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En un informe de 68 páginas del 17 de diciembre de 2020, conocido por El Espectador y Blu Radio, se consignaron los primeros resultados de la investigación que echó a andar la Fiscalía desde septiembre de ese año para esclarecer si el expresidente Álvaro Uribe Vélez trató o no de manipular testigos a su favor. El contenido del documento es parte de las evidencias que el fiscal Gabriel Jaimes podría exhibir el próximo 6 de abril, ante la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, durante la audiencia de solicitud de preclusión. Es decir: que se archive y Uribe no pueda volver a ser investigado por estos hechos. La mayoría de las pruebas allí relacionadas no son sobre el expresidente directamente, sino sobre los testigos que han hablado de sus supuestos nexos con grupos paramilitares.
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El 4 de noviembre de 2020, el fiscal Jaimes ordenó por escrito practicar las primeras pruebas desde que este espinoso expediente llegó a su despacho y dispuso de un grupo de tres investigadores del CTI para la titánica tarea. A ese equipo le dio un mes para escudriñar todo lo que sabe la justicia sobre el Bloque Metro de las Autodefensas, así como información sobre Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá o Alberto Guerrero. Los dos exparamilitares que han señalado supuestos nexos de Álvaro Uribe con ese bloque de las AUC. Los datos que pidió la Fiscalía sobre Monsalve y Sierra van desde las razones de sus condenas hasta cómo están conformados sus núcleos familiares.
Los testigos
Juan Guillermo Monsalve está condenado por secuestro y Pablo Hernán Sierra por homicidio, y tienen decenas de investigaciones pendientes a cuestas. En el sistema SPOA de la Fiscalía registran diez procesos contra Monsalve, hijo de un exmayordomo de la hacienda Guacharacas, antigua propiedad de la familia Uribe Vélez, en la cual, según ha dicho, se creó el Bloque Metro. Solo un proceso en su contra está activo, por concierto para delinquir, “por darse para grupos al margen de la ley”. Según el expediente, se dio por una compulsa de copias y tendría que ver con hechos ocurridos en Bogotá.
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Contra Alberto Guerrero, antiguo jefe del frente paramilitar Cacique Pipintá, hay 220 procesos pendientes en la Fiscalía, según los documentos conocidos por El Espectador y Blu Radio. Estos incluyen diversos delitos, como desaparición forzada, concierto para delinquir, homicidio, rebelión y terrorismo. El fiscal Gabriel Jaimes le ordenó a su equipo inspeccionar cada uno de estos expedientes, pero, según da cuenta el informe de sus investigadores, “se consultó con el señor fiscal delegado la posibilidad de realizar un filtro”. Jaimes accedió y se concentraron únicamente en los procesos en contra de Sierra por falso testimonio y calumnia.
El proceso por calumnia no lo pudieron inspeccionar, pues no se hallaba en la Corte Suprema, como pensó el fiscal Jaimes, sino en el Tribunal Superior de Medellín. Sí pudieron acceder a los demás procesos por falso testimonio. Los investigadores se llevaron, por ejemplo, la declaración que diera en junio de 2014 Carlos Enrique Areiza, un exparamilitar que primero denunció supuestos vínculos de Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, con jefes de los paramilitares y que luego salió a decir que había sido presionado por Iván Cepeda para declarar en contra de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, y José Obdulio Gaviria, entre otros personajes del Centro Democrático. Finalmente se retractó de lo que había dicho sobre Cepeda y fue condenado por falso testimonio. En 2018, Areiza fue asesinado.
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Los investigadores subrayaron en el documento apartes de la declaración de Areiza “que se consideran relevantes”, como este: “El doctor Iván Cepeda me ofreció que me conseguía un asilo político, me conseguía una radicación, me conseguía unos beneficios jurídicos o me conseguía algunas prebendas; que le dijera qué necesitaba si yo me prestaba para que él me grabara un video donde yo testimoniara y acusara en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez”. Pero en los documentos que se llevó la Fiscalía también hay un concepto de la Procuraduría en el caso de Luis Alfredo Ramos en el que se dice sobre Areiza: “Reiteramos, las versiones rendidas por este testigo son poco creíbles”.
Asimismo, el equipo del fiscal Jaimes acudió a los juzgados de ejecución de penas que vigilan el cumplimiento de la pena de los dos principales testigos contra Álvaro Uribe. En esas diligencias se halló un informe de la Fiscalía, suscrito en 2009, en el que se relaciona información sobre el paso de Juan Guillermo Monsalve por la organización delincuencial de Los Rastrojos. Según ese documento, Monsalve respondería a los alias de Juancho y el Paisa, tendría el cargo de “primer cabecilla de las bandas criminales organizadas Los Rastrojos” y llevaba “aproximadamente un año dentro de las bandas criminales”.
Pero la Fiscalía no solo buscó detalles de lo que han hecho Monsalve y Alberto Guerrero para terminar tras las rejas, sino también de cómo ha sido su vida en la cárcel. Le pidieron al INPEC registros de todas las visitas que han recibido entre 20011 y 2020, en qué centros de reclusión han estado y preguntaron si Monsalve ha recibido algún tipo de beneficio. Este último interrogante tiene que ver con un episodio clave en la presunta manipulación ejercida por la defensa de Álvaro Uribe: en febrero de 2018, el testigo recibió una visita del abogado Diego Cadena, en la que le pedía un escrito retractándose de sus dichos contra el expresidente y grabó lo conversado con un reloj especial.
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El fiscal Gabriel Jaimes, entonces, quería saber qué tan autorizado estaba Monsalve para tener un dispositivo así en prisión. La respuesta del INPEC fue: “En el comando de vigilancia no reposa ningún documento donde conste que en el período comprendido entre los años 2017 a 2019 la PPL Juan Guillermo Monsalve haya tenido al interior del establecimiento un reloj grabadora”. Asimismo, como revelaron El Espectador y Blu Radio, los registros de ingresos dan cuenta de que el abogado Diego Cadena habría entrado a la cárcel La Picota a visitar a Monsalve, por lo menos, desde 2011 y no desde 2018, como han dicho ambos a la justicia —sus abogados aseguran que es un dato errado—.
Los investigadores también escribieron, a partir de información del INPEC: “Monsalve y Sierra durante los años 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 y 2017, respectivamente, estuvieron recluidos en los centros carcelarios de Cómbita (Boyacá) y La Paz (Itagüí, Antioquia), y coincidieron los dos en Cómbita y La Paz en el año 2011”. Y tuvieron acceso a los procesos disciplinarios que le han abierto a Monsalve en la cárcel: tres en total. Dos en 2020, por tener en su celda un celular, un computador, dinero y siete sim cards, que la Fiscalía ya examinó; y uno más en 2018, cuando una abogada —no se ha determinado quién— le lanzó un fajo de billetes por debajo de la reja del patio.
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La defensa del expresidente Álvaro Uribe ha dicho públicamente y en repetidas ocasiones que Juan Guillermo Monsalve nunca estuvo en las autodefensas. Ese fue uno de los puntos en los que se concentraron las órdenes del fiscal Jaimes: determinar si tanto él como Pablo Hernán Sierra, en efecto, estuvieron en grupos paramilitares. Para hacerlo, le pidieron a la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), al Alto Comisionado para la Paz, al sistema de Justicia y Paz y hasta a la propia dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía que entregara todos los datos que tenía sobre estas dos personas.
La ARN, que se encarga de la reintegración de los excombatientes, respondió que “no se registra como población objeto de atención” ni a Sierra ni a Monsalve. La oficina del Alto Comisionado para la Paz, por su parte, escribió que, tras revisar sus registros, pueden concluir que “Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve no hicieron parte del proceso de desmovilización colectiva llevado a cabo con las Autodefensas Unidas de Colombia”. No obstante, el comisionado respondió que tenía en su poder una resolución con la que se reconoció a alias Alberto Guerrero como “miembro representante de las Autodefensas”, estatus que se le dio durante la desmovilización. No se halló un documento equivalente en el caso de Monsalve.
La Secretaría de Justicia y Paz, que es el programa de justicia transicional creado para juzgar a exparamilitares, respondió: “No se evidencia registro alguno de actuaciones con esos nombres, apellidos y documento de identidad”, a lo que añadió que aconsejaba consultar con la dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, “la que se encarga de documentar los hechos y recibir las versiones libres de los postulados, desmovilizados”. Esa instancia, precisamente, respondió que, en efecto, tenía en su poder varias declaraciones de Pablo Hernán Sierra, pero ninguna de Juan Guillermo Monsalve.
En dos fiscalías hay declaraciones de Alberto Guerrero y uno de los despachos respondió, con soportes, que, aunque reiteradamente intentó entrevistar a Monsalve en 2011, el testigo se negó. Además, se estableció que, en 2015, Sierra declaró en un proceso sobre el Bloque Central Bolívar y habló de Álvaro Uribe. El grupo de compulsa de copias dijo que no cuenta con declaraciones de Monsalve y Sierra “en donde se haga referencia a Álvaro Uribe”; el grupo de búsqueda de desaparecidos dijo que ninguno de los dos declaró sobre personas desaparecidas y que “no fue encontrado registro alguno en diligencias de exhumación (de fosas comunes) por información suministrada”.
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Todas eran respuestas a preguntas concretas que formuló el fiscal Gabriel Jaimes, quien, a su vez, ordenó pedirle a la Registraduría “copia de los núcleos familiares” de ambos exparas. Como resultado, la entidad entregó gráficos del árbol familiar de cada uno de los testigos. El documento da cuenta de los nombres de la pareja y las hijas de Pablo Hernán Sierra, así como de las cinco compañeras sentimentales y seis hijos de Juan Guillermo Monsalve. También aparecen en el gráfico los padres y el hermano de Monsalve.
El Bloque Metro
Otro gran grupo de órdenes que dio el fiscal Jaimes buscaba recabar información sobre el origen, las formas de operación y las decisiones judiciales alrededor del Bloque Metro, con el que se ha vinculado al expresidente Álvaro Uribe, nexo que él niega. Los investigadores se dirigieron al Tribunal de Medellín y en la Sala de Justicia y Paz se encontraron con una “investigación bastante voluminosa”, como dejaron escrito en el informe. Terminaron llevándose copias de informes de la Fiscalía sobre los patrones de despojo, así como toda la documentación de la convivir Cóndor, la empresa de seguridad que fue la piedra angular para la creación de este grupo paramilitar.
Luis Alberto Villegas —cuya familia es bastante cercana a la familia Uribe— y Santiago Gallón, fundadores de esa convivir, enfrentaron procesos penales por su rol en la conformación de grupos paramilitares, que el fiscal Gabriel Jaimes también ordenó inspeccionar. Villegas resultó absuelto; Gallón, condenado. La Fiscalía se llevó los documentos que abrieron las investigaciones, declaraciones claves y las correspondientes sentencias, pero el informe no relaciona mayores detalles sobre lo encontrado.
Lombana y Cadena
Por otro lado, el fiscal Jaimes ordenó inspeccionar el proceso que cursa en el Consejo de la Judicatura, seccional Bogotá, contra los abogados Diego Cadena y Jaime Lombana. En dicha investigación disciplinaria se investiga la visita que le hizo Cadena a Monsalve en febrero de 2018, que el testigo grabó, y cómo ese mismo día también terminó en La Picota el abogado Lombana, uno de los defensores del expresidente Uribe. Los investigadores se llevaron copia de todo este expediente, así como de las audiencias, en las que testificaron desde Nicolás Jurado, excompañero de patio de Monsalve, hasta el propio Álvaro Uribe.
*Este informe especial sobre el caso Uribe lo trabajó la sección judicial de El Espectador, conformada por Diana Durán (editora judicial) y los reporteros Felipe Morales, David Escobar, Alejandra Bonilla, Kelly Rodríguez y Sebastian Cote; y Santiago Martínez, periodista de la Unidad Investigativa. De parte de Blu Radio están la periodista Silvia Charry y Ricardo Ospina (director de Servicios Informativos).