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“La justicia no tiene precio”: la condena de la Corte Suprema contra exmagistrado Tarquino

La Corte Suprema de Justicia resolvió un recurso de casación presentado por la defensa del exmagistrado y abogado, Camilo Tarquino, con la que buscaban absolverlo de una condena en el caso de corrupción conocido como el cartel de la toga. El alto tribunal estudió los argumentos y consideró dejar en firme la pena y emitir orden de captura. Estos son los detalles de la decisión.

Exmagistrado Camilo Tarquino, condenado por el caso del cartel de la toga.
Foto: Archivo Particular
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La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra el exmagistrado y abogado, Camilo Tarquino, involucrado en el escándalo de corrupción que contaminó una de las altas esferas del poder, conocido como el cartel de la toga. El alto tribunal resolvió un recurso de casación que presentó la defensa contra la condena por el delito de concusión. El fallo revisó hechos puntuales como las exigencias económicas millonarias que le realizó Tarquino al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, a cambio de supuestas gestiones judiciales favorables en casos relacionados con corrupción y desaparición forzada.

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El caso se remonta al periodo en el que Lyons Muskus estuvo en el poder, entre 2012 y 2015. Para el año 2014, el entonces gobernador enfrentaba investigaciones penales por presunta apropiación de recursos públicos provenientes de regalías, así como la desaparición y muerte de Jairo Alberto Zapa Pérez. Una de las principales preocupaciones de Lyons Muskus era el avance de las investigaciones en la justicia y el revuelo que esto causó en la prensa nacional. En ese contexto, el exgobernador se contactó con Camilo Humberto Tarquino, quien había sido magistrado de la Corte Suprema hasta el año 2012 y se dedicaba al litigio.

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El propósito de Lyons Muskus era que Tarquino, quien tenía excelente relación con los magistrados de la alta corte y con miembros de la Fiscalía General, intercediera en su caso personal, hablara con esa esfera del poder judicial y accediera a los encargados de la investigación para obtener una decisión favorable en sus procesos con la justicia. El entonces exmagistrado y abogado aceptó la idea y le solicitó al exgobernador, inicialmente, una suma de COP sesenta millones por la gestión. A Lyons Muskus le pareció razonable, pero le entregó solo la mitad para subsidios lo que llamaban "tintos, cafés o almuerzos".

El expediente detalla que Lyons Muskus y Tarquino tuvieron varias reuniones. En una de ellas, entre noviembre y diciembre de 2014, Tarquino le dijo que ahora actuaba en representación de Leonidas Bustos, magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, por lo que le pidió a Lyons Muskus la suma de COP veinte mil millones a cambio de solucionar sus problemas judiciales sobre la apropiación de recursos públicos de regalías. Sin embargo, Lyons Muskus detalló que era mucho dinero y que no tenía para pagar el monto total. Aunque Tarquino fue enfático al advertir que lo que venía era una inminente imputación de cargos y le sugirió que lo mejor era “arreglarse del todo”, el exgobernador de Córdoba se negó y no accedió a la entrega del dinero ni al favor judicial.

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Por estos hechos, el exmagistrado Tarquino fue investigado. El 10 de septiembre de 2019, la Fiscalía le imputó los delitos de concusión y asociación para cometer delitos contra la administración pública, pero Tarquino no aceptó los cargos. Se declaró inocente. Posteriormente, el 3 de mayo de 2023, el exmagistrado fue declarado responsable como interviniente, pero solo en el delito de concusión, y se le impuso una condena de 72 meses de prisión. En su lugar, la defensa de Tarquino interpuso un recurso de apelación, pero el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia en primera instancia.

Como respuesta al fallo, la defensa interpuso un recurso extraordinario de casación. A través de cuatro cargos principales, los abogados de Tarquino buscaron obtener la nulidad del proceso y absolver al exmagistrado. Sin embargo, la Corte Suprema, tras revisar los cargos, dejó en firme la condena contra Tarquino. En primer lugar, los abogados del exmagistrado plantearon que la Fiscalía omitió acusar oralmente al proceso de manera debida durante la audiencia, por lo que argumentaron que esta situación violó el principio de congruencia y el debido proceso.

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“La defensa señaló la ausencia de verbalización de la acusación oral de los hechos que fueron materia de juzgamiento; y una transgresión del principio de congruencia, debido a que los sentenciadores estructuraron la responsabilidad penal del procesado en relación con supuestos de hecho que, según la acusación, no eran otra cosa que circunstancias de contexto”, se lee en el fallo. El segundo argumento de la defensa fue que se desconoció el principio de congruencia al considerar como fundamentos del delito la solicitud de COP sesenta millones y la recepción de COP treinta millones.

El tercer cargo que presentó la defensa de Tarquino fue que se descartaran como prueba las conversaciones entre el exmagistrado y el entonces abogado Luis Gustavo Moreno. Para la defensa, el documento debió reconocerse como prueba legal y válida para evidenciar contradicciones en el testimonio de Alejandro Lyons Muskus en el juicio oral y cuestionar su veracidad. Asimismo, el cuarto cargo tiene que ver con la vulneración durante el análisis de varios testimonios que la justicia tuvo en cuenta para dictar sentencia contra Tarquino. Con todos estos elementos, la defensa pidió casar el fallo y emitir una sentencia absolutoria.

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Pero la respuesta de la Corte Suprema de Justicia resolvió todo lo contrario. El alto tribunal dejó en firme la condena a seis años por el delito de concusión como interviniente y ordenó expedir de inmediato la orden de captura en contra de Camilo Tarquino para hacer efectiva la privación de la libertad. En la mañana de este lunes, 19 de octubre, el exmagistrado y abogado se entregó personalmente a las autoridades y llegó al búnker de la Fiscalía, en Bogotá, justo después de conocerse el sentido del fallo de la Corte Suprema. El alto tribunal analizó cada uno de los cargos que presentó la defensa de Tarquino.

Sobre el primer argumento, la Corte Suprema detalló que en los audios de la audiencia, la Fiscalía delimitó oralmente y con claridad los hechos jurídicamente relevantes atribuidos al procesado, como la solicitud de COP 20.000 millones a Alejandro Lyons Muskus, y atendió las aclaraciones requeridas por la defensa, por lo que desestimó ese cargo. Asimismo, el alto tribunal desestimó el segundo cargo al considerar que el hecho que constituye el delito de concusión se basó en el pedido de COP 20.000.000.000 realizada a finales de 2014 en representación de altos magistrados.

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En tercer lugar, la Corte Suprema estableció que las discrepancias sobre detalles secundarios no tenían la fuerza argumentativa suficiente para desvirtuar la veracidad del testimonio de Lyons Muskus respecto de la exigencia central de los COP 20.000 millones. El cuarto cargo también fue desestimado por la Corte. Posteriormente, el alto tribunal expuso sus argumentos para una decisión final y detalló las consideraciones de los efectos de un entramado de corrupción en una alta esfera del poder judicial.

“Se produce una erosión de la confianza de la comunidad en las autoridades de la aludida rama del poder y, lo que es peor, propaga la nociva idea de que la justicia tiene un precio. No lo tiene. Por ello, actos de corrupción judicial como el que se detalló en los considerandos de esta decisión, imponen a las autoridades del Estado la indeclinable obligación de prevenir, controlar y sancionar con rigor ese tipo de comportamientos desviados, pues afectan gravemente la ética, la transparencia y la moralidad inherentes a la función del juez”, sentenció la Corte Suprema de Justicia.

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Para el alto tribunal, quedó demostrado que Tarquino Gallego actuó en connivencia y acuerdo previo con el entonces magistrado José Leonidas Bustos Martínez para servir de intermediario ante el exgobernador de Córdoba. Además, señala que Tarquino ejecutó directamente la solicitud ilícita invocando el poder y la influencia de altos funcionarios de la rama judicial. De este modo, al no prosperar ninguno de los motivos de la defensa para la casación, la Sala mantuvo la condena contra Tarquino.

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