoger solo a dos. Es una posición muy difícil para el caso de los directores”, agregó. En efecto, según las alertas recogidas, a mediados de enero hubo una reunión entre el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, la Secretaría General y los directores de áreas.
Según explicaron a este diario, las direcciones al interior del Minjusticia tienen unas matrices, una especie de listado, con los nombres de los contratistas para cada equipo, pero al presentar el informe, las reuniones en su mayoría terminaban con la directriz de escoger solo a algunos y el resto de cupos se debían liberar. Las cuentas que hacen las fuentes que fueron consultados por este diario señalan la salida de casi 300 personas en áreas claves como justicia formal, donde habrían salido 50 personas; en política de drogas, con más de 100 salidas; en el área jurídica hacen un conteo de 15 personas por fuera; en política criminal, otras 20 y en justicia transicional se habrían ido 30 de los 50 trabajadores.
Esos cupos que quedan libres, según las denuncias, están siendo ocupados con hojas de vida sin mayor experiencia en temas técnicos, mientras que los funcionarios que han salido de la cartera estaban en sus puestos incluso desde el gobierno de Juan Manuel Santos, por lo que contaban con la trayectoria y conocían de primera mano las operaciones dentro del Minjusticia. Aquí entra en juego la especie de “lista de espera” en la que los nombres de los contratistas están a la espera de que alguna de esas nuevas hojas de vida no cumplan los requisitos y puedan salvarse. “Hay mucha incertidumbre e inestabilidad. La gente come y vive de esto. El Ministerio no funciona sin los que lo conocen”, dijo otro funcionario.
En esa misma línea se enmarca otro de los testimonios recogidos por este diario. “Están saliendo los más duros de las áreas. Por ejemplo, en la dirección de drogas sacaron a las personas que manejaban los ejes de esa política. Entonces ahora no sabemos quién va a ejecutarla. En el tema de cárceles sacaron a buena parte de las personas que tenían conocimiento técnico. En justicia transicional sacaron a casi todas las personas que estaban en los comités interinstitucionales complejos. El área que trabaja con temas étnicos y de igualdad, sacaron, prácticamente, a todo el grupo. No tienen en cuenta que la experiencia no se improvisa”, señaló la fuente.
Mientras las carteras y las entidades se agitan en medio del cierre de la contratación por la Ley de Garantías, el Ministerio de Justicia, según quienes mejor lo conocen, se estaría quedando sin fichas clave para sacar adelante procesos prioritarios al interior de la cartera, así como temas álgidos que van desde la política de drogas a la política criminal.
A eso se le suman los funcionarios que por años estuvieron en la entidad y que ahora, a pocas horas del frenazo en la contratación pública, se quedarán sin empleo. Mientras tanto, en el Ministerio continúa la incertidumbre por lo que viene tras la salida de gran parte de los equipos de trabajo y del hecho de que esta cartera cumple tres meses con un ministro encargado, en pelea con colegas del gabinete, y sin pistas de cuándo llegará un jefe formal de la cartera.
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