La crisis humanitaria que hoy enfrentan las comunidades indígenas de Aracataca (Magdalena) es, en parte, el resultado de alertas ignoradas por el Gobierno. Así lo señalan líderes en la zona, organizaciones de derechos humanos e incluso la misma Defensoría del Pueblo, que ya había advertido en dos ocasiones en 2025 sobre el acelerado deterioro de la seguridad para la población.
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Este panorama responde a la guerra de dos actores puntuales: las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo. Los intentos de este último por entrar en el territorio sometido por las ACSN han dejado a las comunidades en medio de fuego cruzado, en el que fueron asesinadas recientemente tres personas.
“La Sierra ha estado en alerta roja desde hace mucho tiempo. Lo que está pasando es el desborde de algo que realmente no se ha asumido con responsabilidad y con transparencia por parte de las autoridades. En Magdalena se ha tratado de apaciguar un poco esa situación, pero ya ha llegado un momento en que ya no se puede ocultar”, manifestó un líder indígena de la Sierra Nevada que, por su seguridad, pidió omitir su nombre. En diálogo con El Espectador, señaló que muy pocas personas se atreven a denunciar porque los “tienen en la mira. Sabiendo eso, ¿quién va a denunciar todos los atropellos y situaciones que pasan acá en la Sierra?”.
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Un niño de seis años y un adulto de 92 años fueron dos de las víctimas mortales, además de la cifra de heridos, que fue aumentando desde el pasado 6 y 7 de marzo, cuando se registraron los últimos combates entre estos grupos armados. Aunque el Ejército todavía no tenía claro el número de heridos, al no haber logrado ingresar aún a la zona, la Defensoría señaló el 8 de marzo que se trataría de al menos seis civiles heridos, pertenecientes al pueblo indígena arhuaco, entre ellos otro niño de seis años.
El último reporte del gobernador del cabildo arhuaco de los departamentos de Magdalena y La Guajira, Luis Salcedo Zalabata, dijo que en total fueron 11 los heridos evacuados en un corredor humanitario del Ejército, el pasado 10 de marzo. El despliegue de tres aeronaves para brindar primeros auxilios a la comunidad llegó dos días después de la solicitud de la Defensoría de abrir un espacio para que “actores humanitarios” pudieran sacar a los heridos y los cuerpos del lugar.
Una solicitud que ya había sido emitida desde el pasado 24 de febrero por la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (Pdibal), que denunció que entre ocho y diez cuerpos permanecían tendidos a un costado de los caminos veredales de la parte alta de Aracataca, sin que ninguna autoridad haya realizado el levantamiento técnico. Estos cuerpos serían de integrantes de los grupos que murieron en medio de los combates intermitentes que se registran desde el pasado 17 de febrero.
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El líder indígena señaló a este diario que “para nadie es secreto el tema de la presencia de los grupos”, especialmente de las ACSN, que controlan con extorsiones todos los “sectores económicos y la organización de campesinos e indígenas”.
De acuerdo con el líder, “todo tiene que ser informado y aprobado por los grupos armados”, quienes a su vez organizan las “juntas de acción comunal” e incluso le dicen a las personas por quiénes votar: “En la Sierra no va a encontrar una pancarta política diferente a lo que los grupos dicen. Esta serie de situaciones es el resultado de que en este momento se están usando como escudo a los pueblos indígenas y ya no se respeta la vida de la población”.
Fuentes en territorio le dijeron a este diario que las ACSN han instalado en la región una narrativa de que “si ellos no están para protegernos, pues va a venir otro grupo y son peores. Entonces algunas personas creen que los grupos nos tienen que defender. Por eso las comunidades no están teniendo un pronunciamiento unánime que rechace o pida que se resuelva la presencia de los grupos armados en los territorios indígenas. Pero estamos hablando de grupos armados que, con discurso de proteger, también incurren en acciones ilegales. Si las autoridades indígenas no entienden el horizonte y la profundidad de este conflicto, seguiremos inmersos en esta situación y las cosas van a continuar así”.
El financiamiento de estos combates que hoy azotan a la comunidad indígena Serankwa, del pueblo indígena arhuaco, se ha sostenido en principal medida en el cobro de vacunas. “El turismo en la Sierra Nevada trajo crecimiento, pero no desde una autonomía de las organizaciones campesino-indígenas, sino con el control territorial”, señaló el líder.
Esta maquinaria de extorsión, que incluso “impone peajes en las veredas”, llevó al cierre del Parque Tayrona por 17 días, luego de que hombres armados intimidaron a trabajadores de Parques Nacionales Naturales (PNN). Según las fuentes consultadas por este diario, si bien el turismo es un motor de la economía en ese territorio, también “financia y sostiene a las ACSN”.
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Ante un conflicto que cada vez golpea con mayor fuerza a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, incluso pasando por alto su cosmogonía y sus territorios sagrados con el desplazamiento de 46 familias a finales de febrero de este año, la Defensoría del Pueblo pidió coherencia a las ACSN y al Clan del Golfo, pues ambos grupos mantienen mesas de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro en el marco de la política de Paz Total.
Y aunque han firmado acuerdos para no afectar a la población civil, estas acciones violentas en Aracataca muestran “la consumación de los riesgos advertidos” por la Defensoría. “Mientras el Estado realmente no ponga esta situación al descubierto y resuelva esto desde la transparencia, las comunidades y las autoridades indígenas no podrán recobrar esa autonomía de organización en la Sierra Nevada”, concluyó el líder.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Valentina Gutiérrez Restrepo
