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1 Sep 2022 - 5:16 p. m.

La paz total no se asoma en el sur: no para el reclutamiento, asesinatos y amenazas

A pesar de que el Frente 36 de las disidencias de las Farc anunció un cese al fuego parcial, en el sur del país las balas no se detienen. Una alerta temprana de la Defensoría señala serias preocupaciones por la situación de derechos humanos en la zona, donde hacen presencia varios grupos armados.

Daniel Osorio Posada

Son nueve municipios en tres departamentos los más afectados por estos hechos de violencia.
Son nueve municipios en tres departamentos los más afectados por estos hechos de violencia.
Foto: Mauricio Alvarado

Mientras en el país se habla del proyecto de paz total y vuelven los diálogos con grupos armados, y con ellos la esperanza de desarme, en Nariño, Cauca y Putumayo la violencia sigue dejando la posibilidad de tranquilidad en el terreno de las ilusiones. La Defensoría del Pueblo emitió otra alerta temprana para evidenciar la grave situación de riesgo de vulneraciones a los derechos de las comunidades indígenas y afrocolombianas que habitan en corregimientos y municipios de estos tres departamentos.

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La alerta temprana que envió la Defensoría presenta que, tras las alertas publicadas en 2019, 2020 y 2021, en las que anunciaba una disputa por los territorios de Puerto Asís, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán (Putumayo), entre disidencias de las Farc y grupos narcotraficantes, la situación parece que no tuviera solución a la vista. A tres años de la primera alerta, en corregimientos de ocho municipios aún siguen los enfrentamientos entre estos grupos, además de hostigamientos a la población civil.

Los municipios que se encuentran en riesgo son: Ipiales (Nariño), Orito, San Miguel, Valle del Guamuéz, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Villa Garzón (Putumayo) y Piamonte (Cauca). Estos municipios cuentan con una alta presencia de comunidades indígenas y afrocolombianas. Estas representan una población con una condición especial de riesgo a ser víctimas de homicidios, desplazamientos masivos, confinamientos, reclutamiento forzado, entre otros crímenes.

La Defensoría anunció que la presencia del Frente Primero Carolina Ramírez, los Comandos de la Frontera, y la Columna Móvil Jhonier Toro Arenas, del Comando Coordinador de Occidente, todos pertenecientes a las disidencias de las Farc, constituye un alto riesgo de vulnerabilidad para los pobladores de la zona. Esto debido a la disputa territorial entre ellos. Estos grupos armados se enfrentan para el control de estos municipios y los corredores para el transporte de drogas entre Colombia y Ecuador.

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Estos enfrentamientos, sumados a la entrada al escenario de esta columna móvil, representan para los pueblos indígenas Awá, y comunidades afrocolombianas que habitan el territorio, un riesgo inminente a su vida. Estas poblaciones se encuentran expuestas a la restricción de movilidad que les impide realizar tanto sus prácticas ancestrales como en las necesarias para su subsistencia. Además, se han reportado hechos de reclutamiento a menores, amenazas de muerte y asesinatos por parte de los grupos armados que hacen presencia en el territorio.

El pasado fin de semana, durante la instalación de un Puesto de Mando Unificado por la vida en Ituango (Antioquia), el presidente planteó la propuesta de un cese al fuego multilateral con varios grupos armados. Desde la victoria de Petro en las elecciones, grupos armados como el Eln y el Clan del Golfo han manifestado su voluntad de hacer parte de la paz total que propone el gobierno, el último de ellos sería el Frente 36 de las disidencias de las Farc.

A pesar de que la esperanza parece ser fuerte sobre las posibilidades de esta propuesta, la situación en el sur del Pacífico parece apuntar hacia el lado contrario. A pesar de golpes como la muerte de Juan Larinson Castro Estupiñán, conocido como Matamba, excomandante de la Cordillera Sur en mayo pasado, las organizaciones criminales en esta zona del país se recomponen para seguir delinquiendo y causando zozobra en la población.

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La situación del pueblo Awá

La muerte de Juan Orlando Moreano, gobernador de la comunidad indígena Awá, y dos miembros de la guardia indígena Inda Sabaleta, el 3 de julio de 2022, es el último de los más de 350 hechos de los cuales han sido víctimas los miembros de este pueblo indígena desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. El asesinato de Moreano representa el primer asesinato de un líder indígena por parte de grupos armados en tiempos recientes. A pesar de que la Corte Constitucional, la Jurisdicción Especial Para la Paz y organismos internacionales han tomado decisiones para proteger a la comunidad, la implementación de estas medidas aún está en verémos.

Como lo contó El Espectador, en lo que va de 2022, el Observatorio de Derechos Humanos de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) ha reportado 22 homicidios contra indígenas en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán y Samaniego. Además de 248 personas confinadas y 88 desplazados por la violencia. Además de la presencia de las disidencias de las Farc, en el territorio también hacen presencia el Eln, la estructura armada conocida como Los Contadores y otros grupos armados dedicados al narcotráfico. Los Contadores serían los principales sospechosos de la masacre que terminó con la vida de los guardias indígenas y de este gobernador Awá.

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Según la alerta temprana, aproximadamente 50 resguardos y cabildos han sido afectados por los enfrentamientos en la zona. Solo en Ipiales (Nariño) hay 13 veredas afectadas, además de tres comunidades afrodescendientes organizadas en consejos comunitarios. Estos serían los consejos de Nuevo Renacer, Liberación y Futuro, y Nueva Esperanza.

Así va la paz total de Petro

Este martes 30 de agosto se presentó un proyecto para modificar la llamada ley de orden público y adaptarla para conseguir la paz total que propone el gobierno de Gustavo Petro. Como lo informó este medio, el proyecto busca plantear las bases para los procesos de paz con los distintos actores armados. “Esta iniciativa de carácter legislativo tiene como objeto definir la política de paz de Estado. Para ello, adiciona, modifica y prorroga disposiciones contenidas en la Ley 418 de 1997 ‘Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones” reza el proyecto que busca constituir la paz como política de estado.

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Regiones como el Catatumbo, Arauca, Chocó y Bolívar se han preparado para iniciar con la paz total a través de estrategias como mesas de paz, consejos comunitarios, colaboración con la iglesia católica y conversaciones del gobierno con los mandatarios locales. Esta propuesta de paz ya ha dado sus frutos en los avances de los delegados del gobierno para restablecer las negociaciones con el Eln en Cuba y los comunicados de grupos armados que buscan una salida negociada a la violencia.

A pesar de esto, en varios departamentos del país no hay tregua. Además de Nariño, Putumayo y Cauca, los departamentos que se mencionan en la alerta temprana de la Defensoría, en Arauca la situación no pinta mejor. Siendo uno de los departamentos más afectados por las confrontaciones entre grupos armados. Hasta agosto, los asesinatos en el departamento llegaron a más de 300, de acuerdo con el Observatorio en Frontera, Territorio y Paz en Universidad Nacional de Colombia. Así, mientras en el sur del país se vive entre los enfrentamientos armados y el miedo, se espera que desde los avances de la paz total la tranquilidad pueda llegar por fin a los territorios que no han tenido descanso de la violencia.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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