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Hace 23 años, el 22 de octubre de 1997, un grupo de paramilitares incursionó en el corregimiento de El Aro, del municipio de Ituango (Antioquia), y asesinó a 15 de sus habitantes, luego de torturar, golpear y violar. El horror paramilitar dejó casas quemadas, ganado robado y provocó el desplazamiento de más de 700 personas, en hechos que hoy siguen en la impunidad y por los cuales el Estado colombiano fue condenado en 2006 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En dicha sentencia también se determinó la responsabilidad estatal por la masacre de La Granja, otro corregimiento de Ituango, ocurrida el 11 de junio de 1996.
El Espectador revela actas de consejos de seguridad en Ituango, de la Gobernación, y reportes de inteligencia policial semanales, así como cuestionamientos de la Procuraduría que evidencian la problemática de orden público en el municipio y su extensa zona rural para 1997. Los documentos que han estado en poder de la Fiscalía por años evidencian que las autoridades locales clamaban por más Fuerza Pública y que era inminente un ataque armado que, al final, llegó de manos de las autodefensas. “La cadena de ejecuciones selectivas perpetradas por un grupo paramilitar que se movilizó por varios días a pie con la aquiescencia, tolerancia o apoyo de miembros de la Fuerza Pública, se inició en el corregimiento de Puerto Valdivia, punto de partida de su recorrido”, se lee en el fallo de 2006 de la Corte Interamericana contra Colombia.
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Los documentos siguen siendo relevantes hoy, luego de que, recientemente, la Corte Suprema remitiera a la Fiscalía el expediente de la indagación preliminar que, por estos hechos, se abrió contra el gobernador de Antioquia de la época, Álvaro Uribe Vélez. El exsenador y expresidente ha negado de manera tajante vinculación alguna con estas dos matanzas —declaradas de lesa humanidad en 2018—, así como en el asesinato del presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, Jesús María Valle Jaramillo. El abogado alertó a las autoridades sobre el auge de la violencia paramilitar en el departamento. Lo hizo en carta enviada el 20 de noviembre de 1996 al entonces gobernador Uribe advirtiendo sobre asesinatos y desapariciones en Ituango. Y lo hizo en junio de 1997 ante la Fiscalía: “Le pedí al señor gobernador que protegiera a la población de mi municipio ante la presencia de ese comando paramilitar, comando que, en el mismo perímetro urbano, en presencia de la Policía y del Ejército, había asesinado a varias personas. Ese comando sigue operando en Ituango”.
El 6 de febrero de 1997, en reunión celebrada en la Alcaldía de Ituango, el personero José Diego Caicedo aseguró que el municipio contaba con unos 100 uniformados y que era urgente la ampliación de pie de fuerza ante la situación de seguridad y ante una supuesta desinformación que hacía ver a Ituango como una población subversiva. “Esta situación es propicia para todos los grupos armados”, dijo según consta en el acta de la reunión. El Inspector de Policía, Alberto Úsuga, reprochó la ausencia del Estado. Y el alcalde del municipio, José López Zapata, señaló que no habían podido conseguir una entrevista con el presidente de la República, pero sí con el ministro del Interior, Horacio Serpa, a quien se le “comunicó lo estratégico (de) Ituango para los grupos armados”.
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“Ahora contamos con la presencia del Ejército y algunos agentes de policía, pero no es suficiente para un pleno control, ya que con 80 hombres no cuentan con los medios para desplazarse a sitios en donde hay retenes o presencia de grupos armados. Ituango requiere más de 1.000 hombres entre Ejército y Policía, medios de comunicación, radios y vehículos para que su labor sea fructífera”, dijo el alcalde quien, además, recordó que seis años atrás estaba listo un lote para construir un comando de Policía, pero que no se sabía cuándo iba a poder iniciar la construcción. En esa reunión y en otra del 9 de febrero de 1997, las autoridades enfatizaron en los “desplazamientos constantes” de habitantes de Ituango.
Entre los temas de preocupación estaban la presencia de la subversión en el área, así como las falencias en la cárcel local (la alarma no funcionaba, no había guardia suficiente ni plan para prevenir o responder a una situación anormal), la situación de un puente en la vía que conducía a Medellín que era objetivo militar de la guerrilla, entre otros. La orden era hacer patrullajes constantes. En marzo 2 de ese año, el comandante encargado de la base militar expresó su preocupación por falta de personal “para controlar el área urbana como rural”. Y el 19 siguiente el fiscal local alertó porque un grupo de autodefensa les estaba pidiendo “cuotas” a comerciales, lo cual era “a todas luces irregular y (…) una extorsión”.
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Ese día, el comandante del Batallón de Infantería No. 10 “Atanasio Girardot”, teniente coronel Germán Morantes Hernández, aseguró que respondía por sus tropas desde enero de 1997 y que en sus políticas era prioritario desvincular “cualquier tipo de sospecha de alianza con grupos de extrema derecha o mal llamaros paramilitares”, según reza en el acta oficial. Razón por lo cual prohibió todo contacto o patrullajes conjuntos con dichas organizaciones y precisó que solo se podían recibir informaciones que de verdad buscaran hacerlo, sin portar armamento alguno. El subteniente Nelson Acosta, entonces comandante de la estación de Policía, dijo en el mismo sentido que “ni él ni los hombres a su mando tienen alianzas con grupos al margen de la ley”.
El 10 de julio de 1997, un año y un mes después de la masacre de La Granja, el personero José Caicedo pidió cuentas a las autoridades de una emboscada guerrillera cometida dos días atrás contra una patrulla del Ejército y la quema de dos vehículos en la vía a Medellín. El Ejército dijo que por lo estratégico de Ituango, los grupos armados estos buscaban sacar a las tropas a la cabecera municipal. Ahí el comandante de la estación de Policía, subteniente Carlos Emilio Gañán, señaló que solo contaba con 14 hombres, con lo cual era imposible hacer la seguridad de las áreas rurales.
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El Espectador tiene en su poder los reportes de inteligencia que el oficial Gañán hizo cada semana, desde el 12 de julio de 1997 hasta marzo de 1998, en los cuales, al principio, el tema paramilitar aparecía en el tercer lugar, luego del “factor subversivo” —por la fuerte presencia en todo el departamento de los frentes 17 y 34 de las Farc— y del narcotráfico. En julio, la Policía recibió informaciones sobre la presencia de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) en zona rural de Ituango, que decían que sus integrantes se estaban camuflando entre los campesinos y como trabajadores de fincas. Y en agosto ya había reportes de supuestos guerrilleros asesinados por “paras”.
En agosto 10 se indicó que las guerrillas estaban preparando una toma subversiva en Ituango, para robar material de guerra y ajusticiar a personalidades por supuestamente ser colaboradores de los grupos de autodefensa e, incluso, se indicó la posibilidad de que hubiera una toma conjunta en varios municipios. El 16 se dijo que en la vereda San Matías se había visto desplazándose un “grueso grupo” de hombres armados y con brazaletes de las Accu. Y el 26 siguiente el reporte señalaba que había una posibilidad de que dicha incursión se hiciera antes de los comicios de ese año (28 de octubre). La alerta siguió todo el mes de septiembre, mientras que los reportes sobre las Accu variaban.
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Los informes pasaban de decir que había presencia paramilitar en zona rural de Ituango, a indicar que sus integrantes estaban próximos a abandonar la zona, “ya que no cuentan con el apoyo económico de los pobladores” (informe de septiembre 12) y que se habían visto obligados a “refugiarse en las partes más recónditas del área rural” de Ituango por acción del Ejército (informe de septiembre 20). Pero las cosas cambiaron para final de mes. El reporte del 27 de septiembre del suboficial Gañán decía que las Farc y el Eln estaban buscando la forma de conformar el bloque “José María Córdova” para incursionar en Ituango y así retomar el control perdido por la presencia, al menos un año atrás, de grupos paramilitares que los están expulsando y “dañando su interés económico”.
El segundo ítem del reporte ya no era el narcotráfico, sino los grupos armados ilegales en donde se identificaban al bloque Minero como Autodefensas de Ituango y a las Accu, aunque insistiendo en que estaban siendo obligados a desplegarse por falta de sus sustento y patrocinio. El 4 de octubre, la alerta decía que “para los próximos días” las Farc iban a atentar contra la Fuerza Pública de Ituango y señala que los paramilitares, aunque escasos, estaban ubicados en límites con Córdoba y de Mutatá y Dabeiba. El 18 de octubre de 1997, cuatro días antes de la incursión armada en El Aro, el informe de inteligencia hablaba de presencia guerrillera en ese corregimiento, en Santa Rita, La Granja y Santa Lucía, así como de la presencia de un “grueso grupo de las Accu y el bloque Minero” en los límites de Ituango con Dabeiba y Mutatá, que llegó a un choque armado con la guerrilla entre el 14 y 17 de octubre.
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El siguiente reporte solo aparece hasta el 1° de noviembre de 1997, y allí se habla de los hechos en El Aro como combates sostenidos “entre el frente 36 de las Farc con miembros de las Accu y el bloque Minero, con el resultado de varias personas muertas y el éxodo de campesinos hacia Puerto Valdivia”. Y se afirma que entre los “varios” muertos habría al menos un obrero. “Hasta la fecha no han pronunciado denuncias contra estos grupos por actos contra la población civil de este municipio”, dice. Siete días más tarde, el suboficial Gañán resalta cómo el desplazamiento masivo desde El Aro pretendía ser aprovechado por los grupos guerrilleros e incluso dice que habrían camuflado hombres en el éxodo para tomarse la cabecera municipal. Ese mismo documento habla de “combates” en El Aro y de la “posibilidad” de que civiles hubieran perecido, mientras enfatizaba en que todavía no había denuncia.
El Aro no volvió a ser mencionado por el suboficial Gañán, a quien el Tribunal Superior de Antioquia ordenó investigar en 2017 por las masacres de Ituango y el crimen de Jésús María Valle, pero sí se reseñó para diciembre de 1997 la intención de los paramilitares de “limpiar” la zona por ser supuestamente “nodo de guerrilleros”. Y apareció el alias de Júnior como comandante de ese grupo que estaba sitiando las veredas del municipio, buscando adeptos, solicitando apoyos de comerciantes y usando la política de “Ituango sin guerrillas”.
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Previo a la masacre, el 19 de agosto de 1997, el procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Jesús Orlando Gómez López, remitió el Oficio 02881 al gobernador Álvaro Uribe en el que señaló que entre octubre de 1996 y hasta finales de ese año en Ituango habían perecido en hechos de violencia “más de 120 personas y desaparecido 30 más a manos de grupos paramilitares”, y reseñó una respuesta enviada por el secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, al Ministerio Público, en la que el funcionario dijo “ignorar los hechos mencionados”. No obstante, dice el oficio, como el Ministerio del Interior informó que todas actuaciones relacionadas con estos hechos los asumió la Gobernación, le pidió a Uribe Vélez aportar toda la información al respecto.
El primer Comité REDIS de la Gobernación de Antioquia tras la masacre ocurrió el 14 de noviembre de 1997 para tratar el asunto de los desplazados de El Aro, reunión en la que no estuvo el gobernador Álvaro Uribe, quien se excusó. Asistieron su secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, así como comandantes de Policía y Ejército, el obispo de Santa Rosas de Osos, el sacerdote, delegados del ICBF, entre otros. El coronel Germán Morantes, del Batallón de Infantería No. 10, señaló que en El Aro no había estación de Policía. “En El Aro no se puede, respetuosamente aceptar la declaración peligrosa del señor sacerdote de la localidad, donde se quiere comprometer al Ejército en patrullajes con violentos”, dijo el oficial según consignado en el acta 145.
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El uniformado insistió en que el Ejército no tenía nexos con las autodefensas , dijo que se trataría de recuperar las casas quemadas y pidió carpas y tropas para ir a ayudar a las familias. El Programa Aéreo de Salud indicó que había 596 personas en Santa Rita y el director de Prevención de Desastres reseñó que los desplazados de Santa Rita comentaron de la existencia de controles de autodefensas sobre los alimentos, entre otros. El documento adjuntó un censo de esas 506 personas por edad y sexo. Otro comité REDIS se citó el 5 de diciembre de 1997 con asistencia del gobernador Uribe para analizar la situación de orden público porque no se hicieron presentes el alcalde, la Defensora del Pueblo y el abogado Jesús María Valle —quien fue asesinado el 27 febrero de 1998—.
Días antes, el 6 de febrero de 1998, Valle rindió declaración en la Fiscalía dentro de una indagación abierta y allí reiteró que, desde 1996, venían operando las Autodefensas de Córdoba y Urabá en Ituango, teniendo como sede un perímetro urbano muy cerca del puesto de Policía, el puesto militar, de la Alcaldía, la Fiscalía, la Personería, los juzgados y la parroquia. “Ese grupo primero cometió la masacre de La Granja, donde fueron asesinadas cuatro personas”, dijo el abogado, que reportó el hecho a Pedro Juan Moreno e incluso advirtió posible participación de la Fuerza Pública. Valle resaltó que entre 1996 y 1997 fueron asesinados más de 150 personas en la región, que Uribe le dijo que no sabía de la existencia de ese grupo paramilitar y que denunció ante cualquier entidad que pudo.
El expresidente Uribe ha entregado a la justicia la relación de los vuelos del helicóptero de Antioquia entre 1995 y 1997, así como su itinerario, para decir que hizo 17 trayectos a Ituango, cinco de ellos con personas de su gabinete. Y que explicarían que entre el 20 y el 31 de octubre “el helicóptero no fue volado” ni estuvo en otros municipios,. Uribe Vélez también entregó a la justicia copia de 93 denuncias presentadas por la Gobernación por hechos de violencia durante su mandato, entre las cuales reposa una por la masacre de El Aro. El 29 de julio de 2020, a raíz de una noticia publicada por El Espectador, el exsenador Uribe aseguró que es una infamia que lo vinculen con el crimen de Valle.
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“El general Carlos Ospina, comandante de la 4ª Brigada durante la masacre de El Aro, una de las tantas cometidas por guerrilla y por paramilitares, informó a la Gobernación, y está el registro de la época, que había estado en la zona y que de acuerdo con su investigación no había colusión del Ejército con los paramilitares. Defendí públicamente al general Carlos Ospina ante los ataques de Valle. Tengo el mayor respeto por el general, quien ha sido profesor en una prestigiosa universidad de Estados Unidos. El asesinato de Jesús María Valle ocurrió a los pocos meses de haber dejado yo la Gobernación de Antioquia; me encontraba en el Saint Antony’s College de Oxford, Inglaterra”, dijo Uribe en una carta reciente a este diario.
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