Las duras detrás de la demanda que despenalizó el aborto hasta la semana 24

Colectivo Causa Justa

Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Pocas personas en Colombia pudieron leer tan magistralmente el contexto y las circunstancias de un debate público como lo hizo el movimiento Causa Justa. Aunque ya llevaba años trabajando en casi un centenar de argumentos para demostrar que el aborto no podía seguir siendo un delito, sus integrantes no tenían claro cuál era el camino para presentarle la idea al país y, sobre todo, para que la ley cambiara. En 2020 llegó el momento. En México y Argentina, los movimientos feministas empezaban a cobrar tal fuerza que la posibilidad de cambiar sus leyes se veía cerca. Mientras tanto en Colombia, la Corte Constitucional empezaba a dar luces de que estaba dispuesta a debatir el fondo de la situación.

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Causa Justa analizó ese contexto y, en septiembre de hace dos años, materializó en una demanda el trabajo de años de minuciosa investigación jurídica y científica. La Corte Constitucional duró dos años y cinco meses estudiándola y el pasado 21 de febrero, en una decisión histórica, despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Además, declaró que, después de ese tiempo, si una mujer quiere abortar, puede hacerlo sin incurrir en un delito, siempre y cuando esté bajo las tres causales permitidas desde 2006 (violencia sexual, riesgo para la salud de la madre o malformación fetal incompatible con la vida). Si bien el movimiento le había pedido a la Corte que lo dejara completamente libre, sin restricción de semanas, la decisión final la celebró como si la despenalización hubiera sido total.

Las arquitectas de la demanda

El movimiento Causa Justa firmó la demanda que avaló el aborto libre en Colombia. La pelea jurídica estuvo liderada por cinco organizaciones, en cabezadas por el mismo número de mujeres, que llevan décadas trabajando por la protección de niñas, mujeres y personas gestantes, estudiando los derechos sexuales y reproductivos y diagnosticando la situación nacional. En total, más de noventa organizaciones acompañaron el recurso, pero las voceras de la disputa fueron las médicas Ana Cristina González, de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (y pionera de Causa Justa), y Laura Gil, del Grupo Médico por el Derecho a Decidir; las abogadas Mariana Ardila, de Women’s Link, y Catalina Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos, y la politóloga Sandra Mazo, de Católicas por el Derecho a Decidir.

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El inicio de su trabajo en equipo comenzó después de 2006, cuando la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres causales y se hizo urgente que profesionales no solo blindaran la sentencias en la calle, sino que se empezaran a construir políticas públicas. Desde el inicio estuvo Ana Cristina González, pero las demás no tardaron en unirse. También estuvo presente Cristina Villarreal, la cabeza de Oriéntame, quien siguió el legado de su padre, Jorge Villarreal, en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos que empezó en los años 70. El trabajo de todos ellos le s permitió evidenciar que, pese a que había unas reglas claras para abortar, las mujeres se enfrentaban a todo tipo de barreras para acceder al procedimiento médico y que entender el aborto como un delito violaba sus derechos.

La demanda no surgió de la noche a la mañana. Fueron años enteros de investigación, no solo de lo que sucedía en Colombia, sino de cómo en el mundo entero abogados, congresistas y movimientos ciudadanos y feministas estaban dando la pelea por sacar el aborto de los códigos penales. Equipos enteros de abogados, médicos, economistas, politólogos y estadistas se sumaron al equipo. Todos identificaron que en el país había al menos tres obstáculos que exigían que sus argumentos fueran prácticamente invencibles. El primero, que la Corte Constitucional ya había estudiado el tema del aborto en 2006 y no podía hacerlo de nuevo porque ya había cosa juzgada, una figura jurídica que evita, precisamente, que jueces cambien las reglas de temas que ya han sido resueltos. El segundo, que existe una estricta interpretación de lo que puede hacer la Corte, y muchos creen que no puede dar órdenes para crear políticas criminales.

Y el tercero, que la tensión entre los derechos de las niñas, mujeres y personas gestantes y los del feto o persona en gestación no era fácil de resolver. Fueron al menos noventa argumentos los que incluyeron en su demanda. Por ejemplo, explicaron que la existencia del delito de aborto resultaba ineficaz y violaba derechos fundamentales, lo que reflejaba que la sociedad trata como criminales a las mujeres cuando deciden libremente sobre sus cuerpos y no ser madres. También que las fallas en el sistema de salud se derivaban, en parte, del sistema de causales para acceder al aborto porque reproduce barreras, especialmente para las personas que viven en zonas rurales o en condiciones de vulnerabilidad, y generaban que terceros terminaran interpretando las causales.

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Con estadísticas en mano, Causa Justa le mostró a la Corte que, aunque el aborto es catalogado como delito (o era), esto no evitaba que las mujeres interrumpieran su embarazo. Al contrario, la consecuencia era, dicen las demandantes, que lo hicieran en condiciones inseguras y que se terminara criminalizando a mujeres vulnerables. Para argumentar este cargo, la organización se remitió a estadísticas de la Fiscalía, en el informe sobre la judicialización del aborto en Colombia. Por ejemplo, se han reportado un total de 800 denuncias de interrupción del embarazo, dentro de los cuales el 42 % de las mujeres tenían un historial de victimización previa, bien sea por lesiones personales, delitos sexuales, entre otros.

Por otro lado, los números del ente investigador mostraban que el 97 % de las mujeres procesadas eran habitantes del campo. Hay 37 casos que corresponden a niñas menores de 15 años, y al menos 3 hechos entre los 11 y 12 años. Eso no fue todo. Causa Justa le explicó a la Corte que se estima que en Colombia se realizan más de 400.000 abortos por año, sin embargo, solo entre el 1 % y el 9 % son legales. Asimismo, mostraron que desde la creación de la sentencia C-355, proferida por la Corte Constitucional en 2006, existía una curva descendente en cuanto al debate sobre la práctica. Desde tal fecha, hasta 2017, el Congreso de la República había discutido 37 proyectos de ley relacionados con el aborto y la autonomía reproductiva.

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Además, argumentaron que la decisión de acceder a este servicio médico debía ser autónomo, íntimo y personal, y nadie, y mucho menos el Estado, podía imponerle a nadie la maternidad. “La verdad es que antes de presentar la demanda, no teníamos claro cuál era la vía para presentar al país nuestros argumentos ni de cuál era el que debíamos recorrer para cambiar la situación. Pensamos que era a través del Congreso con un proyecto de ley”, explicó Ana Cristina González, quien añadió que, antes de pensar en “judicializar” el caso, el interés del movimiento era hacer pedagogía y sacar al aborto de un tabú social, marcado también por la religión. Ella confiesa que hubo un momento casi decisivo para tomar la ruta, un hecho que hoy resulta paradójico por las circunstancias.

Para González, fue la demanda que presentó la abogada Natalia Bernal Cano, que pedía penalizar completamente el aborto (justamente lo contrario de Causa Justa), la que les abrió la ventana en la Corte Constitucional. Aunque el alto tribunal ni siquiera estudió de fondo el recurso, porque la demanda no cumplía con los requisitos de la ley, los magistrados dieron pistas de sus posturas frente al tema. El ponente pidió la despenalización y al menos tres magistrados estaban de acuerdo. “Ahí dijimos: lo que tenemos que hacer es presentar una demanda de inconstitucionalidad”. Y así fue. El caso le correspondió al magistrado Antonio Lizarazo, quien presentó una ponencia en la que le dio todo el peso a los argumentos de Causa Justa y planteó, en un primer documento, despenalizar por completo el aborto.

El ponente expuso la tesis de que el delito del aborto no funciona como política criminal, ni protege la vida en gestación y tampoco respeta la Constitución Política; por el contrario, aseguró que con la persecución criminal a quienes buscan abortar se violan varios derechos fundamentales. Lizarazo hizo un juicioso estudio de cómo la jurisprudencia nacional ha avanzado para entender que hoy el derecho a la salud tiene que ver directamente con la salud reproductiva de cualquier persona y que, por encima de cualquier circunstancia, el Estado debe hacer todo lo que esté a su alcance para protegerlo. Eso incluye eliminar todas las barreras que existan para su protección. Por eso, según el magistrado ponente, uno de esos obstáculos es, precisamente, el hecho de que el aborto sea un delito.

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Lizarazo aseguró que la penalización “afecta intensamente la obligación de respeto frente al derecho a la salud”. Y ese argumento fue uno de los que triunfó esta semana en la Corte Constitucional, luego de más de 500 días de estudio, un ir y venir de recusaciones e impedimentos que retrasaron la decisión. “A pesar del tiempo que pasó, nunca nos desmotivamos. Es más, creció nuestra indignación y con más firmeza y convencimiento seguimos exigiendo un fallo”, explicó González. Entre risas y la emoción por la sentencia, confesó que a todas les tocó aplazar viajes, temas laborales y hasta cancelar caterings ya pagados, pues la incertidumbre de la decisión tardó mucho más de lo normal. Aunque fueron ellas las arquitectas de la decisión, ninguna cree que es dueña de la victoria.

Aparte de reconocer el trabajo de, por ejemplo, Cristina Villarreal y su padre, también hicieron lo mismo, pero en honor a Mónica Roa, la abogada que en 2006 logró la despenalización en tres causales del aborto. Todas reconocen que ha sido una lucha de generaciones que se ha ido heredando, cuyo éxito radica en el trabajo colectivo de un centenar de organizaciones, del trabajo juicioso de expertos y, sobre todo, de la convicción de que las mujeres, niñas y personas gestantes son quienes deben decidir sobre sus cuerpos y nada ni nadie puede imponerles una maternidad. “Claro que vivimos momentos de angustia e incertidumbre; pero sabíamos que no estábamos improvisando y que, en el fondo de todo, estábamos transformando el debate del aborto en el país”, agregó González.

Si bien la decisión de la Corte marcó un hito, todas afirman que falta mucho camino por recorrer. No solo porque insisten en que la interrupción voluntaria del embarazo no debería tener un límite de semanas, sino porque todavía falta crear una política pública integral que garantice el derecho al aborto con estas nuevas reglas, un robusto sistema de educación sexual y el pleno acceso a métodos anticonceptivos. Mónica Roa, desde España (en donde se radicó después de recibir amenazas por su trabajo relacionado con el aborto), celebró la decisión. Sin embargo, expresó que “es frustrante y doloroso ver que quienes se opusieron con tanta vehemencia y hasta violencia en 2006 ahora rechacen la nueva sentencia diciendo que con las causales era suficiente”.

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Su postura frente a este tema es radical, pues asegura que esas causales nunca serán suficientes. “En un mundo ideal la educación sexual integral, el pleno acceso a anticonceptivos y la protección frente a la violencia sexual podrían disminuir la cantidad de embarazos no deseados y, por lo tanto, el número de abortos. Pero no vivimos en un mundo ideal. En la realidad, debemos trabajar para que los abortos se presten tan pronto como sea posible para la inmensa mayoría, y tan tarde como sean necesarios para la trágica minoría. Hoy en Colombia tenemos la posibilidad de responder con dignidad y seguridad a casos tan dramáticos como el que está viviendo Panamá con una niña violada y embarazada de ocho años”, agregó Roa.

“El despeñadero jurídico”

Así como los gritos de júbilo que se escucharon frente al Palacio de Justicia, el reconocimiento internacional sobre el avance en este debate, como quedó registrado en medios como el The New York Times, pues Colombia se suma al puñado de países de Latinoamérica donde el aborto es libre hasta cierto número de semanas, las críticas al fallo también se hicieron escuchar. Anuncios de referendo para tumbar la decisión, denuncias a los magistrados que votaron a favor, descalificación a los argumentos jurídicos que tuvo en cuenta la Corte y una convocatoria masiva para este domingo, organizada por movimientos cristianos, para marchar en contra, han sido algunas de las reacciones que fueron noticia esta semana. Y, como era de esperarse, el debate también fue el centro de la campaña política.

Aunque diferentes sectores cuestionaron la decisión, una de las voces más críticas fue la de la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático. En entrevista con RCN Televisión, la congresista calificó de lamentable la decisión y que la Corte era incoherente con su decisión. “La Corte lo que quiere es que el Congreso legisle lo que ella quiere (...) Nosotros no podemos seguir con la cultura de la muerte: si el adulto mayor está enfermo y tiene dolor, mátelo [aludiendo a la eutanasia], si la mamá no quiere tener un bebé, entonces mátelo. Yo sí creo que eso es un despeñadero jurídico y moral”, expresó Guerra. El presidente Iván Duque también se refirió a la decisión: la describió como atroz y no ocultó su preocupación de que “el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva”.

Asimismo, movimientos cristianos ya anunciaron que van a pedir la nulidad del fallo a la Corte, pese a que todavía no existe el documento completo, y a la Cámara de Representantes ya llegó una denuncia contra los magistrados Alberto Rojas Ríos, Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes y Diana Fajardo, y el conjuez Julio Andrés Ossa, quienes votaron a favor de la despenalización. Más allá de la calentura de la discusión, las pasiones que despierta y el debate jurídico que provocó, cuyos ecos seguirán estando a la orden del día, sobre todo en medio de la campaña política de este año, lo cierto es que el aborto libre hasta la semana 24 es una realidad. Un hecho que responde, como lo dijo la Corte, a un asunto de salud pública y de respeto a los derechos de las mujeres, niñas y personas gestantes.