![Guido Nule fue condenado por peculado por apropiación por caso del carrusel de la contratación en Bogotá. / Archivo](https://www.elespectador.com/resizer/v2/CIV353CTMVDFDEXB47LL2HVC6A.jpg?auth=c3c891f1f261678ec3a0964c910bd05f4a5d71e87415af7213cb68009dc3d098&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
Tras la denuncia pública de que se encontraba en las playas de Barú, tanto la Procuraduría como la Fiscalía investigarán la decisión que le otorgó la libertad a Guido Nule, condenado a 19 años de prisión por el carrusel de la contratación en Bogotá. El Ministerio Público busca verificar que se haya entregado la notificación respectiva de la decisión al agente especial de la Procuraduría.
(Lea: Fiscalía investigará decisión que dejó en libertad a Guido Nule)
La decisión de libertad fue tomada desde el pasado 28 de diciembre por un juez de ejecución de penas de Barranquilla, quien advirtió que Nule estaría en libertad condicional siempre y cuando no sea requerido por las autoridades judiciales. Lo que se cuestiona de todo esto es que sobre Guido pesa una condena que, además, fue aumentada de 14 a 19 años y cinco meses por la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2017. En ese momento, el tribunal también dejó en firme una multa por $13.055 millones en contra de los Nule.
Contexto: Corte Suprema aumenta condena de los Nule por el "carrusel de contratos"
Por lo anterior, la Procuraduría revisará el próximo martes el expediente las actuaciones judiciales del caso en contra Guido Nule. De igual forma, la Red de Veedurías solicitó al Ministerio Público adelantar las acciones judiciales necesarias en el caso y la Fiscalía anunció también una inspección judicial.
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 5 de enero de 2019
En enero de 2018 Miguel Nule, primo de Guido Nule también condenado por el mismo caso, interpuso una demanda contra la Fiscalía y la Nación por $1.5 billones. El demandante alegó daños materiales a él y su familia por cuenta de los manejos que el ente investigativo le dio a este caso de corrupción.
Sin embargo, a través del Procurador 137 Judicial II Administrativo, el Ministerio Público determinó inviable la solicitud porque los términos al momento de presentarla habían caducado.