Cuando Nilson Hernández Barrera era personero de Aguachica (Cesar), el 15 de julio de 2025 a su despacho llegó un sobre de manila con seis balas y un mensaje: “Se va de la Personería o la próxima se las meto en su cabeza”. La advertencia de muerte se sumó a seguimientos, atentados y amenazas en contra suya y su familia. Casi un año después del hecho, no se sabe quién está detrás y por qué quieren matarlo. El abogado buscó por más de un año que el Estado los protegiera, pero solo ha recibido respuestas a medias. Para él, lo que Colombia ha hecho ha sido tan poco que recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger su vida y la de sus familiares.
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La instancia internacional se fijó en su caso y a través de un auto de 11 páginas ordenó una serie de medidas para protegerlo, al evidenciar que el Estado no ha hecho lo suficiente por su seguridad. Al analizar el caso de Hernández Barrera, la Comisión señaló que las amenazas constituyen la forma más recurrente de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y con liderazgo político y social, justamente como él. Además, la CIDH advirtió que “la Unidad Nacional de Protección (UNP) enfrentaría graves limitaciones para implementar medidas eficaces” en su protección y anotó que considera problemático que Colombia no tenga información para identificar a quienes han amenazado con matarlo.
“Está suficientemente demostrado que los derechos a la vida e integridad personal del propuesto beneficiario (Hernández Barrera) se encuentran en una situación de grave riesgo, en un contexto caracterizado por la persistencia de amenazas, la materialización de actos de violencia en su contra y los alegatos de insuficiencia de las medidas adoptadas para mitigar dicho riesgo”, puntualizó la Comisión sobre el caso del expersonero. Para llegar a esta decisión, la CIDH tuvo en cuenta la cronología de hechos de violencia que han vivido él y su familia desde el 5 de febrero de 2025, el día que recibió la primera amenaza cuando todavía estaba en el cargo de la Personería de Aguachica.
A través de mensajes de texto, a Nilson Hernández lo señalaron de “sapo” y “colaborador de los policías”. También fue intimidado y le exigieron que abandonara su cargo, dándole entre 24 y 72 horas para dejar el municipio en el que nació y creció. El 20 de abril de ese año, las intimidaciones se extendieron a su familia: su padre fue interceptado por hombres en motocicleta, quienes reiteraron la exigencia de que el funcionario saliera de la zona. Entre febrero y abril, el entonces personero interpuso al menos cinco denuncias ante la Fiscalía. Sin embargo, las investigaciones, dice la CIDH, no registran avances y los responsables de las amenazas siguen sin ser identificados.
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El terror siguió, pese al aviso a las autoridades. El 3 de junio de 2025, Hernández Barrera recibió un mensaje de texto que decía: “Le damos 72 horas para que renuncie a su cargo y se largue de Aguachica por sapo, maldito perro. Lo vamos a matar y a picar en pedacitos por meterse con nuestra organización. Malparido, sabemos quién es su familia: su papá, su mamá, su hermana. Si no hace caso, también los exterminamos”. En la amenaza, los autores advirtieron que Nilson Hernández ya estaba “pago” y que el esquema de protección asignado el 13 de enero por la UNP, consistente en un escolta y un chaleco antibalas, no sería suficiente para garantizar su seguridad ni la de su familia.
“Yo era una persona muy sociable, tenía muchos amigos y sigo siendo muy cercano a mi familia. Por eso, ha sido complicado para mí que los haya expuesto a este tipo de situaciones tan complicadas”, relató Hernández Barrera en diálogo con este diario. Aunque él prefiere no hablar sobre qué lo puso en riesgo, en su caso hay pistas. En Aguachica es un hombre reconocido por su trabajo como líder social y porque, luego de la masacre de una familia de pastores cristianos en diciembre de 2024, el entonces personero denunció públicamente lo ocurrido. Luego de su aparición en televisión para denunciar el caso, empezó a recibir las primeras amenazas.
Ante la constante situación de riesgo, el propio Hernández Barrera presentó varias solicitudes para fortalecer su esquema de seguridad. Sin embargo, la UNP no le dio una respuesta favorable. Por eso, el expersonero también recurrió a los jueces y presentó varias tutelas en búsqueda de auxilio. En medio de su batalla judicial, el 23 de octubre de 2025 el Tribunal Administrativo del Cesar ordenó a la Unidad realizar una reevaluación integral y actualizada de su nivel de riesgo y, con base en ella, asignar las medidas de seguridad necesarias para preservar su vida. “Esto me ha enseñado a ser más prudente y selectivo en los entorno para cuidar a las personas que lo quieren a uno”, agregó Hernández Barrera.
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Aunque para octubre Nilson Hernández tuvo que dejar el cargo como personero, pues el Consejo de Estado anuló su elección por errores en el concurso de méritos, los ataques continuaron. El 27 de ese mes, el exfuncionario reportó el primer ataque armado en su contra, cuando se desplazaba desde el corregimiento de Buturama hacia Aguachica, en compañía del hombre de protección de la UNP. Según le contó a El Espectador, hubo un cruce de disparos y, “gracias a la experticia del hombre de protección”, ambos resultaron ilesos. “Ahí es cuando nos damos cuenta de que los atentados no eran por mi cargo como personero”, aseguró.
El último hecho criminal ocurrió el 18 de febrero de 2026, cerca de la 1:30 de la tarde, cuando el expersonero fue abordado por un hombre que lo amenazó con una pistola y le dio un plazo de 24 horas para abandonar el municipio. Aunque el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y de la UNP, tampoco hay responsables identificados. Ante este panorama de amenazas y atentados, la CIDH le solicitó al Estado adoptar las acciones necesarias para proteger los derechos de Nilson Hernández Barrera a la vida e integridad, así como garantizar que el líder social pueda desarrollar sus actividades “sin ser objeto de amenazas, hostigamientos u otros hechos de violencia en el ejercicio de sus labores”.
Sin embargo, el exfuncionario aseguró que la UNP aún no ha hecho la reevaluación de su situación ni de la de su familia que ordenó la Comisión. Tras la última amenaza, el expersonero se vio obligado a salir de su territorio. Desde entonces, se desplaza entre varios municipios del Cesar, a la espera de poder regresar algún día a Aguachica sin miedo.
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Por Ana Sofía Montes Peláez
