La lucha de Ataco (Tolima) para que el Estado responda por toma guerrillera

Ataco es un municipio del departamento del Tolima que, además de ser la cuna del científico Manuel Elkin Patarroyo, su única peculiaridad es que es la puerta de entrada para el cañón de Las Hermosas. Esta formación natural, declarada parque nacional, es la división natural del río Magdalena y Cauca y es el nacimiento de varios ríos por el ecosistema de páramo que existe en sus partes más altas.

Eso ha hecho que Ataco sea privilegiado en cuanto a recursos naturales e hídricos. Sin embargo, esta afortunada ubicación geográfica se convirtió a principios de siglo en una maldición para los habitantes de dicho municipio. El cañón de las delicias se convirtió en uno de los fortines del bloque 27 de las Farc y dejó a la merced de este grupo guerrillero a los habitantes de Ataco.

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Los ataecenses quedaron en medio de las tomas guerrilleras y de los grupos paramilitares. Por eso pedían una mayor protección del Estado. Sin embargo, esta se limitó a un puesto de Policía con unos cuantos uniformados, que poco pudieron hacer cuando el 4 de abril de 2001 cerca de 200 hombres de las Farc atacaron el pueblo.

Al cumplirse 19 años de esta toma guerrillera, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue aceptada una demanda en contra del Estado, específicamente el Ejército, por el abandono al que estuvo expuesta la comunidad atacense en los momentos previos, durante y después de la toma guerrillera, cuando una gran parte de la población del municipio se vio obligada a abandonar sus hogares.

La demanda, presentada como una acción de grupo, fue interpuesta por 30 de las personas que habitaban el casco urbano de Ataco para la fecha de la toma guerrillera. Estos tenían oficios varios en la población tales como la recolecta de cosechas de café y arroz, conductores, comerciantes y tenderos, que desarrollaban en total normalidad ante de la presencia guerrillera en el pueblo.

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De acuerdo a la demanda, las autoridades conocían desde años atrás el peligro que corría la población. La guerrilla de las Farc hacía hostigamientos, cobraba vacunas reclutaba a menores, secuestraba y mataba. Además, en 2001 el pueblo enfrentó el homicidio de su alcalde, Nervio Fernando Serna Díaz. Por todas estas razones, la población pedía a gritos una mayor protección del Ejército.

Sin embargo, según la demanda, nunca tuvieron una respuesta adecuado del Ejército. Es más, los demandantes aseguran que en 1999, cuando la presencia guerrillera era más que evidente, el Ministerio de Defensa ordenó el cierre de la única dependencia militar en las cercanías del pueblo, la Guarnición de la Vereda Casa Verde, “precisamente en momentos en que se había recrudecido el conflicto armado”.

En medio de este panorama de desprotección, el 4 de abril de 2001 ocurrió la toma de Ataco. A las cuatro de la tarde llegaron 200 hombres del frente 21 de las Farc que rápidamente acorralaron a los Policías de la estación del pueblo. Cilindros bomba y ametralladoras marcaban una sinfonía de violencia que dejó al pueblo sin luz y sin servicio telefónico. El Ejército llegó hacia las 7 de la noche, tres horas después del inicio de la toma, y con dos helicópteros y un avión fantasma equilibraron el combate hasta que le guerrilla se replegó a las 12 de la noche.

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El ataque dejó como resultado un uniformado muerto y otros más heridos. Además, quedaron destruidas la estación de Policía, la iglesia del pueblo, la sede de la Caja Agraria, la alcaldía, cerca de 30 casas y el parque principal. Entre muertos, heridos y pérdidas materiales, la población tuvo miedo y se vio obligada a salir. Ese mes de abril, fueron incontables las personas que abandonaron sus hogares, tanto del caso urbano como de las veredas cercanas, que estaban más expuestas a las acciones guerrilleras.

Muchas personas intentaron quedarse, pero las Farc siguió con el hostigamiento y las citaciones a comparecer en zonas rurales. Además, ya en 2003, se emitieron alertas por la presunta presencia de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia en los alrededores de Ataco, lo que prendía las alarmas frente a una posible masacre. Ante esta situación, los desplazamientos masivos siguieron.

En su demanda, los pobladores de Ataco señalaron que las Fuerzas Militares no cumplieron con su deber ya que desde 1999 los dejaron en un estado de desprotección total al no tener hombres en las cercanías al pueblo y al cerrar la única dependencia militar que existía. Este estado de indefensión habría sido el principal causante de la toma guerrillera.

Además, soportaron su acción judicial en que hubo negligencia del Estado y falta de cuidado que “posibilitó la actuación de los grupos al margen de la ley en la causación de daños inferidos a los demandantes”. Luego agregaron que el Estado no realizó ninguna actuación para evitar la amenazas, el desplazamiento forzado y los homicidios.

“Las entidades demandadas actuaron con negligencia e impericia frente al riesgo creado que se concretó en las graves violaciones contra los derechos humanos y contra el derecho internacional humanitario”, declararon los demandantes, que luego agregaron que los demandados no actuaron frente al riesgo “creado por la permanente presencia de grupos armados al margen de la ley, y esa falta de protección permitió la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento”.

Por último, en la acción de grupo consignaron que “al existir incumplimiento de las obligaciones de protección y seguridad, bien por acción u omisión al permitir que grupos al margen de la ley causaran graves violaciones sobre los derechos de los demandantes, existió un abandono inexcusable de la posición de garante del Estado”.

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Por otro lado, los pobladores reconocen que están fuera de los dos años que tienen de plazo para hacer reclamos administrativos. Sin embargo, estos clarifican que, a pesar de que la toma fue hace 19 años, sus efectos se siguen evidenciando porque aún siguen fuera de Ataco. De esta forma, el daño ha sido continuo y el plazo de dos años aún no le han corrido los términos.

Bajo toda esta argumentación, los pobladores de Ataco que demandaron a la nación pidieron que el Ministerio de Defensa sea declarado “responsable de la totalidad de los daños derivados del acto terrorista, las amenazas de muerte y desplazamiento” cometido por los diferentes actores armados que asolaron Ataco, sobre todo la guerrilla.

Además, los pobladores buscan que el Estado los indemnice por los múltiples daños de los que fueron víctimas, incluyendo el desplazamiento. Esto fundamentado en que hubo graves alteraciones de las condiciones de su existencia y perjuicios morales e inmateriales. Hoy Ataco vive en paz, y es una pujante población del Tolima, pero aún hay muchos que recuerdan y son afectados por la violenta toma guerrillera ocurrida de hace 19 años.