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Amenazan de muerte a abogada Yessika Hoyos y a miembros del Movice

La amenaza de muerte es en contra de la abogada defensora de derechos humanos, Yessika Hoyos, miembro del Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), y también contra Candelaria Barrios Acosta, Malena Martínez Montoya y Juan David Díaz Chamorro, integrantes y voceros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

La abogada Yessika Hoyos hace parte del Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (Cajar).
La abogada Yessika Hoyos hace parte del Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (Cajar).
Foto: Archivo particular

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A la 1:05 de la tarde del pasado 18 de octubre, al teléfono de la abogada Yessika Hoyos Morales llegó un mensaje: “Si William pisa cárcel.ustedes (sic) Candelaria.Malena y Juan David compren los cajones (quédense quietos) les tenemos seguimiento”. La misma amenaza la recibió Candelaria Barrios Acosta y mencionaba a otros dos integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), capítulo Sucre: Malena Martínez Montoya y Juan David Díaz Chamorro.

Según denunció el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), del que hace parte Hoyos, el mensaje está relacionado con la condena contra William Martínez Santamaría, exdirector de Comfasucre. En septiembre pasado, el Tribunal Superior de Sincelejo lo sentenció a 27 años de prisión como determinador de los homicidios de los hermanos Humberto Escobar Mercado, Preliciano Mercado García y Eusebio Osorio Mercado. Hoyos representa a las víctimas de ese caso, mientras que el Movice Sucre ha acompañado a la familia en su búsqueda de justicia.

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La decisión del Tribunal revirtió una absolución. En primera instancia, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos había absuelto a todos los procesados, pero la Fiscalía y Hoyos apelaron el fallo. Además de Martínez Santamaría, fueron condenados Neiser Manuel Contreras Montiel, Ever Manuel Álvarez Madrid y Roger Alfredo Contreras Macea como autores materiales de los asesinatos, de acuerdo con la información divulgada por el Cajar.

La masacre ocurrió el 25 de enero de 2018 en el corregimiento de La Guaripa, en Sucre, mientras los tres hermanos cercaban el predio El Trébol. Según el colectivo de abogados, el crimen estuvo precedido por una larga disputa por la tierra, durante la cual la familia sufrió amenazas, agresiones y desalojos. Esos hechos, señaló la organización, habían sido denunciados ante las autoridades sin que se evitara el asesinato de los hermanos.

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Ahora, un mes después de la condena, el mensaje recibido por Hoyos y Barrios amenaza con represalias si Martínez Santamaría va a prisión. “No es un mensaje genérico: nombra a las personas amenazadas y las vincula directamente con un proceso judicial concreto”, advirtió el Cajar en un comunicado difundido este 19 de octubre. Para la organización, la intimidación busca que las personas amenazadas abandonen su labor y contiene una advertencia expresa de que están siendo vigiladas.

Ante estos hechos, el colectivo pidió a la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Sucre y a las alcaldías activar las rutas de prevención y convocar de manera urgente las instancias territoriales de garantías. También solicitó a la Fiscalía investigar con debida diligencia quiénes están detrás de la amenaza contra la abogada y los tres integrantes del Movice.

(Lea también: El perdón del Estado y las promesas de Petro a víctimas de la violencia contra el Cajar)

La organización reclamó, además, que el Gobierno nacional reconozca públicamente la labor del Cajar y del movimiento de víctimas, se abstenga de estigmatizarlos e informe de lo ocurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana. Tres de las cuatro personas amenazadas son mujeres defensoras de derechos humanos, una circunstancia sobre la que el colectivo llamó la atención al advertir de los riesgos que enfrentan.

El Cajar también pidió a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al cuerpo diplomático y a las organizaciones internacionales acompañar a las personas amenazadas y hacer seguimiento a la respuesta estatal. “Responsabilizamos al Estado colombiano por cualquier hecho que atente contra la vida, la integridad o la libertad de nuestras compañeras y compañero”, expresó.

Pese a la amenaza, el colectivo anunció que mantendrá la representación de las víctimas: “Seguiremos acompañando a la familia de los hermanos Escobar Mercado hasta que la justicia sea plena”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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Comentarios
  • Felipe(dw15k)•Hace 38 minutos
    Esta es la expropiación, la contra reforma agraria que no le molesta a los políticos de derecha, no se les escucha indignarse cuando le quitan la tierra a trabajadores, campesinos e indígenas inermes a sangre. Las amenazas a las víctimas y defensores hechas a nombre propio no derivan en sentencias más fuertes para los victimarios como en toda lógica debería pasar. Bienvenidos al pasado.
  • Alejandro(83663)•Hace 4 horas
    Ya se empiezan a ver los frutos de la estigmatización a los grupos defensores de D.D.H.H.
  • Álamo(88990)•Hace 12 horas
    Sólo esperamos el ‘milagrio’ que, efectivamente, garantice la seguridad de estas personas amenazadas. Puede ser que viendo la "pistola al cinto" ya hayan salido corriendo…
  • Juan Guillermo(7rdvy)•Hace 15 horas
    Eso es Colombia en los actuales momentos, nunca pensé que llegáramos a un estado similar de odio y abandono por el estado.
  • maribel(mypzj)•Hace 15 horas
    Valientes, todos nos vamos a morir, inclusive esas chandas que amenazan, pero que no sea de miedo.
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