La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) envió al Congreso y al Gobierno del presidente Gustavo Petro una solicitud presupuestal urgente para garantizar los recursos necesarios que permitan implementar las primeras sentencias restaurativas de los macrocasos 01 (secuestros de las Farc-EP) y 03 (asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate).
La JEP indicó que el monto requerido para la ejecución de las dos primeras sanciones propias impuestas en estas sentencias asciende a $121.858 millones. “Resulta entonces indispensable asegurar la apropiación presupuestal suficiente para estos proyectos, a los que se sumarán otros derivados de sentencias posteriores y de autos que establezcan medidas de contribución a la reparación”, señaló la entidad.
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Los proyectos de la primera sentencia incluyen Medio Ambiente, Naturaleza y Territorio, con una asignación de $13.634 millones; Huellas por la Memoria (Macrocaso 01), con $10.587 millones; Acción Integral contra Minas (AICMA), con $5.829 millones; y la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, con $5.712 millones. En conjunto, representan un total de $35.762 millones.
Por su parte, los proyectos de la segunda sentencia, correspondiente al caso Costa Caribe, batallón La Popa, ascienden a $86.096 millones. En su comunicado, la JEP expresó su preocupación porque, hasta el momento, el Ministerio de Justicia no ha iniciado el trámite para expedir el decreto de condiciones transversales, seguridad, prevención y protección; habitabilidad, aseguramiento y dignidad, consideradas indispensables para garantizar el cumplimiento de las sanciones propias, así como de las medidas de contribución a la reparación.
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Asimismo, la JEP manifestó su inquietud por el incumplimiento general de la Circular Externa No. 012 del 28 de febrero de 2025, en la que se estableció que todos los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), al momento de preparar el anteproyecto de presupuesto para 2026, debían incluir los recursos necesarios para garantizar los proyectos derivados de las sentencias.
“El monto es insuficiente”: JEP sobre giro del Ministerio de Hacienda
El pasado 26 de agosto, el magistrado Ramelli anunció que el Gobierno giró los primeros $20.000 millones para la implementación de las sentencias. Esos primeros recursos se destinaron a la subcuenta “Acciones y Prácticas Comunitarias y Restaurativas - ARN” del Fondo Colombia en Paz del DAPRE, la cual es liderada por la ARN, desde donde se están adelantando pasos para hacer efectiva la disponibilidad de los recursos y su ejecución.
Sin embargo, para ese primer momento, el togado también lanzó una alerta sobre la cantidad de recursos que hacían falta para poner en marcha los proyectos restaurativos. En este reciente comunicado, la JEP nuevamente advirtió que, si bien reconocen y valoran el avance, el monto es “insuficiente”.
La Contraloría General también hizo un llamado de atención por los problemas fiscales a los que podría enfrentarse la implementación de las sanciones restaurativas. El ente de control señaló que, en realidad, son $500.000 millones los que el Estado necesita para el cumplimiento de las sentencias y la reparación de las víctimas.
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