La tutela que pondría en jaque a las Zonas Futuro

Un grupo de congresistas y varias organizaciones de derechos humanos aseguran que en cinco zonas del país se estaría violando el derecho a la consulta previa de comunidades afectadas por la implementación del Acuerdo de Paz. Además, explicaron que, con la presencia de tropas estadounidenses y colombianas, se está violando también su derecho a vivir en paz.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una insistencia del magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares abriría la puerta a que una acción de tutela presentada por congresistas de la oposición y organizaciones de derechos humanos sea analizada por el alto tribunal. El estudio obedece al enfoque militar que tiene la iniciativa del actual Gobierno sobre cinco zonas del país. El presidente Iván Duque, a través del Decreto 2278 de 2019, reglamentó que las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) o comúnmente conocidas como Zonas Futuro podrán ser intervenidas por instituciones del Estado para transformar los territorios que han sido afectados por la violencia.

Lo que asegura la acción de tutela, interpuesta por algunos senadores como Iván Cepeda y organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear (Cajar), la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense, entre otros grupos, es la implementación de los Planes Especiales de Intervención Integral (PEII), que resalta la “visión militarizada de la seguridad” en el Catatumbo, el Bajo Cauca, el sur de Córdoba, el Pacífico nariñense y Arauca -los cinco lugares priorizados con la iniciativa-. Si bien los tutelantes coinciden en que la norma ya pasó el control constitucional de forma condicionada, con esa intención el Gobierno estaría negando la visión de seguridad que contiene el Acuerdo Final de Paz firmado con las extintas Farc.

Aunque el gobierno Duque ha dicho que tiene previsto articular su iniciativa de Zonas Futuro con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que brindan una estrategia de participación ciudadana y transformación del campo, para los tutelantes esa intención no es del todo clara. Según un recurso judicial, una vez empezaron a funcionar las Zonas Futuro en el Pacífico nariñense, se desconoció el proceso de consulta previa con la comunidad para llegar a un consenso sobre la intención de erradicar los cultivos ilícitos con el glifosato. De ahí que consideren que la aplicación de esas Zonas Futuro solo ha traído el incumplimiento de la sustitución voluntaria de la comunidad, pues dicen han aumentado los operativos de erradicación forzada y aspersión manual del glifosato, lo que incrementó el aumento en el pie de fuerza con militares en la zona.

Los tutelantes reprochan, entre otras cosas, que los PEII no fueron consultados ni construidos con las comunidades que habitan esos territorios y que, de alguna forma, no fueron articulados siguiendo los lineamientos de la Corte Constitucional, pues cuando la norma pasó a control, en 2020, se estableció que la iniciativa solo podría tener aval si su implementación se hacía bajo la coordinación y participación de las comunidades. En otras palabras, la tutela asegura que el Gobierno está incumpliendo lo ya dicho por el alto tribunal. Además de sus denuncias sobre la consulta previa, la tutela habla de un tema adicional: la presencia de militares extranjeros en estas zonas.

En la demanda que ahora podría pasar a revisión de la Corte, los demandantes aseguran que el año pasado se registró el ingreso de 53 militares de tropas estadounidenses a estos cinco territorios del país. En ese entonces el Gobierno dijo que la presencia obedecía a la agenda bilateral que se marcó entre Colombia y Estados Unidos para mitigar los efectos del narcotráfico. No obstante, para los tutelantes esta iniciativa fue equivocada debido a que la intención es “apostarle a una política de seguridad nacional restringida que afecta la estabilidad territorial colombiana e impacta gravemente la implementación del Acuerdo de Paz”.

Lo que dice el documento es que a las comunidades se les ha vulnerado el derecho a la consulta previa por parte del Gobierno, por no indagar sobre la presencia de las tropas norteamericanas para apoyar las labores de erradicación. Para los senadores y las organizaciones demandantes ninguna de las estrategias que vincule a tropas estadounidenses favorece los efectos a largo plazo para reducir el narcotráfico y avanzar en el proceso de la construcción de paz. “Es importante insistir en que las Zonas Futuro, además de haber sido creadas sin contar con la participación activa y eficaz ni el consentimiento libre, previo e informado de todas las poblaciones afectadas, las actividades y operaciones priorizadas en cada una de esas ZEII se realizan incluso en contra de los intereses de los pobladores de las subregiones”.

Para los tutelantes, aunque han perdido en primera y en segunda instancia al considerar que no había vulneración de derechos humanos, la pelea continúa. No solo porque reiteran que en estas cinco zonas del país se estaría violando el derecho a la consulta previa de las comunidades, sino porque aseguran que, mientras la justicia no ampare esos derechos, se les estaría violando su derecho a la paz. No solo por el ingreso de las tropas extranjeras, sino que también se aumentó el pie de fuerza en esas zonas. De ahí que soliciten una medida provisional para que, hasta que la iniciativa se someta a una consulta previa, las labores en las Zonas Futuro no sigan avanzando.

Además de la tutela de los congresistas y abogados, la discusión sobre el tema de las ZEII ya tiene un interés particular dentro de la Corte Constitucional. El magistrado Alejandro Linares presentó una insistencia ante sus compañeros en la que dejó consignados sus argumentos de por qué es importante que el alto tribunal revise este recurso. De entrada, el jurista explicó que se trata de un tema novedoso para la Corte. También anotó que se trata de un expediente en el que el alto tribunal podría aplicar un enfoque diferencial sobre cómo se debe proteger el derecho a la consulta previa en comunidades especialmente marcadas por la firma del Acuerdo de Paz.

“El caso propuesto al menos cumpliría con dos criterios de selección: asunto novedoso y necesidad de materializar un enfoque diferencial (…) los argumentos permitirían a la Corte Constitucional estudiar si, a la luz de lo dispuesto en la sentencia C-040 de 2020, la participación de las comunidades que habitan las ZEII objeto de la presente acción constitucional y que son objeto de las medidas previstas en los PDET, está siendo garantizado o no por las autoridades responsables de ejecutar las diversos planes y políticas en las zonas referidas, y si para tal efecto se requiere acudir a los procedimientos y prerrogativas propias del derecho fundamental a la consulta previa”, dijo el magistrado en su insistencia.

La próxima sala de selección de tutelas se llevará a cabo finalizando septiembre y será precedida por Linares. En ese momento se sabrá si el expediente, que involucra a las más altas esferas del Gobierno y de la Fuerza Pública, será elegido para la revisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional o si también tendrá el mismo resultado fallido que tuvo en primera y segunda instancias, y toda la política del gobierno Duque queda intocable.

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