Un año y cuatro meses después de que la Corte Constitucional emitiera la sentencia en la que declaró estado de cosas inconstitucional la crítica situación de seguridad que viven los excombatientes de las Farc, la Sala de Seguimiento de esa alta corte citó a una nueva audiencia para conocer el estado de seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz en 2016.
Durante la audiencia hablaron representantes del Gobierno, como el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el alto comisionado de paz, Danilo Rueda. También tuvo su turno la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), compuesta por los firmantes del acuerdo. Desde ambas aristas se expusieron argumentos sobre la seguridad de los excombatientes.
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Mientras que desde el Gobierno aseguran que las medidas se deben fortalecer, los representantes de la CSIVI señalan que las amenazas contra sus vidas y las de sus familias son constantes, por lo que hicieron varios pedidos a las instituciones.
Esta nueva diligencia tuvo el objetivo de conocer los casos de desplazamiento forzado y hostigamiento que se han perpetrado en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) y en las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), pues se han recibido reportes de afectaciones a los excombatientes en departamentos como Meta y Tolima.
“Por un lado, este enfoque incluye asegurar el monopolio de la fuerza a cargo del Estado, el control territorial y la seguridad tanto de los espacios en los que habitan los firmantes como de sus asociaciones, liderazgos y proyectos productivos”, señala la Corte. Y añade: “También implica garantizar las condiciones que le permitan a los y las firmantes del Acuerdo Final de Paz superar su situación de vulnerabilidad tras deponer las armas, llevar una vida plena libre de estigmatización y formar parte del tejido social”.
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¿Qué dijeron los representantes del Gobierno?
A eso de las 8:30 de la mañana, el primero en pararse en el atril fue el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Su intervención inició haciendo referencia a la situación de seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz. De acuerdo con el jefe de la cartera, desde la firma del tratado en 2016, han sido asesinados 358 firmantes en proceso de reincorporación. Al centrarse en la actual administración del presidente Gustavo Petro, Velásquez señaló que han sido 39 las afectaciones en contra de la población firmante: 24 homicidios, 13 tentativas de homicidio y dos desapariciones forzadas.
“Para el año anterior en el mismo período se presentaron 55 afectaciones, lo que representaría una reducción del 29% durante esta administración, principalmente en el homicidio”, agregó el ministro. Velásquez aseguró que se ha incluido a la población firmante en la política del Gobierno sobre seguridad, defensa y convivencia, que busca fortalecer la seguridad en áreas rurales, con el objetivo de recuperar el control de los territorios y así evitar la regeneración de la violencia.
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Para mejorar las condiciones de protección de los firmantes, el ministro aseguró que se basan en siete estrategias principales: aportar a la paz total; la desarticulación de las organizaciones armadas ilegales; la priorización del territorio; el avance en la seguridad urbana; el abordaje al problema mundial de las drogas; el avance en la seguridad rural; y la articulación de nación y territorio.
Luego se refirió a los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR). Aseguró que la situación de seguridad de esos antiguos espacios está cubierta pues, aunque ya no cuentan con viabilidad jurídica, la Fuerza Pública ha mantenido los dispositivos de seguridad.
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“Las Fuerzas Militares mantienen dentro de sus objetivos estratégicos la protección de la población, la gobernabilidad, y un objetivo intermedio que se vincula con apoyar la implementación del Acuerdo Final con las Farc, y obedeciendo las líneas estratégicas del plan de seguridad y protección de personas en proceso de reincorporación, mantienen la permanencia de los dispositivos de seguridad en los AETCR”, señaló.
Según el ministro, para que esa protección se vea materializada, el país cuenta actualmente con 1.333 efectivos de la fuerza pública en 42 pelotones al servicio de la seguridad de los 24 AETCR y un predio reubicado. “La seguridad se presta en cercanía a los AETCR a distancias estratégicas, efectuando dispositivos dinámicos en coordinación con la Policía y la Unidad Nacional de Protección (UNP)”.
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El jefe de la cartera de Defensa no solo se refirió a los términos de fortalecimiento de seguridad a la población en proceso de reincorporación. También resaltó la importancia de hacer pedagogía para la no estigmatización a los excombatientes y aseguró que se dictarán talleres para hacer frente a los casos de discriminación. Así mismo, puso en manos de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep) el despliegue de la oferta institucional en jurisdicción de los 24 antiguos espacios territoriales.
Respecto a las operaciones de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de quienes habitan los AETCR, el ministro explicó que desde 2022 se han adelantado más de 8.000 patrullajes a pie en las inmediaciones de esos espacios. Según sus cifras, los patrullajes en vehículo han llegado a 216.
“También se han presentado 44 afectaciones a la Fuerza Pública durante estos ejercicios desde la firma del acuerdo. En 2023, precisamente, se han presentado dos ataques contra las unidades militares que cubren espacios de reincorporación”, agregó el ministro.
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Las cuentas de Velásquez indican que, desde 2018, se han presentado ocho sucesos de afectación a firmantes en los espacios de reincorporación. En ese año, dijo, se presentaron dos tentativas de homicidio en los AETCR de La Pradera (Putumayo) y Filipinas (Arauca); en 2019, un homicidio en el espacio de La Guajira (ubicado en Meta); en 2020 se presentaron dos homicidios, uno en La Guajira y otro en Las Colinas (Guaviare); en 2021, una tentativa de homicidio en Tumaco (Nariño) y en 2022 una tentativa en ese mismo municipio y un homicidio en El Oso (Tolima).
“Actualmente existen 15 AETCR que se encuentran en la categoría de alto riesgo, nueve en mediano riesgo y ninguno en bajo riesgo, pues en todos hay presencia de grupos armados organizados”, señaló Velásquez, quien aseguró que el Gobierno determinó la priorización de seis de estos espacios debido a las serias afectaciones producidas por estructuras ilegales, sobre todo en Cauca, Putumayo, Antioquia y Meta.
En términos de presupuesto, el jefe de cartera señaló que se asignaron más de $420.000 millones anuales para proteger a los firmantes de la paz. Al terminar su intervención, la magistrada Cristina Pardo de la Corte Constitucional cuestionó la efectividad de la protección a firmantes, tras el levantamiento del cese al fuego con el Estado Mayor Central, las disidencias que más podrían afectar la seguridad de los excombatientes en varios departamentos.
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Velásquez le respondió: “Se ha dado la orden específica de reforzar y atender estos espacios en las áreas en las que suspendió el cese al fuego en Meta, Caquetá, Putumayo y Guaviare. Se adoptaron instructivos en las unidades militares para garantizar la protección. Las operaciones ofensivas no afectarán a la población firmante”.
Posteriormente, el comisionado de paz, Danilo Rueda, señaló que se han identificado desde su despacho la presencia de grupos paramilitares en territorios donde se encuentran espacios de reincorporación, por lo que muchos excombatientes han ido a las ciudades a finalizar su proceso. “Observamos grupos armados de alta intensidad que tienen también operaciones de control territorial en las ciudades, como en Buenaventura, Quibdó, Medellín, Cali y sectores de Bogotá”, afirmó.
¿Qué dijeron los firmantes del Acuerdo?
Tras varias horas de apreciaciones por parte de la Defensoría, la Fiscalía, magistrados de la Sala de Seguimiento y los representantes del Gobierno, la delegación de firmantes ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), en cabeza de los exguerrilleros, Rodrigo Granda y Rodrigo León Echeverri, dio sus puntos de vista respecto a la situación de seguridad de los firmantes de paz.
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De acuerdo con Granda, más conocido por su alias de Ricardo Téllez, durante este año han sido asesinados 16 excombatientes que firmaron el Acuerdo de Paz en 2016. Según sus cuentas, desde ese año hasta hoy, los homicidios de firmantes llegan a 382. “Recordemos que son vidas de personas que le apostaron a la paz y, en su mayoría, estaban realizando su proceso de reincorporación”.
Y agregó: “Aunque la cifra de homicidios es alarmante, no se pueden olvidar otros delitos contra la población firmante, como el desplazamiento forzado. Las cifras demuestran que no hay consenso en las diferentes entidades”. Esto, según Granda, sucede ya que la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía señala que hay 28 casos, mientras que la Unidad de Víctimas reporta más de 1.000 desde 2016.
Por otra parte, la delegación de los firmantes del Acuerdo de Paz señaló que la impunidad es uno de los factores que más han evidenciado. Este fenómeno, dicen, se hace presente en las cifras de la Unidad Especial de Investigación que reporta que, de 341 casos de homicidio, solo en 208 ha habido impulso judicial, pero solo 46 han tenido sentencias condenatorias. Frente a las amenazas a firmantes, la entidad reporta 452 casos y solo 114 han tenido impulso judicial, es decir, el 25,22 % de las amenazas cuenta con algún avance investigativo.
Debido a los pocos avances en materia de investigación, según indican desde la delegación, se realizaron una serie de solicitudes a la magistratura para que sean “propuestas en términos de órdenes a las entidades correspondientes”. Entre estos pedidos, los firmantes pidieron la implementación de una estrategia para desmantelar las estructuras ilegales que amenazan los territorios donde hay población firmante; concretar una política pública y el plan de acción permanente del programa de protección integral, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo Final de Paz; destinar recursos en materia de prevención a los firmantes, entre otros.
Así pues, la respuesta del CSIVI concluyó con los requerimientos de algunos firmantes para evitar la estigmatización por su pasado en las filas de la otrora guerrilla de las Farc. Tanto Londoño como Granda hicieron énfasis en la necesidad de mantener la paz en los territorios y coordinar mecanismos de reubicación por posibles hechos violentos que atenten contra la vida de los familiares de los firmantes. Ahora, la Corte evaluará los resultados de la audiencia para tomar decisiones sobre este crucial tema para la implementación del Acuerdo de Paz.
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Por Santiago Díaz Gamboa
