La situación de Salvatore Mancuso un año después de recuperar su libertad

El 27 de marzo pasado, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, señalado de estar detrás de más de 70.000 hechos criminales entre 1995 y 2005, cumplió un año en libertad. Las autoridades han tenido más de 365 días para definir su futuro, pero hasta ahora, no han tenido éxito. Por el momento, los oficiales estadounidenses han recibido varias solicitudes de extradición, dos de deportación y una de asilo, procesos burocráticos y de práctica de pruebas que ha impedido establecer si su futuro está en Colombia, Italia, de donde es nacional, o en territorio norteamericano. Un año después de que cumpliera su pena por narcotráfico, su panorama sigue siendo incierto.

Mientras que el gobierno colombiano ha desplegado todo tipo de estrategias para tenerlo de nuevo en su suelo, en Estados Unidos el tema avanza en total sigilo. A finales de enero pasado, el Departamento de Estado le notificó a la Embajada de Colombia en Washington que no había ningún avance o decisión en relación “con las solicitudes de extradición presentadas por Colombia en contra del señor Mancuso Gómez”. La razón es que las autoridades de ese país estudian una solicitud de asilo. Para ellos, la prioridad es protegerlo de lo que, él mismo ha explicado, le espera si es enviado a territorio colombiano: un inminente atentado en su contra.

(En contexto: Salvatore Mancuso, entre una cárcel en Colombia o su plan de irse a Italia)

Mancuso no solo le ha explicado su situación a las autoridades norteamericanas, sino que también se lo hizo saber al presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux. En respuesta a un llamado que el comisionado le hizo al exparamilitar a comienzos de este mes, Mancuso recordó que desde hace varios años ha denunciado “una inocultable realidad, relacionada con la evidente e indiscutida posibilidad de que se adelanten atentados contra mi vida. Nunca habíamos visto a casi todo el aparato estatal perseguir política y jurídicamente a una persona, todo por lo incómodas que han sido y siguen siendo mis verdades”. Por su parte, De Roux insistió en la importancia de que el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) participe en la Comisión y pueda contar todo lo que sabe.

Su valor dentro de la construcción de ese informe, que tiene como objetivo esclarecer todo tipo de situaciones que ocurrieron durante la guerra en Colombia, es innegable. Salvatore Mancuso tiene detalles de filigrana de cómo y quiénes estuvieron detrás de la creación de las AUC, incluidos agentes Estatales y miembros de la Fuerza Pública. Además, tiene información de quién ordenó y estuvo detrás de masacres como la de El Aro en Antioquia, la de El Salado en Bolívar, la de Mapiripán en el Meta, y hasta cuáles fueron los círculos que rodearon la creación del bloque Capital en Bogotá, el capítulo menos explorado de los más de 50 años de conflicto en el país.

Mancuso, aunque fue quien le pidió a los agentes de Estados Unidos que lo deportaran a Italia, donde pidió asilo, le ha insistido a de Roux y a las víctimas que su compromiso es contar la verdad. Sus testimonios han sido claves en varias investigaciones que se han adelantado en el marco de Justicia y Paz, y por esa razón el gobierno de Colombia y su sistema judicial le dijeron a las autoridades estadounidenses por qué es tan importante que el exparamilitar sea enviado a Colombia. Lo hizo, por una parte, el Ministerio de Justicia, y por la otra, la magistrada del Tribunal de Bogotá, Alexandra Valencia Molina.

(Le puede interesar: El camino que Salvatore Mancuso ha trazado en busca de llegar a Italia)

La explicación de la cartera ministerial, que hoy dirige Wilson Ruiz, tuvo como base cinco preguntas que formuló el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que quiso saber cuántos años pagaría Mancuso de ser devuelto a Colombia; qué pasaría con él luego de cumplir esa pena; quién define cuándo ha cumplido todos los requerimientos del sistema de Justicia y Paz; y en qué caso podrían condenarlo a 40 años por perder los beneficios de ese modelo de justicia transicional. En sus respuestas, el Ministerio le aclaró a sus homólogos estadounidenses que la pena de Mancuso, al haberse acogido al referido sistema, no puede ser mayor a los ocho años, por más condenas que tenga en su contra.

La cartera de Justicia agregó que son las autoridades judiciales las encargadas de establecer cuándo cumple con todas las exigencias del sistema y que la decisión de si permanece en la cárcel o no debe provenir de un juez que estudie puntualmente el caso y establezca si Mancuso ha cometido algún delito, luego de su desmovilización en 2004. Por su parte, la magistrada Alexandra Valencia Molina, en su comunicación con Estados Unidos, fue mucho más allá que la explicación de Colombia sobre detalles procesales. La togada le envió a las autoridades estadounidenses un oficio de 14 páginas en el que les explicó, desde un punto de vista histórico, la importancia de Mancuso para aclarar lo ocurrido con grupos paramilitares.

Lo hizo desde su conocimiento de más de 30 años del sistema de Justicia y Paz y de los pormenores del conflicto. Sus declaraciones tienen todo el peso del caso: fue ella la magistrada que presidió la sala de togados que condenó por primera vez a Salvatore Mancuso en 2014, y la misma que, hace un año, pidió en extradición al exjefe paramilitar luego de que Estados Unidos anunciara que había cumplido su pena por narcotráfico. En su documento, la magistrada recordó que en la primera sentencia Mancuso fue condenado por 134 crímenes contra la población civil de la región del Catatumbo, cuando actuaba como comandante de la estructura paramilitar que bautizó con el nombre de Bloque Catatumbo.

Valencia Molina acompañó su declaración con mapas para ubicar las zonas de influencia de Mancuso, así como una línea del tiempo de todas las actuaciones judiciales en contra del exparamilitar. La magistrada aclaró que ella lo pidió en extradición, no solo por los compromisos que él tiene con el sistema de Justicia y Paz, sino “por los graves crímenes que cometió con ocasión al conflicto armado interno colombiano; además, por el riesgo que evada el sistema de justicia colombiana, luego que solicitara su deportación a Italia, donde resultaría imposible garantizar su regreso al país” pues Colombia no tiene un tratado de extradición con este país europeo.

(Lea también: Mancuso y “Timochenko” hablaron por primera vez sobre la verdad del conflicto)

La posibilidad de que el futuro de Mancuso esté en Italia y el gobierno colombiano se quede sin ninguna alternativa para regresarlo al país, tiene al ejecutivo en el borde de su asiento. La principal razón es que ese escenario sin salida se hubiera podido evitar pues, desde 2016, Colombia negoció con el país europeo un tratado de extradición. Lo hizo cuando Juan Manuel Santos todavía era presidente y María Ángela Holguín, como canciller, firmó los detalles de ese documento. Esa administración alcanzó, inclusive, a escribir el proyecto de ley que haría realidad ese tratado. Lo que pasó con esa iniciativa todavía no está claro.

Lo que se sabe ahora es que el año pasado, a raíz del escándalo que provocó la posibilidad de que Salvatore Mancuso fuera enviado a Italia, la exministra de Justicia, Margarita Cabello, le puso el acelerador al proyecto y fue presentado ante el Congreso. Hasta ahora, solo ha cumplido con un solo debate y se espera que en cualquier momento el tema vuelva a discusión en el capitolio, pues el propio gobierno Duque aseguró a comienzos de este año que ese proyecto de ley era una de sus prioridades. Sin embargo, mientras el proyecto no sea sancionado y la Corte Constitucional lo revise, si Estados Unidos decide enviar a Mancuso a Italia, Colombia no tendría cómo más buscar su extradición.

El escenario de la JEP

Tanto el gobierno Colombiano, como la magistrada Valencia Molina y el padre Franciso de Roux han insistido en la importancia de Mancuso en la búsqueda por la verdad de la guerra y el testimonio que de ella puede aportar el exparamilitar. Pese a que ni la togada ni el ejecutivo le plantearon a Estados Unidos la posibilidad de que Mancuso entre a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), lo cierto es que adentro de este sistema de justicia transicional ese escenario no es del todo descartable. Aunque el Acuerdo de Paz estableció que los paramilitares no tienen espacio en la JEP, recientes fallos de este tribunal le habrían abierto ese puesto a excombatientes como Mancuso.

La decisión más reciente se conoció este año, cuando el exsenador Álvaro el Gordo García logró ingresar a la jurisdicción alegando que había sido parte de la cúpula de las autodefensas en Sucre. El excongresista fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 40 años de prisión por ser uno de los autores de la masacre de Macayepo el 14 de octubre de 2000, en la que fueron asesinados por lo menos 12 campesinos. Pese a que duró más de dos años pidiendo pista en la JEP, y de que desde las negociaciones en La Habana quedó claro que paramilitares no podrían entrar, García lo logró. Algo que no han podido hacer otros excombatientes con prontuarios similares a los del exsenador.

(Le recomendamos leer: Hornos crematorios de las AUC, el capítulo de horror del que quiere hablar Mancuso)

En la decisión de aceptarlo, la JEP señaló que García podría entrar a su jurisdicción en calidad de tercero civil (financiador o colaborador), pues un paramilitar no necesariamente debía entenderse como un combatiente, sino que antes de tomar las armas, habría podido participar de estos grupos criminales. Puntualmente, lo que la jurisdicción ha sostenido es: “Los miembros de las autodefensas —incluso si llegaron a estar revestidos del estatus de combatiente— pueden comparecer si y sólo si, antes o después de portar armas, actuaron como terceros financiadores o colaboradores”, dice ese auto.

Aunque para muchos es claro que el caso de Salvatore Mancuso es diferente pues este claramente solo fue combatiente, con la postura que la JEP tomó en el caso del Gordo García, y en otras decisiones más, el espacio para los paramilitares en esta jurisdicción podría estar ampliándose. La principal razón radica en que la base de todo este sistema de justicia transicional son los derechos de las víctimas y la búsqueda de la verdad, reparación y no repetición. Y en esa fórmula, que es el cimiento de la JEP, lo que pueda contar Mancuso es esencial, además de los avances que podría aportar para la sociedad en general para entender el fenómeno paramilitar en el país.

Mancuso ya tocó las puertas de la JEP y, según sus declaraciones, está activamente trabajando en reuniones y encuentros con víctimas y la Comisión de la Verdad. Aunque en primera instancia ya las puertas se le cerraron en la JEP, su caso pasó a estudio a la Sección de Apelación. Sus integrantes han sido estrictos al rechazar cualquier expediente que hable de paramilitarismo. Si bien el exjefe ya perdió el primer asalto, ahora, con decisiones como la del Gordo García, su situación podría cambiar. Aunque en su solicitud de ingreso, que presentó en noviembre de 2017, lo hizo como miembro de grupos paramilitares, en enero del año pasado decidió cambiar su estatus y le aclaró a los magistrados que su rol era más bien como el de un tercero que financió y colaboró con las estructuras criminales antes del nacimiento de las AUC.

(Lea también: Salvatore Mancuso: “Ruego poder mostrarle a las víctimas quiénes están detrás de la guerra”)

El portal la Silla Vacía recordó en marzo pasado que con ese cambio Mancuso le dijo a la JEP que estaba listo para contar cómo fue la financiación de grupos paramilitares “por parte de grandes compañías” como Postobón, Chiquita Brands, Ecopetrol o Hyundai (empresas que siempre han negado apoyar el paramilitarismo); así como detalles del “apoyo que recibieron de las fuerzas militares y la Policía”. Su compromiso de contar lo que conoce de estos capítulos resulta clave para la jurisdicción especial, pero la Sección de Apelación tiene la última palabra.

De allí se conocerá la decisión de si la JEP se mantiene en que ningún paramilitar puede entrar o si, por el contrario, por el valor de sus testimonios, vale la pena hacerles espacio. Mientras su panorama en la jurisdicción especial se define, el balón para decidir el futuro inmediato de Mancuso está en Estados Unidos. Colombia ha presentado por lo menos cuatro solicitudes de extradición, pero la prioridad de los norteamericanos es si le brindan asilo o no. Un año después de recuperar su libertad, la decisión se podría conocer en cualquier momento. Por ahora, Salvatore Mancuso sigue bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional.

El 27 de marzo pasado, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, señalado de estar detrás de más de 70.000 hechos criminales entre 1995 y 2005, cumplió un año en libertad. Las autoridades han tenido más de 365 días para definir su futuro, pero hasta ahora, no han tenido éxito. Por el momento, los oficiales estadounidenses han recibido varias solicitudes de extradición, dos de deportación y una de asilo, procesos burocráticos y de práctica de pruebas que ha impedido establecer si su futuro está en Colombia, Italia, de donde es nacional, o en territorio norteamericano. Un año después de que cumpliera su pena por narcotráfico, su panorama sigue siendo incierto.

Mientras que el gobierno colombiano ha desplegado todo tipo de estrategias para tenerlo de nuevo en su suelo, en Estados Unidos el tema avanza en total sigilo. A finales de enero pasado, el Departamento de Estado le notificó a la Embajada de Colombia en Washington que no había ningún avance o decisión en relación “con las solicitudes de extradición presentadas por Colombia en contra del señor Mancuso Gómez”. La razón es que las autoridades de ese país estudian una solicitud de asilo. Para ellos, la prioridad es protegerlo de lo que, él mismo ha explicado, le espera si es enviado a territorio colombiano: un inminente atentado en su contra.

(En contexto: Salvatore Mancuso, entre una cárcel en Colombia o su plan de irse a Italia)

Mancuso no solo le ha explicado su situación a las autoridades norteamericanas, sino que también se lo hizo saber al presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux. En respuesta a un llamado que el comisionado le hizo al exparamilitar a comienzos de este mes, Mancuso recordó que desde hace varios años ha denunciado “una inocultable realidad, relacionada con la evidente e indiscutida posibilidad de que se adelanten atentados contra mi vida. Nunca habíamos visto a casi todo el aparato estatal perseguir política y jurídicamente a una persona, todo por lo incómodas que han sido y siguen siendo mis verdades”. Por su parte, De Roux insistió en la importancia de que el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) participe en la Comisión y pueda contar todo lo que sabe.

Su valor dentro de la construcción de ese informe, que tiene como objetivo esclarecer todo tipo de situaciones que ocurrieron durante la guerra en Colombia, es innegable. Salvatore Mancuso tiene detalles de filigrana de cómo y quiénes estuvieron detrás de la creación de las AUC, incluidos agentes Estatales y miembros de la Fuerza Pública. Además, tiene información de quién ordenó y estuvo detrás de masacres como la de El Aro en Antioquia, la de El Salado en Bolívar, la de Mapiripán en el Meta, y hasta cuáles fueron los círculos que rodearon la creación del bloque Capital en Bogotá, el capítulo menos explorado de los más de 50 años de conflicto en el país.

Mancuso, aunque fue quien le pidió a los agentes de Estados Unidos que lo deportaran a Italia, donde pidió asilo, le ha insistido a de Roux y a las víctimas que su compromiso es contar la verdad. Sus testimonios han sido claves en varias investigaciones que se han adelantado en el marco de Justicia y Paz, y por esa razón el gobierno de Colombia y su sistema judicial le dijeron a las autoridades estadounidenses por qué es tan importante que el exparamilitar sea enviado a Colombia. Lo hizo, por una parte, el Ministerio de Justicia, y por la otra, la magistrada del Tribunal de Bogotá, Alexandra Valencia Molina.

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La explicación de la cartera ministerial, que hoy dirige Wilson Ruiz, tuvo como base cinco preguntas que formuló el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que quiso saber cuántos años pagaría Mancuso de ser devuelto a Colombia; qué pasaría con él luego de cumplir esa pena; quién define cuándo ha cumplido todos los requerimientos del sistema de Justicia y Paz; y en qué caso podrían condenarlo a 40 años por perder los beneficios de ese modelo de justicia transicional. En sus respuestas, el Ministerio le aclaró a sus homólogos estadounidenses que la pena de Mancuso, al haberse acogido al referido sistema, no puede ser mayor a los ocho años, por más condenas que tenga en su contra.

La cartera de Justicia agregó que son las autoridades judiciales las encargadas de establecer cuándo cumple con todas las exigencias del sistema y que la decisión de si permanece en la cárcel o no debe provenir de un juez que estudie puntualmente el caso y establezca si Mancuso ha cometido algún delito, luego de su desmovilización en 2004. Por su parte, la magistrada Alexandra Valencia Molina, en su comunicación con Estados Unidos, fue mucho más allá que la explicación de Colombia sobre detalles procesales. La togada le envió a las autoridades estadounidenses un oficio de 14 páginas en el que les explicó, desde un punto de vista histórico, la importancia de Mancuso para aclarar lo ocurrido con grupos paramilitares.

Lo hizo desde su conocimiento de más de 30 años del sistema de Justicia y Paz y de los pormenores del conflicto. Sus declaraciones tienen todo el peso del caso: fue ella la magistrada que presidió la sala de togados que condenó por primera vez a Salvatore Mancuso en 2014, y la misma que, hace un año, pidió en extradición al exjefe paramilitar luego de que Estados Unidos anunciara que había cumplido su pena por narcotráfico. En su documento, la magistrada recordó que en la primera sentencia Mancuso fue condenado por 134 crímenes contra la población civil de la región del Catatumbo, cuando actuaba como comandante de la estructura paramilitar que bautizó con el nombre de Bloque Catatumbo.

Valencia Molina acompañó su declaración con mapas para ubicar las zonas de influencia de Mancuso, así como una línea del tiempo de todas las actuaciones judiciales en contra del exparamilitar. La magistrada aclaró que ella lo pidió en extradición, no solo por los compromisos que él tiene con el sistema de Justicia y Paz, sino “por los graves crímenes que cometió con ocasión al conflicto armado interno colombiano; además, por el riesgo que evada el sistema de justicia colombiana, luego que solicitara su deportación a Italia, donde resultaría imposible garantizar su regreso al país” pues Colombia no tiene un tratado de extradición con este país europeo.

(Lea también: Mancuso y “Timochenko” hablaron por primera vez sobre la verdad del conflicto)

La posibilidad de que el futuro de Mancuso esté en Italia y el gobierno colombiano se quede sin ninguna alternativa para regresarlo al país, tiene al ejecutivo en el borde de su asiento. La principal razón es que ese escenario sin salida se hubiera podido evitar pues, desde 2016, Colombia negoció con el país europeo un tratado de extradición. Lo hizo cuando Juan Manuel Santos todavía era presidente y María Ángela Holguín, como canciller, firmó los detalles de ese documento. Esa administración alcanzó, inclusive, a escribir el proyecto de ley que haría realidad ese tratado. Lo que pasó con esa iniciativa todavía no está claro.

Lo que se sabe ahora es que el año pasado, a raíz del escándalo que provocó la posibilidad de que Salvatore Mancuso fuera enviado a Italia, la exministra de Justicia, Margarita Cabello, le puso el acelerador al proyecto y fue presentado ante el Congreso. Hasta ahora, solo ha cumplido con un solo debate y se espera que en cualquier momento el tema vuelva a discusión en el capitolio, pues el propio gobierno Duque aseguró a comienzos de este año que ese proyecto de ley era una de sus prioridades. Sin embargo, mientras el proyecto no sea sancionado y la Corte Constitucional lo revise, si Estados Unidos decide enviar a Mancuso a Italia, Colombia no tendría cómo más buscar su extradición.

El escenario de la JEP

Tanto el gobierno Colombiano, como la magistrada Valencia Molina y el padre Franciso de Roux han insistido en la importancia de Mancuso en la búsqueda por la verdad de la guerra y el testimonio que de ella puede aportar el exparamilitar. Pese a que ni la togada ni el ejecutivo le plantearon a Estados Unidos la posibilidad de que Mancuso entre a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), lo cierto es que adentro de este sistema de justicia transicional ese escenario no es del todo descartable. Aunque el Acuerdo de Paz estableció que los paramilitares no tienen espacio en la JEP, recientes fallos de este tribunal le habrían abierto ese puesto a excombatientes como Mancuso.

La decisión más reciente se conoció este año, cuando el exsenador Álvaro el Gordo García logró ingresar a la jurisdicción alegando que había sido parte de la cúpula de las autodefensas en Sucre. El excongresista fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 40 años de prisión por ser uno de los autores de la masacre de Macayepo el 14 de octubre de 2000, en la que fueron asesinados por lo menos 12 campesinos. Pese a que duró más de dos años pidiendo pista en la JEP, y de que desde las negociaciones en La Habana quedó claro que paramilitares no podrían entrar, García lo logró. Algo que no han podido hacer otros excombatientes con prontuarios similares a los del exsenador.

(Le recomendamos leer: Hornos crematorios de las AUC, el capítulo de horror del que quiere hablar Mancuso)

En la decisión de aceptarlo, la JEP señaló que García podría entrar a su jurisdicción en calidad de tercero civil (financiador o colaborador), pues un paramilitar no necesariamente debía entenderse como un combatiente, sino que antes de tomar las armas, habría podido participar de estos grupos criminales. Puntualmente, lo que la jurisdicción ha sostenido es: “Los miembros de las autodefensas —incluso si llegaron a estar revestidos del estatus de combatiente— pueden comparecer si y sólo si, antes o después de portar armas, actuaron como terceros financiadores o colaboradores”, dice ese auto.

Aunque para muchos es claro que el caso de Salvatore Mancuso es diferente pues este claramente solo fue combatiente, con la postura que la JEP tomó en el caso del Gordo García, y en otras decisiones más, el espacio para los paramilitares en esta jurisdicción podría estar ampliándose. La principal razón radica en que la base de todo este sistema de justicia transicional son los derechos de las víctimas y la búsqueda de la verdad, reparación y no repetición. Y en esa fórmula, que es el cimiento de la JEP, lo que pueda contar Mancuso es esencial, además de los avances que podría aportar para la sociedad en general para entender el fenómeno paramilitar en el país.

Mancuso ya tocó las puertas de la JEP y, según sus declaraciones, está activamente trabajando en reuniones y encuentros con víctimas y la Comisión de la Verdad. Aunque en primera instancia ya las puertas se le cerraron en la JEP, su caso pasó a estudio a la Sección de Apelación. Sus integrantes han sido estrictos al rechazar cualquier expediente que hable de paramilitarismo. Si bien el exjefe ya perdió el primer asalto, ahora, con decisiones como la del Gordo García, su situación podría cambiar. Aunque en su solicitud de ingreso, que presentó en noviembre de 2017, lo hizo como miembro de grupos paramilitares, en enero del año pasado decidió cambiar su estatus y le aclaró a los magistrados que su rol era más bien como el de un tercero que financió y colaboró con las estructuras criminales antes del nacimiento de las AUC.

(Lea también: Salvatore Mancuso: “Ruego poder mostrarle a las víctimas quiénes están detrás de la guerra”)

El portal la Silla Vacía recordó en marzo pasado que con ese cambio Mancuso le dijo a la JEP que estaba listo para contar cómo fue la financiación de grupos paramilitares “por parte de grandes compañías” como Postobón, Chiquita Brands, Ecopetrol o Hyundai (empresas que siempre han negado apoyar el paramilitarismo); así como detalles del “apoyo que recibieron de las fuerzas militares y la Policía”. Su compromiso de contar lo que conoce de estos capítulos resulta clave para la jurisdicción especial, pero la Sección de Apelación tiene la última palabra.

De allí se conocerá la decisión de si la JEP se mantiene en que ningún paramilitar puede entrar o si, por el contrario, por el valor de sus testimonios, vale la pena hacerles espacio. Mientras su panorama en la jurisdicción especial se define, el balón para decidir el futuro inmediato de Mancuso está en Estados Unidos. Colombia ha presentado por lo menos cuatro solicitudes de extradición, pero la prioridad de los norteamericanos es si le brindan asilo o no. Un año después de recuperar su libertad, la decisión se podría conocer en cualquier momento. Por ahora, Salvatore Mancuso sigue bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional.