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Andrés Gutiérrez entró al Bronx de Bogotá en 2016 para rescatar a su hija, quien fue reclutada por una banda criminal del sector, y esa historia se volvió novela: Caracol Televisión estrenó en enero de este año la serie El Bronx, transmitida en horario estelar, en la que se cuenta cómo una joven, tras ser engañada y secuestrada, despierta en esa “olla” y es obligada a permanecer en la banda criminal que la raptó. La novela, a su vez, se convirtió en una pelea: Gutiérrez señala a Gustavo Bolívar, creador de la serie y hoy senador, de haber plagiado su vida, cosa que este último niega; y a su abogada, de buscar estafarlo.
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Después de salir del Bronx, Gutiérrez y su familia contaron su vida en las cámaras del Canal RCN. Al poco tiempo terminaron en Santa Marta y Gutiérrez cuenta que fue en un hotel de esa ciudad donde supuestamente se reunió con Gustavo Bolívar, en marzo de 2017, y le contó su historia. El productor le habría ofrecido $800 millones por la idea, pero luego no le dio más razón del negocio. Las únicas pruebas de este encuentro serían los testimonios de las personas que sirvieron de intermediarios. Bolívar fue consultado sobre este punto, pero prefirió no comentar y dijo: “Eso es parte de lo que voy a desmentir en la Corte”.
Los Gutiérrez acudieron a la Fundación Manos Limpias —que tiene el mismo nombre de la fundación administrada por Bolívar, pero se trata de organizaciones diferentes—. La abogada de la organización, Raquel Bonilla, vio el programa de Cuatro caminos donde la familia contó con detalles la historia. En mayo de 2017, cuando salió el tráiler de la serie, Bonilla aconsejó a los Gutiérrez demandar a Gustavo Bolívar, a Fox Telecolombia y a Caracol Televisión porque supuestamente “no cuentan con la autorización previa de los titulares de los derechos de autor”, que según la abogada le pertenecería a quienes vivieron los hechos.
Ese, sin embargo, no es un argumento unánime. Según Juan Francisco Ortega, doctor en derecho y director de la maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes, “son autores los creadores de una historia”, es decir, libretistas, guionistas, escritores. Por ende “lo que vivió alguien no es una obra protegida por derecho de autor”. Lo que sí se podría reclamar, según Ortega, son los derechos de imagen. Aun así, “si no se puede identificar directamente a las personas —como sucedería en El Bronx, donde todos los nombres fueron cambiados y no hay parecidos físicos con los personajes— este recurso no procede”.
En junio de 2018, ante un juzgado civil de Bogotá, la abogada Bonilla solicitó “medidas cautelares urgentes” para suspender el rodaje y la transmisión de la producción junto con una demanda “sobre derechos de autor”. El juez negó sus pretensiones, Bonilla apeló y el Tribunal Superior de Bogotá, en enero de este año, reiteró la decisión. Con una tutela, el caso de los Gutiérrez llegó hasta la Sala Civil de la Corte Suprema, que, en marzo de este año dijo que el recurso no procedía: señaló que la Fundación Manos Limpias actuaba en nombre propio y los derechos fundamentales que se protegen con las tutelas no pueden transferirse.
<<Corte Suprema de Justicia decidió que ‘El Bronx’ se siga transmitiendo
Lo que parecía un debate de formas podría ser algo más grande. Para representar a Andrés Gutiérrez, su esposa y sus hijas, Raquel Bonilla les hizo firmar un poder especial de amplias facultades, autenticado en notaría, y un contrato de prestación de servicios. Según Gutiérrez, la abogada nunca les dio acceso a los documentos, que sí conoció El Espectador. En el poder se lee que “los cedentes (Gutiérrez y su familia) transfieren a título gratuito los derechos de autor a los cesionarios (Fundación Manos Limpias) sobre su biografía para que la misma sea ampliamente comercializada”, a cambio de la representación jurídica.
A eso, quizá, se referían los magistrados de la Corte Suprema que negaron la tutela, pues lo que dice el documento significaría que cualquier beneficio o indemnización que llegasen a obtener los Gutiérrez sobre su historia pertenecería a la fundación. Raquel Bonilla niega que sea una estafa y, por el contrario, dice que son intentos de ensuciar su nombre para generar división. Asegura que desde el comienzo ha buscado defender los intereses de la familia y por eso ha agotado todas las instancias —hasta ante la Autoridad Nacional de Televisión—. No obstante, Bonilla reconoce que lleva varios meses sin hablar con Gutiérrez, quien ya tiene una nueva abogada.
El otro proceso es penal, pues Bonilla, también en representación de los Gutiérrez, denunció a Bolívar en julio del año pasado por delitos contra los derechos de autor, estafa y concierto para delinquir y, en abril de este año, por recibir dinero aparte de su sueldo de senador, lo que, según la abogada, es una causal de pérdida de investidura. Los dos procesos fueron remitidos a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y por lo menos uno de ellos está en manos de la magistrada Cristina Lombana —la misma que acaba de ser separada de los procesos de Álvaro Uribe—, quien pidió a Caracol Televisión los registros de los pagos a Bolívar.
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Un congresista puede quedar inhabilitado si desempeña “un cargo o empleo público o privado” alterno, por lo que las altas cortes tendrán que determinar si Bolívar incurrió o no en ello. El senador, por su parte, dice que él solo recibe regalías por la serie. Es decir, lo mismo que ocurriría con cualquier político que escriba un libro y reciba pagos de la editorial por las ventas de la publicación. Raquel Bonilla quiere constituirse en tercero civil en el proceso, pues asegura que “la justicia le ha ayudado a Bolívar a salir adelante”. Además, le solicitó a la Procuraduría que inicie una investigación disciplinaria y dijo que demandará al senador ante el Consejo de Estado.
En Caracol Televisión* se sienten tranquilos. El representante legal del canal, Jorge Martínez, le dijo a este diario: “Como licenciatarios de los derechos, desconocemos los hechos que han motivado la demanda”. El senador Gustavo Bolívar dice que Andrés Gutiérrez ha sido mal asesorado. La nueva abogada de la familia, Miriam Pachón, sostiene que sus apoderados no entienden lo que firmaron. Mientras tanto, la abogada Raquel Bonilla sigue actuando en nombre de ellos con base en el poder que tiene y, recientemente, denunció el supuesto plagio ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Gutiérrez, por su parte, insiste en que le deben reconocer algo pues, afirma, “ellos están haciendo plata con mi sufrimiento”.
*Caracol Televisión y El Espectador pertenecen al mismo grupo de medios.
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