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A pocas horas de que los colombianos acudan a las urnas para elegir presidente, la Procuraduría puso la lupa sobre la presencia de un funcionario de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en un evento de campaña de Iván Cepeda en Arauca.
El Ministerio Público abrió una indagación preliminar para establecer si el servidor público incurrió en una eventual participación indebida en política, una conducta prohibida para quienes ejercen cargos en el Estado.
La actuación disciplinaria tiene origen en una denuncia divulgada por el medio regional La Voz del Cinaruco, según la cual Carlos Octavio Sarmiento, coordinador territorial de la ANT en Arauca, asistió a una actividad proselitista del candidato presidencial realizada en el Centro de Convenciones Los Libertadores, en la capital del departamento.
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Las imágenes conocidas por la Procuraduría muestran a Sarmiento entre los asistentes al encuentro político. Aunque la sola presencia de un funcionario en un evento de campaña no implica automáticamente una falta disciplinaria, el organismo consideró necesario verificar las circunstancias en las que ocurrió su participación y determinar si existió algún tipo de intervención que pudiera interpretarse como apoyo a una candidatura.
Por esa razón, la Procuraduría Regional de Arauca comenzó la recolección de pruebas y testimonios para reconstruir lo sucedido. El objetivo de esta etapa preliminar es establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar de los hechos y definir si existen elementos suficientes para avanzar hacia una investigación disciplinaria formal.
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El caso se enmarca en las advertencias que el Ministerio Público ha hecho durante el proceso electoral sobre la obligación de los servidores públicos de mantener neutralidad frente a las campañas.
Bajo la estrategia denominada Paz Electoral, el procurador general, Gregorio Eljach, ha insistido en que los funcionarios deben abstenerse de utilizar sus cargos o participar en actividades que puedan comprometer la imparcialidad de las instituciones.
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La indagación se conoce en medio de una campaña marcada por denuncias cruzadas entre candidatos y una creciente vigilancia de las autoridades sobre posibles irregularidades electorales. Por ahora, la Procuraduría no ha formulado cargos ni ha atribuido responsabilidades disciplinarias.
Su tarea inmediata será determinar si la conducta del funcionario amerita la apertura de una investigación o si, por el contrario, los hechos no constituyen una infracción a las normas que regulan la participación política de los servidores públicos.
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