Uribe ante la Fiscalía: guía para entender el caso por las masacres de El Aro y La Granja

Álvaro Uribe Vélez tiene este 4 de septiembre una nueva cita con la justicia. La Fiscalía lo convocó a las 9:00 de la mañana para que rinda indagatoria en el marco de tres expedientes que buscan responder preguntas que llevan décadas sin resolverse. La primera hipótesis que busca establecer es si, como gobernador de Antioquia, habría promovido la conformación ejércitos privados de paramilitares que perpetraron masacres en el departamento y si pudo haber participado en ellas. Y la segunda, si tuvo algo que ver en el asesinato del líder de derechos humanos, Jesús María Valle. Los hechos ocurrieron entre junio de 1996 y febrero de 1998 y, desde entonces, fiscales e investigadores han dado tumbos para avanzar en las investigaciones. Para entender el escenario judicial que ahora enfrenta el expresidente, El Espectador le explica las claves de este proceso.

¿Cuáles son los casos por los que es investigado Álvaro Uribe Vélez?

1. Masacre de San Roque

Entre el 13 y 17 de septiembre de 1996, ocurrió una masacre en el municipio de San Roque (Antioquia) perpetrada por un grupo paramilitar que, según la Corte Suprema de Justicia, habría usado como base de operaciones la hacienda Guacharacas, que en esa época era propiedad de la familia Uribe Vélez. La Fiscalía investiga si el entonces gobernador de Antioquia habría participado en la creación de esa organización criminal que, supuestamente, también desapareció a cuatro personas, a mediados de junio de 1996, y habría participado en la desaparición de ocho comerciantes el 14 de agosto de ese mismo año, entre Maceo y Puerto Berrío (Antioquia).

(En contexto: El Aro, La Granja y San Roque: las masacres por las que llaman a indagatoria a Álvaro Uribe)

1. Masacre de La Granja

El asesinato de cuatro jornaleros en ese corregimiento del municipio de Ituango fue el inicio de una estela de violencia paramilitar en esta región de Antioquia. El 11 de junio de ese año, más de 30 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), al mando de los hermanos Fidel y Vicente Castaño y Salvatore Mancuso, fuertemente armados y liderados por el jefe paramilitar alias “Doble Cero”, llegaron a la zona y obligaron a sus habitantes a salir a las calles, donde fueron acusados de ayudar a las Farc. Seleccionaron a cuatro pobladores, los torturaron y asesinaron. Sus nombres eran: William Villa García, Graciela Arboleda Rodríguez, Héctor Hernán García y Jairo de Jesús Sepúlveda Arias.

La Fiscalía sostiene que Uribe habría participado en esta incursión paramilitar, cuando era gobernador. En consecuencia, el delito en el que estaría involucrado es concierto para delinquir. Luego de la masacre, los criminales quemaron viviendas, hurtaron ganado y fueron desplazadas cientos de personas. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado, al constatar que existió una relación entre la fuerza pública y los paramilitares que perpetraron la masacre, así como por no haber investigado. En 2018, la Corte Suprema declaró esta masacre como un crimen de lesa humanidad y por eso podrá investigarse y juzgarse sin importar cuánto tiempo haya pasado.

1. Masacre de El Aro

Más de un año después de los hechos en La Granja, a 34 kilómetros de ese corregimiento, ocurrió otra masacre en el poblado llamado El Aro. De acuerdo con la investigación judicial, 150 hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) llegaron a esta zona de Ituango el 22 de octubre y asesinaron a 17 personas, a quienes también acusaron de auxiliar a las Farc. Durante siete días sembraron el terror en la población: torturaron a sus víctimas, las sometieron a toda clase de vejámenes delante de sus vecinos, quemaron 42 de las 60 casas del caserío, se robaron más de 1.000 reses y desplazaron a los 700 habitantes de la zona.

(Le podría interesar: Masacre de El Aro y los documentos que alertaban de un ataque inminente en Ituango)

En este caso, el expediente contra Álvaro Uribe hace referencia a su posible participación en la incursión paramilitar, como exgobernador de Antioquia. Por eso, el delito por el que es investigado es concierto para delinquir. Por la masacre del Aro también la Corte IDH condenó al Estado colombiano en 2006, bajo las mismas consideraciones que tuvo en cuenta en el expediente de La Granja. Asimismo, fue declarado como un caso de lesa humanidad por la Corte Suprema en 2018. La justicia colombiana ya probó que la fuerza pública dejó desprotegida a la población de El Aro, pese que a que tenía todas las evidencias de que en esta región podía volver a pasar lo mismo que en La Granja.

1. Asesinato de Jesús María Valle

El abogado Jesús María Valle Jaramillo alertó una y otra vez a las autoridades sobre lo que estaba pasando en su natal Ituango, fue asesinado en Medellín el 27 febrero de 1998. Los campesinos desplazados de La Granja y El Aro le contaron todos los detalles de la incursión paramilitar en sus corregimientos y él trató de buscar ayuda para evitar que ese terror que vivía su tierra se siguiera esparciendo en Antioquia. No solo puso el dedo en la llaga con sus denuncias sobre la connivencia entre los paramilitares y militares de la Cuarta Brigada del Ejército, sino que denunció una supuesta omisión del entonces exgobernador Uribe Vélez frente a la escalada de terror que se gestó en Ituango.

En 1997, preguntado en una entrevista sobre qué era lo que lo motivaba a seguir con sus exigencias, Valle Jaramillo dijo: “No me mueven odios contra el gobernador (Uribe Vélez) o el comandante de la brigada. No tengo intereses políticos. Lo hago porque ese es mi pueblo y no quiero que siga sufriendo”. En agosto de ese año, cuando ya se habían perpetrado las masacres de La Granja y San Roque, Valle siguió denunciando. Su testimonio ante la Fiscalía es una de las piedras angulares del expediente contra Uribe Vélez por el que fue llamado a indagatoria este 4 de septiembre de 2026. En este caso, el ente investigador lo investiga por el delito de homicidio en persona protegida.

¿En qué consiste una indagatoria?

Como se trata de hechos ocurridos entre 1996 y 1998, el caso judicial contra el expresidente avanza con base al antiguo procedimiento penal, establecido en la Ley 600. Ese marco legal indica que la indagatoria es una diligencia de carácter reservado mediante la cual una persona —en este caso Uribe— tiene la oportunidad de dar su versión sobre los hechos y, luego, queda formalmente vinculada al proceso. Esa ley también contempla que la indagatoria no se rinde bajo juramento, que el investigado tiene derecho a guardar silencio y que no está obligado a declarar contra sí mismo.

¿Por qué la Fiscalía llamó a indagatoria a Uribe?

Entre los argumentos expuestos por la Fiscalía para llamar a indagatoria al expresidente están las presuntas actuaciones y omisiones en las que habría incurrido, como gobernador de Antioquia, en la manera en la que atendió la situación de orden público en el departamento. El ente investigador sostiene que Uribe “sabía del riesgo que corría la población de Ituango (Antioquia), dada la evidente e incuestionable presencia e incursiones de grupos paramilitares en ese lugar”. Pese a ese conocimiento, según el ente investigador, el mandatario departamental no habría adoptado las medidas suficientes para proteger a los habitantes del municipio.

En ese contexto, se lee en el documento con el que la Fiscalía llamó a indagatoria a Uribe y publicado por el diario El Tiempo, de haber “cumplido con los deberes como gobernador, probablemente se habría evitado la masacre de La Granja”. Ahora bien, sobre su presunta participación en la masacre de El Aro y en la creación de grupos armados ilegales, el ente investigador sostiene que, “por intermedio de su secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, (Uribe) pudo haber solicitado a los líderes paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, que en asocio con los integrantes del Ejército, planearan y coordinaran la incursión”.

Pedro Juan Moreno falleció en un accidente de helicóptero el 24 de febrero de 2006 y la justicia nunca esclareció si tuvo algo que ver en este contexto de violencia paramilitar en Antioquia. Sobre el posible vínculo de Uribe con la masacre de San Roque, la Fiscalía dice que el entonces gobernador estaría relacionado con la conformación del grupo al margen de la ley que perpetró este y otros crímenes en el nordeste antioqueño en 1996. Por último, sobre el supuesto rol del expresidente en el asesinato de Jesús María Valle en febrero de 1998, tampoco son claros los indicios que tiene la Fiscalía para llamarlo a indagatoria por el delito de homicidio en persona protegida.

¿Qué sigue después de la indagatoria en el caso contra Uribe?

La indagatoria no significa que el líder del Centro Democrático sea culpable ni que automáticamente quede acusado. Después de la diligencia, la Fiscalía puede continuar recolectando pruebas y, cuando considere que tiene elementos suficientes, cerrará el periodo de investigación. Posteriormente, tiene dos caminos: llamarlo a juicio, si encuentra material probatorio que vinculen a la persona investigada con los delitos. O, por el contrario, ordena archivar el caso si no encuentra fundamento para acusarlo. No es la primera vez que Uribe comparece a una indagatoria: en octubre de 2019, declaró durante siete horas ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por el caso de presunta manipulación de testigos.

¿Cuál es la defensa del expresidente Uribe?

Desde hace años Uribe Vélez ha dicho que nada tienen que ver en los hechos por los que lo investigan. En octubre de 2012, su abogado Jaime Granados le dijo a la Fiscalía que las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve y alias “Alberto Guerrero” en contra de su cliente buscaban beneficios judiciales a favor de ellos y que no tienen ningún valor probatorio.

Uribe, por su parte, ha negado tajantemente cualquier vínculo con la creación o financiación de grupos paramilitares. Sobre la hacienda Guacharacas, que perteneció a su familia, aseguró: “Mi familia, ante la imposibilidad de tener la hacienda, la vendió. Y después aparece que dizque teníamos un grupo paramilitar (...) Si algo quedó claro es que mi familia nunca tuvo grupos paramilitares”. También afirmó que, como gobernador, no tuvo información anticipada sobre las masacres de La Granja y El Aro: “A mí me sorprendieron ambas masacres. No hay una sola prueba con la que puedan decir que yo tuve información anticipada”, señaló en junio, cuando la Fiscalía anunció que lo llamaría a indagatoria.

¿Qué tiene que ver este caso con el proceso en el que Uribe fue condenado y absuelto en 2025?

La Fiscalía de Luz Adriana Camargo fue también la que llevó a juicio a Uribe en tres delitos, soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, en el marco de la investigación en su contra por manipulación de testigos. El expresidente fue condenado en primera instancia en julio de 2025, absuelto en octubre del mismo año por el Tribunal Superior de Bogotá y hoy está en casación ante la Corte Suprema. Según la investigación en su contra, Uribe habría intentado manipular a testigos para que declararan a su favor, justamente en las pesquisas por supuestos vínculos con paramilitares en Antioquia.

Para lograrlo, Uribe habría usado al abogado Diego Cadena para que actuara como emisario en cárceles de Colombia y Estados Unidos, buscando declaraciones a favor del expresidente y en contra del senador. El abogado ya fue condenado y Uribe está a la espera de que la Corte deje en firme su absolución. No obstante, sobre la mesa quedaron las dudas sobre la veracidad de los testigos que vuelven a aparecer en la investigación en contra de Álvaro Uribe Vélez por concierto para delinquir y homicidio en persona protegida, como el exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra y el propio Juan Guillermo Monsalve, cuyas declaraciones el Tribunal cuestionó en segunda instancia por contradictorias y poco creíbles.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.