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El anuncio que hizo en diciembre del año pasado el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, sobre el uso de drones para continuar con las erradicaciones de cultivos de uso ilícito con glifosato, mantiene en expectativa al país. Aunque el funcionario señaló que el departamento de Cauca sería uno de los primeros departamentos donde iniciaría la medida, todavía el Gobierno no ha anunciado la fecha exacta en que comenzarán las aspersiones con esta tecnología.
El proyecto ya cuenta con la aprobación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre (Pecat), y sus últimas verificaciones deben ser tramitadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Precisamente por directrices de esta última entidad, la Dirección Antinarcóticos de la Policía debe avisar con tiempo a los mandatarios de dichos municipios donde se proyecta iniciar con la aspersión mediante drones, a partir del mes de enero.
“Me permito informar al señor Alcalde que, a partir del mes de enero de 2026 la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos, tiene previsto dar inicio a las operaciones de intervención a cultivos ilícitos en jurisdicción del municipio de Argelia, dando cumplimiento a la disposición administrativa”, se lee en la carta enviada por el general Ricardo Sánchez, director de Antinarcóticos de la Policía, al alcalde de Argelia (Cauca), Osman Guaca.
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Fuentes cercanas al proceso señalaron a El Espectador que Argelia hace parte de los lugares proyectados para iniciar las erradicaciones de cultivos de uso ilícito con glifosato mediante drones; el Gobierno Nacional es el que tiene la última palabra para anunciar el día en el que iniciará este modelo. Lo cierto es que, de acuerdo con la carta enviada por el director de Antinarcóticos, las asperciones podrían comenzar en cualquier momento a partir de este mes.
En la misiva del 6 de enero, se detalla que “el plan de manejo ambiental de las actividades de intervención a cultivos ilícitos consta de siete fichas o programas, un plan de contingencias, un plan de abandono y restauración final; los cuales tienen como propósito prevenir, controlar y mitigar posibles afectaciones en el desarrollo de las tareas específicas de esta actividad”.
Asimismo, fuentes de Antinarcóticos señalaron a este diario que las autoridades han intentado mantener la reserva de las fechas exactas en que comenzarán las erradicaciones, debido a las constantes asonadas que se han presentado contra la fuerza pública. Uno de los casos más notorios fue el ataque contra un helicóptero de la Policía Antinarcóticos en el que murieron 13 uniformados, el 21 de agosto de 2025 en la vereda Los Toros en Amalfi (Antioquia).
Los policías se encontraban en medio de actividades de erradicación de cultivos de uso ilícito de coca, cuando tuvieron que retirarse del lugar por amenazas terrestres del frente 36 del EMBF, liderado por alias Calarcá. Este mismo grupo habría activado un campo minado en la zona donde aterrizó luego el helicóptero. Solo cuatro policías sobrevivieron a este ataque, e incluso la embajada de Estados Unidos en Colombia ofreció una recompensa de hasta USD 5 millones por información que lleve al paradero de los responsables del atentado.
Las advertencias de expertos sobre el plan de erradicación de cultivos de uso ilícito con drones
A la espera de que el Gobierno defina la fecha de inicio del proyecto, desde que el Ministerio de Justicia lo anunció, el 22 de diciembre de 2025, distintos expertos han puesto en duda su viabilidad técnica, así como los posibles impactos ambientales y sociales de la estrategia.
Vladimir Rodríguez, experto en seguridad y exdirector de una entidad adscrita al Ministerio de Defensa, advirtió que, en caso de que el Gobierno opte por el uso de drones de tipo agrícola, “aunque estén acompañados de los equipos de erradicación manual, estos multirrotor (tipos de drones) tienen softwares muy fáciles de intervenir y derribarlos con herramientas también de fácil adquisición para neutralizar sus sistemas”.
Rodríguez explicó que existen alternativas que podrían reducir esos riesgos, como “drones conectados con cable de fibra óptica que se utilizan, por ejemplo, en Ucrania. Pero estamos hablando de un desarrollo tecnológico diferente y que implica unos retos tácticos mayores”. No obstante, subrayó que, independientemente del tipo de dron, Colombia “no cuenta con la capacidad real de producción de drones; por lo tanto, deberá adquirirlos a empresas privadas”, y añadió que, si “el Estado desea realizar este tipo de operaciones, debe generar un programa serio y muy rápido de producción propia de tecnologías que puedan neutralizar las acciones de los grupos armados contra los drones”.
Por su parte, Estefanía Ciro, excoordinadora del área de narcotráfico, política de drogas y mercados de cocaína y marihuana en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, cuestionó la estrategia no solo por su inviabilidad ambiental, debido a los efectos del glifosato sobre el suelo y la salud humana, sino también por sus implicaciones sociales.
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La experta explicó que “actualmente los drones que se usan para fumigar en la agricultura son los DJI Agras, que son muy precisos, pero bajo unas condiciones especiales. Esos drones primero miden el perímetro y ahí calculan los interlineados”. Según Ciro, estos equipos deben ser previamente programados para garantizar la correcta caída de la gota y reducir la deriva —es decir, la aspersión del glifosato en zonas no previstas—, un fenómeno que, aclaró, siempre existe.
“Es falso decir que siempre van a ir a 1,5 metros de distancia del dosel (la planta de coca), porque eso depende del viento y de las condiciones meteorológicas. Si la distancia entre líneas aumenta, más alto vuela el dron. Ahora, replicar esto en Cauca, donde se trata de operaciones militares que van a depender de los hostigamientos, los drones son fáciles de atacar y, además, van a estar entre 4 y 7 kilómetros de distancia del controlador”, señaló.
Ciro concluyó que “simbólicamente, el uso del glifosato es mostrar que todo lo demás fracasó. Significa retroceder a una estrategia que valida a la derecha y que, además, está siendo considerada como violación de los DD. HH. en las Naciones Unidas”. La experta también advirtió sobre los impactos directos en las comunidades: “Infantilizar a las comunidades como un tema de instrumentos de la guerrilla o de los narcotraficantes no es buena idea. Es pasar por alto un cúmulo de complejidades que el Gobierno nacional parece haber desatendido”.
A esto se suma que, según Ciro, “si el Gobierno está pretendiendo cultivar café en Cauca, el glifosato va a tener un efecto adverso en la polinización y no va a pasar las condiciones en Europa, como, por ejemplo, Alemania, que prohibió el glifosato en uso público o privado. Al final, el Gobierno nacional cayó en la trampa del prohibicionismo. Renunció a dar la pelea por desnarcotizar la agenda y crear caminos de regulación”.
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