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En julio del año pasado el Congreso le dio el “sí” al proyecto de la reforma a la justicia que promete cambiar la Ley Estatutaria que está vigente desde marzo de 1996. Entre ires y venires, la iniciativa del gobierno de Iván Duque pretendía modificar algunas reglas que están consignadas en la administración de justicia y promete atender las nuevas dinámicas tecnológicas y las necesidades que tiene la ciudadanía en sectores con menor presencia estatal.
En pocas palabras lo que hizo el entonces ministro de justicia, Wilson Ruiz, fue presentar un proyecto catalogado en el marco de un servicio público esencial y que represente el cumplimiento de una promesa en territorios donde se exige la justicia efectiva. Los principales objetivos del proyecto, entre otras cosas, es el acceso a la justicia de los ciudadanos y la digitalización para permitir un camino más rápido a los expedientes judiciales.