La polémica resolución de Alejandro Ordóñez para mantener su esquema de seguridad

Fue por medio de la resolución 327 del 9 de agosto de 2013 que el entonces recién reelecto procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado garantizó la continuidad de su esquema de seguridad cuando abandonara el cargo. En esos momentos muy lejos del panorama estaba la demanda en contra de su elección en el Congreso para que continuara un segundo periodo consecutivo al frente del Ministerio Público.

En la resolución se modificó parcialmente la resolución 109 del 3 de abril de 2003 frente a la continuidad de los esquemas de seguridad para los exservidores de la Procuraduría una vez finalizara sus funciones. En dicho documento se establecía una reducción del 75% del esquema con el que contaban y fijaba un límite para que siguiera con la misma basándose en un estudio de su situación de seguridad por parte de los organismos encargados.

“Que debido a que la Procuraduría General de la Nación, no cuenta con el recurso humano y su infraestructura logística necesaria para brindar la protección de los exfuncionarios y sus familias, este Despacho dispone limitar el periodo para prestar el servicio de seguridad a cuatro (4) años, contados a partir de la terminación del vínculo legal y reglamentario”, precisa la decisión.

Debido a esto se establecía que cada año la División de Seguridad de la misma Procuraduría General adelantara el estudio sobre la situación de riesgo “derivado de la condición de exfuncionarios” con el fin de determinar o no la continuidad del esquema de seguridad “sin que bajo ninguna circunstancia dicho beneficio supere los cuatro (4) años antes señalados”.

Fuentes cercanas aseguraron que en el año 2014 el esquema de Ordóñez tuvo que ser reforzado debido a que se determinó que existían amenazas e incluso un plan para atentar en contra de su integridad personal. En esa oportunidad se decidió aumentar tanto como su esquema de seguridad -con miemrbos de la Policía y el Ejército- así como los vehiculos privados para sus traslados. 

Igualmente se decidió que debía existir vigilancia 24 horas en su lugar de residencia y proteger a su esposa y sus tres hijas. Debido a esto se entregaron seis vehículos para brindarles seguridad. Vale recordar que en el año 2013 se denunció que uno de los vehículos de su esposa había recibido un disparo y días después la oficina de Ordóñez en el edificio central de la Procuraduría fue impactada con un objeto extraño.

Hace unas semanas, la Dirección Nacional de la Policía dio la orden de reducir el esquema de Ordóñez de 14 a 4 hombres. Se espera que en los próximos días el Ejército revise la situación de los hombres que hacen parte del mismo. 

La Procuraduría responde

En un comunicado de tres puntos la Procuraduría General respondió frente a los alcances del nuevo reglamento de seguridad y protección para los servidores y exservidores del órgano de control y sus familiares. Se resalta que el artículo 20 del decreto ley 262 de 2000 establece las funciones de la División de Seguridad de la entidad para proteger a sus funcionarios.

En el caso de Alejandro Ordóñez se destaca tras la nulidad de su reelección por parte del Consejo de Estado que lo obligó a salir de la Procuraduría a finales del mes de septiembre él continuó con el esquema que tenía puesto que no existe por el momento un nuevo estudio de su seguridad que establece la ley y el reglamento interno de la entidad.

“El correspondiente estudio de seguridad determinará las novedades para el esquema del doctor Ordóñez Maldonado y su núcleo familiar. Sin embargo, el Ministerio Público en su comunicación no aclaró cuándo se realizará ese nuevo estudio de seguridad para el exprocurador General.

Comunicado de la Procuraduría

Ante las inquietudes ciudadanas recibidas el día de hoy frente al manejo de esquemas de seguridad de funcionarios y exfuncionarios de la Entidad, la Procuraduría General de la Nación se permite manifestar que:

1.    La seguridad de los exprocuradores generales de la Nación y de sus familiares con esquemas asignados, se define mediante estudios realizados por las autoridades competentes y que dependen de las circunstancias que rodean a cada uno de los exfuncionarios y a sus círculos cercanos. Son dichas autoridades las responsables de determinar la viabilidad de los esquemas.

Al interior de la Entidad se regula por el numeral 2 del Artículo 20 del Decreto Ley 262 de 2000, en lo relativo a las funciones de la División de Seguridad: “Garantizar, de conformidad con el reglamento de protección y seguridad que expida el procurador general, la seguridad personal de los servidores y exservidores de la Procuraduría General y sus familias, cuando por razones de seguridad sea necesario, para lo cual la Entidad deberá disponer de los recursos humanos y físicos que se requieran”.

2.     El 3 de abril de 2009, el entonces procurador general de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, estableció, mediante la Resolución 109, un nuevo reglamento de protección y seguridad personal para los servidores y exservidores de la Entidad y sus familias.

Dicha resolución fue adicionada por la 327 del 9 de agosto de 2013, la cual estableció que el beneficio de seguridad para los exfuncionarios de la Procuraduría General de la Nación no podría superar los cuatro años de duración desde la salida del cargo, ya que no existía una normativa que definiera un límite de tiempo en la materia.

3.    Ante su salida del cargo el pasado lunes 19 de septiembre y frente a la ausencia de un nuevo estudio de seguridad realizado al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado y a los miembros de su familia, la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de la normativa existente y en aras de garantizar la protección al exprocurador y a sus familiares, mantiene el esquema que tenía al momento de su salida del cargo.

El correspondiente estudio de seguridad determinará las novedades para el esquema del doctor Ordóñez Maldonado y su familia.