El Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) firmaron este martes 22 de abril en la Casa de Nariño un memorando de entendimiento, con el cual se garantizan los recursos por parte del Ejecutivo para respaldar el cumplimiento de las sentencias que emita el Tribunal para la Paz. Con un total de $50.000 millones se busca financiar los primeros proyectos restaurativos que se impondrán a los comparecientes de las Farc y la fuerza pública como parte de sus sanciones propias.
El dinero, según explicó la Jurisdicción, pone en marcha la subcuenta denominada “Acciones y Prácticas Comunitarias y Restaurativas – ARN” del Fondo Colombia en Paz. Los recursos serán administrados por esa entidad, y el dinero estará destinado para “diseñar, coordinar, implementar y hacer seguimiento a las acciones restaurativas y comunitarias derivadas de las sanciones propias, o incluidas como medidas de contribución a la restauración, que deben cumplir los comparecientes”, según explicó la JEP.
Con este presupuesto inicial, la JEP indicó que se financiarán los proyectos restaurativos vinculados a dos de los macrocasos más adelantados en investigación judicial: el 01 (secuestros) y el 03 (asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate). “Esta articulación despeja el camino para avanzar con decisiones judiciales que no se quedan en el papel, sino que están encaminadas a restaurar los daños causados a las víctimas, comunidades y territorios”, apuntó el órgano de justicia transicional.
Durante la firma del memorando, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, calificó el evento como “un día histórico para la Jurisdicción Especial para la Paz”. “Este es un gran esfuerzo dentro de esta crisis fiscal que vive Colombia y de apoyo del Gobierno Nacional a la Jurisdicción, a la justicia transicional, para que efectivamente, esas sentencias que están próximas a ser expedidas, tengan un respaldo económico (...) No queremos sentencias que estén en el papel, sentencias para enmarcar, queremos fallos que transformen los territorios, la realidad de las víctimas y de los comparecientes”, apuntó el togado.
El magistrado Ramelli también destacó la firma del memorando como un mensaje a la comunidad internacional, señalando que el Estado colombiano está cumpliendo lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016. “Ha habido dificultades en algunos temas, pero, definitivamente, este mensaje de este apoyo tanto político como económico a la Jurisdicción es trascendental. Igualmente es un mensaje para quienes se empecinan en seguir la guerra en Colombia. Esa no es la vida, la vida es buscar la paz”, añadió el togado. Para él, este era un primer paso para las primeras sentencias, que están enmarcadas en proyectos restaurativos que, dice, serán para beneficiar a los territorios y comunidades.
A su turno, el presidente Gustavo Petro habló sobe varios temas y destacó la necesidad de invertir en la verdad, a través de la firma del memorando, para garantizar las próximas sentencias de la JEP. Para el primer mandatario, es necesario tocar temas claves en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como el hecho de que “ha sido el Estado, no el jefe del Estado que es el presidente de la República, el que ha incumplido el Acuerdo de Paz”. El presidente Petro recalcó que es necesario cumplir con los acuerdos de La Habana para alcanzar la paz y la verdad y habló de la necesidad garantizar la vida de los excombatientes.
El jefe de Estado también volvió a abordar un tema que ha mencionado en repetidas ocasiones, y es el de la verdad fragmentada. Para el mandatario, el hecho de que los paramilitares no puedan ser acogidos ni dar testimonios en la JEP, es un incumplimiento a lo pactado en el Acuerdo de Paz. Frente a este asunto, el magistrado Ramelli aseguró que la verdad en Colombia se ha visto “por capas, pues una es la verdad en la justicia ordinaria, otra en Justicia y Paz y otra en la Jurisdicción (...) Los procesos si se fragmentan y lo que nosotros estamos haciendo es uniéndolos”. Y concluyó: “La verdad total nunca se va a alcanzar en Colombia”.
Respecto a cómo se gestionarán los proyectos restaurativos, la JEP aclaró que incluyen proyectos de memoria y reparación simbólica, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, educación, medio ambiente, acción contra minas antipersonal, e iniciativas con enfoque étnico y diferencial. “Todos estos procesos serán monitoreados por mesas técnicas de seguimiento, conformadas por la JEP y la ARN. La cooperación entre ambas instituciones se materializará justamente a través de estos espacios que permitirán articular las decisiones judiciales derivadas de las sanciones propias que se impongan, con el acompañamiento a los comparecientes vinculados a los procesos”.
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