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En la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema Justicia no hubo consenso para condenar al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos por parapolítica. El magistrado Jorge Emilio Caldas, quien por varios meses tuvo el expediente en su despacho, cree que sus compañeros cometieron errores al evaluar las pruebas del extenso expediente, Para él, por ejemplo, hubo testigos que se retractaron en sus señalamientos. El togado dejó constancia de su disentimiento con un salvamento de voto de 107 páginas —la sentencia condenatoria tiene 117— en el que presenta lo que él mismo llama, “una valoración alterna con la que se demuestra la inocencia del procesado (Ramos) por duda probatoria”. Estas son las dudas de Caldas.
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Aportes del Tuso Sierra
Ramos fue condenado a 95 meses de prisión (casi ocho años), entre otras cosas, por el testimonio del narcotraficante Juan Carlos El Tuso Sierra —cuestionado también por la Corte Suprema por sus testimonios en el caso contra Álvaro Uribe—, quien asegura haber aportado $10 millones a la campaña Luis Alfredo Ramos “entre 1998 y 2002, cuando él aspiraba al Senado”. Sierra nunca dio una fecha exacta y señaló que el dinero lo había entregado en efectivo en una reunión con Ramos en la oficina del abogado Francisco Zapata, en El Poblado (Medellín).
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Tanto Zapata como el exgobernador niegan que el encuentro y la entrega de plata se haya dado. Además de la “vaguedad” de la fecha, el magistrado Caldas dice que no se puede tomar por cierto este testimonio, pues el jefe directo de Sierra en las Autodefensas, Diego Bejarano, alias Don Berna, comandante del bloque Cacique Nutibara, dijo en varias declaraciones no recordar ese aporte electoral. “No se arriba a la certeza de la entrega de los $10 millones”, escribió Caldas.
Aportes de Miguel Arroyave
Otro contribuyente a la campaña de Ramos, según la Sala de Primera Instancia, fue el comandante del bloque Centauros, Miguel Arroyave, alias Arcángel, quien operaba en los llanos orientales. El magistrado Caldas reprocha que sus colegas le hayan dado validez al testimonio de Andrés de Jesús Vélez, procesado por falso testimonio en el caso de la exministra Nancy Patricia Gutiérrez. Vélez, quien estuvo en las filas del bloque Centauros asegura, por un lado, que escuchó que su grupo tenía una lista de políticos que apoyarían, y por otro lado, dice haber hecho una gestión concreta por la que se enteró del financiamiento de su jefe a la campaña de Ramos.
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Según su versión, le llevó una razón al empresario israelí Alberto Aroch Mugrabi: que Arcángel ordenaba que los dineros que el extranjero venía pagando a las autodefensas por seguridad, ahora fueran canalizados a la campaña de Luis Alfredo Ramos. El empresario, que aceptó cargos por enriquecimiento ilícito en otro caso, ha negado cualquier pago irregular a las autodefensas y dijo no haber hecho aporte alguno al exgobernador de Antioquia. El magistrado Caldas considera que, además de que Vélez es un testigo de oídas, la Corte no tiene más pruebas que su palabra en esta acusación concreta.
Aportes de los Castaño
El magistrado Caldas tampoco está conforme con que la Sala Especial le haya dado credibilidad a la versión del testigo Carlos Enrique Areiza (que también está en el caso de Uribe), a quien llamó en su salvamento “un estafador y un timador”. Según la versión de Areiza, Luis Alfredo Ramos tuvo contactos directos con los máximos jefes de las autodefensas: los hermanos José Vicente y Carlos Castaño. En concreto, tres reuniones en 2001, 2004 y 2005 en las que le habrían entregado dinero en efectivo a Ramos para sus campañas. Y de todas habría registro en video, pues supuestamente fueron grabadas por el jefe de seguridad de Hugo Albeiro Quintero, alias Bellanita.
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Para Caldas, resulta extraño que Areiza se contradijo sobre el nombre del jefe de seguridad. Además, dijo el magistrado, las elecciones por las que Ramos llegó al Senado fueron en 2002, “por lo que, carece de todo sentido que para la misma contienda se estuviera haciendo proselitismo y buscando financiación en el año 2004″. Y sobre los videos que Areiza dice haber visto, el magistrado reprochó: “Si tuvo la oportunidad de contar con esos videos (…), resulta incoherente que no los tenga a su alcance o no haya tomado una copia”. Y, en efecto, el testigo nunca ha aportado los videos a la justicia, a pesar de haber declarado por años que existen. Areiza fue asesinado en 2018, después de denunciar amenazas en su contra.
El Bloque Metro y el cartel de la gasolina
Un testigo más que habló de supuestos aportes de los paramilitares a la campaña de Luis Alfredo Ramos fue José Raúl Mira Vélez, quien estuvo en el bloque Centauros. El hombre asegura haber acompañado a otro paramilitar a una reunión en el centro comercial El Obelisco, en Medellín, a la que asistieron Ramos y un general. Allí, según el testigo, se pactó que el bloque Metro de las Autodefensas podría operar en el Valle de Aburrá, “sin desorden”. Para Caldas, resulta “cuanto menos llamativa” esa afirmación, pues Mira Vélez dice que esto ocurrió a comienzos de 2000 y para ese momento el exgobernador Ramos estaba de embajador ante la OEA en Estados Unidos.
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Además, para Caldas no resulta creíble que un reconocido político, un alto mando de la Policía y dos paramilitares se reunieran en un lugar tan público como un centro comercial para discutir las actividades ilegales de las autodefensas en la región. Y, si bien el testigo indicó que Ramos recibió aportes del cartel de la gasolina para su campaña, el magistrado dijo en su salvamento de voto que en el año 2000 no hubo elecciones ni campaña alguna.
El proselitismo de las Auc
Yecici Alberto Castañeda, del bloque Nutibara, declaró que sus compañeros le “comentaron” que les ordenaron subirse a buses en el occidente de Medellín para hacer política en favor de Luis Alfredo Ramos. “Vale resaltar que el relato del declarante no se presenta de manera coherente, pues no evoca periodos de tiempo precisos ni actividades concretas, extendiendo de manera sumamente difusa las labores de ayuda al candidato entre los años 2001 a 2007, lo cual pone en duda su manifestación”, reprochó Caldas.
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Además, el magistrado citó declaraciones de exmiembros de la campaña de Ramos y personajes como el exfiscal Luis Camilo Osorio, el expresidente Álvaro Uribe, los exministros Sabas Pretelt y Aurelio Iragorri, quienes le dijeron a la Corte que jamás escucharon ni supieron de relaciones de Ramos con las autodefensas. “Se puede determinar que no existe certeza sobre apoyos de facciones de las AUC al acusado, habida cuenta que los testigo que soportan los cargos se muestran vagos e imprecisos”, agrega el salvamento de voto.
Consejos de seguridad y AFEUR
El exsargento del Ejército Jorge Eliécer Valle, exmiembro de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (AFEUR), inicialmente declaró en la Procuraduría que, entre 2004 y 2007, Ramos participó de reuniones y consejos de seguridad en los que se habló de nexos con un combo de desmovilizados del bloque Metro. Pero luego aseguró que nunca se reunió con Ramos. Para la Corte Suprema, esta retractación, como ocurre con las de Areiza, Vélez y otros testigos, se pudieron dar por las amenazas que recibieron en su momento.
Sin embargo, para el magistrado Caldas “las amenazas provienen del año 2012, por lo que no se erigen como criterio diferenciador para otorgarle credibilidad a la escueta versión del año 2014, y restársela a la de 2016, como de manera inmotivada lo hace el fallo del que discrepo”.
La reunión en la finca Bellanita
Finalmente, Caldas tiene dudas sobre uno de los hechos centrales de la condena contra Ramos: una reunión en 2005 en la finca Bellanita en el municipio de Bello (Antioquia), de Hugo Albeiro Quintero, en la que se pactó, según la Corte, que Ramos impulsaría beneficios, desde el Congreso, en la ley de Justicia y Paz, que terminó en la desmovilización de los paramilitares. A la reunión, según los excomandantes de las autodefensas Don Berna, Julián Bolívar, Ernesto Báez, también asistieron los congresistas paisas Óscar Suárez Mira (condenado por parapolítica), Óscar Arboleda Palacio y Manuel Ramiro Velásquez.
“Nos ofrecieron todo el apoyo, para que realmente esa ley se convirtiera en un instrumento de paz, como era el propósito”, dijo Ernesto Báez sobre la reunión. Y el magistrado Caldas reconoce que Ramos no tenía autorización para acercarse al grupo ilegal, sin embargo, no cree que la mera presencia del exgobernador en el lugar lo haga culpable del delito de concierto para delinquir. “No cabe duda que reunirse con miembros de las AUC constituía una irregularidad para el acusado, pero no puede predicarse per sé, que un proceder tal entrañaba en sí mismo una responsabilidad pena”, añadió Caldas, quien concluyó que, pese a los testimonios y pruebas de la Corte, no había suficiente fundamento para condenar al político antioqueño.