Las interceptaciones telefónicas ilegales, coloquialmente conocidas como las “chuzadas”, acompañan en Colombia la memoria de los últimos tiempos. Hace casi 30 años unas conversaciones telefónicas sin origen claro, pero filtradas por un oficial de la Policía al derrotado candidato Andrés Pastrana, pusieron en jaque al presidente Ernesto Samper y se configuró una redada de beneficiarios del narcotráfico llamada proceso 8.000 que estremeció las estructuras del sistema político. Desde entonces gravita en el ambiente la misma certeza: que en Colombia se chuza con mucha facilidad y que no cuesta mucho admitir que vivimos escuchados.
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En contexto: Lo que se sabe y lo que está por verse en el caso de Laura Sarabia
Por estos días la historia se repite con el caso de la niñera de la exjefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia. La Fiscalía ya confirmó que la exempleada fue “chuzada”, con el pretexto de hacer parte de una investigación del Clan del Golfo en el Chocó, luego de la pérdida de una millonaria suma de dinero en el apartamento de la exfuncionaria. Laura Sarabia renunció en medio de un escándalo de abuso de poder e irregularidades judiciales. Un caso como tantos otros en la larga historia de “chuzadas” en Colombia. Esta vez fueron dos empleadas de Sarabia sometidas a la interceptación ilegal de sus comunicaciones.
Un caso más que revive las manos sueltas en inteligencia que han pasado inmunes de gobierno a gobierno, y de institución a institución. Ciertamente con Álvaro Uribe el asunto se salió de control y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) terminó envuelto en una conjura judicial para contener otra redada histórica, la de la parapolítica, con los entramados impunes del paramilitarismo. Ya en las horas de Juan Manuel Santos, como no se podía seguir cargando con el muerto, rápidamente se apuró su defunción. El DAS fue liquidado, como hizo Lleras Camargo en los años 70, cuando sacó de circulación al Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC), que necesitaba ser olvidado.
Instituciones que se han tapado fisuras, se han pisado las mangueras y hasta compartido directores. El más polémico de todos, el general (r) de la Policía, Miguel Maza Márquez, quien llegó ser el jefe de varias seccionales del temido F-2, y entre 1977 y 1985 fue el director de la Dijín, la joya de la corona de la inteligencia policial y habitual escalón a la dirección del organismo. Del tiempo de Maza Márquez en la inteligencia quedaron muchos hilos sueltos. Secretos de operaciones exitosas y de excesos. En la actualidad es uno de los exoficiales con más líos en la justicia. Condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán en 1989, la JEP quiere saber muchas verdades que conoce, por ejemplo, del paramilitarismo.
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Es tan oscuro y peligroso lo que se ha movido en esas salas de interceptación que el tema pasa indemne de gobierno a gobierno, sin que se extirpe la práctica de espiar o crear ardides. Todo derivado de la práctica ilícita de interceptar comunicaciones por fuera de la ley. Con un elemento común para que funcione la trampa en cualquier tiempo: el señuelo de un señalamiento o una implicación en cualquier delito como justificación. A destiempos, los escándalos de las chuzadas caracterizan la vida del país y recobran una pregunta repetida: ¿Quién da las órdenes? Por estas horas un caso de interceptación sacude la trastienda del gobierno Petro, pero en la memoria de las chuzadas la secuencia es inagotable, aunque olvidada.
Las salas de escucha que se utilizan hoy están amparadas bajo el sistema Esperanza, matriz de las interceptaciones legales de la Fiscalía, puesta en funcionamiento a mediados de los años 90, con apoyo de Estados Unidos y Gran Bretaña. El sistema funciona bajo la administración y control de la Fiscalía y cuenta con 18 salas. La Fiscalía tiene la primera responsabilidad, pero no es la única institución con capacidad legal para interceptar comunicaciones. La Dijín de la Policía también lo hace, lo mismo que otros organismos. La sensación común es que el asunto operacomo rueda suelta. Ya no está el DAS para señalarlo pero las chuzadas siguen. Se creó una ley de inteligencia que sigue siendo un homenaje a la bandera.
El caso Santoyo
El general (r) de la Policía, Mauricio Santoyo, fue jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2006. Ante la justicia de los Estados Unidos confesó que, mientras estuvo a cargo de la seguridad del entonces primer mandatario, “chuzaba” para recoger información y entregársela a los grupos paramilitares. El ex oficial señaló en 2009 que esa información fue usada por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) para sacar alijos de cocaína y para saber cuáles miembros eran interceptados por las autoridades. Según los expediente judiciales, ya Santoyo desde muchos años atrás venía chuzando a su antojo, mientras colaboraba en Medellín con la Oficina de Envigado.
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Entre 1997 hasta 2001, Santoyo interceptó ilegalmente 1.808 líneas telefónicas. De acuerdo con la Procuraduría, esto sucedió mientras el entonces coronel estuvo al mando del Gaula de la Policía en Antioquia, dependencia que, a través de él mismo, terminó entregando información clave a narcos y a jefes paramilitares. El Ministerio Público indicó que esas “chuzadas” también sirvieron para perseguir a los defensores de derechos humanos. Incluso, Santoyo es todavía investigado por su participación en la desaparición forzada de dos de ellos en Medellín: Ángel Quintero y Claudia Monsalve. Hoy, espera que la JEP lo acepte en esa jurisdicción.
La “chuzada” a Iván Velásquez
En momentos en que como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia lideraba las investigaciones por el sonado escándalo de la parapolítica, el abogado y hoy ministro de defensa Iván Velásquez fue chuzado ilegalmente. Una investigación de la Procuraduría determinó que dos funcionarios de la Policía interceptaron sus comunicaciones. El ente de control logró determinar que la interceptación salió de la Sala Puma de la Dijín y sancionó a tres de los uniformados responsables. Su caso pasó a la historia como uno de los capítulos de las chuzadas del DAS, pero fue intervenido por la Policía.
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La excusa utilizada fue que el dueño de la cuenta telefónica interceptada estaba involucrado en una investigación relativa a una banda de extorsionistas. En 2020, el Estado colombiano, más exactamente el DAS, fue condenado por los seguimientos ilegales y la campaña de desprestigio contra Iván Velásquez y su familia. También fue condenada la exdirectora de ese organismo de seguridad durante el gobierno de Uribe, María del Pilar Hurtado, quien estuvo presa hasta el año pasado. La sentencia no incluyó una palabra sobre las interceptaciones ilegales de la Policía.
Las “chuzadas” que terminaron en la salida de 12 generales de la Policía
En mayo de 2007, la revista Semana reveló que la Policía interceptó ilegalmente a varios personajes de la vida pública. La periodista Claudia Gurisatti; el exmagistrado de la Corte Constitucional y senador, Carlos Gaviria; la entonces canciller, María Consuelo Araújo; al comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, y su asesor Álvaro Albarracín. La publicación contó que los encargados de esas chuzadas fueron agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) y que también fueron objetivos miembros del Gobierno, congresistas y periodistas. Fueron escuchados durante al menos dos años. Todo en el contexto de las negociaciones del gobierno Uribe con los paramilitares.
La misma revista Semana reveló simultáneamente interceptaciones a ex paramilitares presos en la cárcel de Itagüí, con una perla adicional: las llamadas telefónicas dejaban claro que los exjefes seguían delinquiendo desde prisión. El episodio causó un remezón histórico en la Policía. El entonces presidente Álvaro Uribe sacó a 12 generales, incluido al director de la época, Jorge Daniel Castro y nombró como cabeza de la institución a Óscar Naranjo, en ese momento considerado uno de los oficiales más respetados de la fuerza pública en el área de inteligencia. No todos los altos mandos que salieron estaban en el escándalo, pero eran más antiguos que el nuevo jefe de la Policía.
El caso del general Guatibonza
A principios de esta semana, el general retirado de la Policía, Jorge Humberto Guatibonza apareció en medios de comunicación a desmentir que fuera el cerebro de la “chuzada” a la exjefa de gabinete de Gustavo Petro. Admitió que estuvo en contacto con ella luego de que la Fiscalía confirmó el nuevo caso de interceptaciones ilegales. Paradójicamente Guatibonza afronta desde 2018 un proceso penal por interceptación ilegal de comunicaciones. Las sindicaciones se han hecho contra su firma JHS Consultores, que asesora empresas en materia de seguridad. El hecho terminó destapando otro escándalo de “chuzadas” al interior de la propia Fiscalía.
Se supo que otra empresa intervino las comunicaciones de whatsApp del sindicato de Avianca, hecho que llevó a constatar que funcionarios de la Fiscalía chuzaron a los líderes de este grupo sindical. Por estos hechos fueron condenados el ex fiscal Fabio Martínez Lugo, el coordinador de interceptaciones de la Fiscalía, Luis Carlos Gómez Góngora y Laude Fernández, antigua cabeza del DAS que terminó asesorando a grandes compañías en Colombia, a través de la multinacional BRG Consulting. Hace un par de semanas, por las chuzadas que ordenó, la multinacional fue multada.
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Mientras el ex fiscal Martínez y Gómez Góngora eran procesados ante las autoridades, también revelaron en una carta enviada a la JEP otra serie de interceptaciones de las que fueron víctimas el ahora canciller Álvaro Leyva y la senadora Piedad Córdoba, que en el pasado estuvieron relacionadas con el proceso de paz con las Farc. En julio de 2020, la Fiscalía señaló que Leyva fue interceptado, entre febrero y abril de 2013, por miembros de la Dijín. Aunque en ese momento la vicefiscal Martha Mancera anunció investigaciones, hasta ahora no se conoce públicamente si algún miembro de la Policía está rindiendo cuentas ante las autoridades.
El grupo Negro
Desde hace casi seis años, la Fiscalía tiene indicios de una presunta red de corrupción enquistada en el más alto nivel de la Dirección Antinarcóticos de la Policía (Dirán). En marzo de 2017, un agente de contrainteligencia de la Policía narró a investigadores del CTI que un grupo de policías judiciales que se hace llamar “los del grupo Negro”, están detrás de graves casos de corrupción. El más grave de ellos, relató el agente, es que la estructura “Negro” tenía una fachada para interceptar teléfonos en expedientes que ellos manejaban a su antojo, no para procesar a los delincuentes, sino para escuchar sus conversaciones y poder extorsionarlos.
Según el testigo, quien también entregó estos detalles a la Inspección de la Policía, lo que supuestamente hacían estos policías era fabricar falsos testigos para cobrar recompensas por incautaciones de droga, aunque en realidad estos decomisos se conseguían por la información de las líneas intervenidas.
En junio de 2020, luego de varias publicaciones periodísticas sobre la existencia del grupo Negro, la propia Dirán confirmó que fue capturado un patrullero, relacionado con esas “chuzadas”, pero se negó a confirmar si había más uniformados relacionados con las interceptaciones ilegales. La Fiscalía General, por su parte, no tiene resultado sobre esta polémica investigación.
Las interceptaciones ilegales a periodistas
La existencia de una red interna de prostitución en la Policía fue el preludio de la renuncia de su director, el general (r) Rodolfo Palomino. Su salida ocurrió en febrero de 2016, pero durante sus últimos tres meses de administración enfrentó un escándalo de interceptaciones ilegales, cuyo principal blanco fueron los periodistas. Según se denunció en diciembre de 2015, un informante reveló a varios medios de comunicación que desde la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) se organizó un grupo de agentes para “chuzar” a periodistas, políticos y militares o policías, “con el pretexto de blindar el proceso de paz”, en ese momento, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.
El informante agregó que esas interceptaciones tuvieron como objetivo controlar a quienes se atrevieran a cuestionar a la Policía. Uno de los objetivos de alto valor fue la periodista Vicky Dávila, detrás de la revelación de los testimonios sobre la existencia de la red de prostitución conocida como la comunidad del anillo.
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Pero fueron más: Gustavo Gardeazábal, María del Rosario Arrázola, Claudia Morales y Daniel Coronell. Por este caso, la Fiscalía llamó a declarar a Palomino, y a otros altos oficiales, como a los generales Jorge Luis Vargas (ya retirado), quien también fue director de la Policía, y a William Salamanca, el hombre que hoy está en frente de la institución.
Uribe, la Ñeñe Política y la fiscal Noguera
Una de las interceptaciones más controvertidas en los últimos años fue la que el CTI de la Fiscalía hizo al expresidente Álvaro Uribe, en medio de la investigación que hizo la Corte Suprema de Justicia en su contra por, supuestamente, intentar torcer testigos. El alto tribunal reconoció que su número apareció a nombre del congresista Nilton Córdoba, investigado por el escándalo del cartel de la toga, pero que cuando se dieron cuenta de que las comunicaciones eran las de Uribe, cancelaron la orden de interceptación. Al final, nunca se supo cómo el número de celular del exmandatario terminó en ese expediente, ni tampoco la Corte Suprema investigó internamente los hechos.
En paralelo, se destapó la Ñeñepolítica. Una serie de interceptaciones telefónicas hechas desde la Policía que revelaron una supuesta entrada de dineros a la campaña de Iván Duque a la Presidencia de 2018 por parte de José “Ñeñe” Hernández, un ganadero que habría tenido vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Al poco tiempo de estallar el escándalo, se supo que los policías a cargo de esas interceptaciones habían intervenido ilegalmente las líneas telefónicas de subalternos, quienes eran sospechosos de hechos de corrupción en el interior de la Policía, en Cali. Hoy, ambos uniformados están libres, pero afrontan un juicio por estos hechos.
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El caso más reciente de chuzadas ejecutadas por la Policía vincula penalmente a una antigua destacada funcionaria de la Fiscalía: la exdelegada de Finanzas Criminales y exdirectora de extinción de Dominio, Ana Catalina Noguera. Lo que encontró el propio ente investigador es que la exfiscal ordenó chuzar a una mujer para establecer si tenía una relación amorosa con una de sus exparejas. En este lío terminaron vinculados tres policías, entre ellos, el coronel de la Dijín, Ricardo Alberto Durán, hombre clave en asuntos de lucha contra el narcotráfico, cercano a las agencias antidrogas de los Estados Unidos.
