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14 Oct 2020 - 8:13 p. m.

“Las manifestaciones no pueden terminar en vandalismo”: Wilson Ruiz, ministro de Justicia

En entrevista con El Espectador, el ministro habla sobre sus retos en la cartera, la reglamentación de la cadena perpetua, el glifosato, la protesta social y la crisis carcelaria, entre otros.
Wilson Ruiz Orejuela, ministro de Justicia
Wilson Ruiz Orejuela, ministro de Justicia
Foto: Cortesía

“Quiero ofrecer disculpas al país por el episodio ocurrido el pasado viernes, cuando fui al estadio Metropolitano de Barranquilla en compañía de mis dos hijos, a presenciar el partido de fútbol de la Selección Colombia”. Con estas palabras, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, se refirió al primer escándalo que ha tenido que afrontar como jefe de la cartera en la que se posesionó el pasado 6 de octubre. Ruiz, recién llegado al Ministerio, fue a la ciudad por temas de agenda, pero ya desde días antes tenía pensado ir al partido de Colombia contra Venezuela por las eliminatorias a Catar 2022.

“Fui al estadio por invitación de la Federación Colombiana de Fútbol”, siguió Ruiz quien anunció este miércoles su renuncia a otro cargo que ostentaba: integrante de la Comisión de Disciplina de la Federación Colombiana de Fútbol. “Quiero aclarar que en ningún momento he tenido a mi cargo investigaciones relacionadas con la reventa de boletas ni otro proceso disciplinario a los directivos del fútbol. Ofrezco disculpas y confirmo mi compromiso con los colombianos para seguir trabajando en beneficio del país. El Espectador habló con el ministro Ruiz sobre otros temas de interés nacional.

Usted llega al Gobierno cuando parece haber reticencia de algunos de sus funcionarios para cumplir las decisiones judiciales, en específico la reciente sobre violencia institucional del Esmad. ¿Cómo compaginar las relaciones con la Rama Judicial?

Inicialmente hay que aclarar que el ESMAD no depende del Ministerio de Justicia y del Derecho. Segundo, los funcionarios del Gobierno somos respetuosos de las decisiones judiciales y del Estado de derecho y si hay que controvertir una decisión de un juez, el ordenamiento jurídico establece los mecanismos para hacerlo y a esos recursos acude el Gobierno. Frente a las relaciones con la Rama Judicial, yo hice parte de la Rama y estaré trabajando de manera coordinada con magistrados y jueces, porque todas las instituciones del Estado buscamos que la administración de justicia sea cada vez mejor, más oportuna y eficiente.

¿Cuál es su posición sobre el momento de movilización social que vive el país?

Es un derecho que tienen los ciudadanos, pueden hacer movilizaciones pacíficas, pero estas manifestaciones no pueden terminar en acciones de vandalismo como las que hemos visto. Los empresarios, los comerciantes, las personas que buscan llegar a sus sitios de trabajo también tienen derechos que hay que respetar y no puede ser que en medio de la protesta se pretenda destruir los bienes públicos o la propiedad privada.

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Mucho se habló en la campaña a la Procuraduría sobre su posible llegada al Ministerio de Justicia. ¿Se pactó su llegada a la cartera para que fuera elegida Margarita Cabello como Procuradora?

No, la convocatoria a la Procuraduría se hizo de cara al país, fue un proceso transparente en el que la Corte Suprema de Justicia tuvo a bien escogerme dentro de la terna y en el Congreso se llevó un proceso enmarcado dentro de las reglas definidas en el ordenamiento jurídico, no resulté elegido y tiempo después el Presidente de la República me llamó para hacer parte del Gobierno. Nada tuvo que ver un proceso con el otro.

¿Cuál es su postura sobre la cadena perpetua?

Ya estamos terminando la reglamentación del proyecto que aprobó el Congreso. La presentaremos y de todos modos estamos esperando el pronunciamiento de la Corte en el control constitucional que está haciendo al Acto Legislativo.

¿Qué elementos para destacar tiene el borrador de proyecto de ley que la reglamenta?

Todavía es un borrador en el que estamos trabajando con todo el esfuerzo para tener la mejor reglamentación posible al Acto Legislativo que consagra la prisión perpetua revisable. En este proyecto se están ponderando los derechos fundamentales que protegen a las víctimas de los delitos contra niños, niñas y adolescentes y se atienden las garantías de dignidad humana para los privados de la libertad.

¿Es partidario de ampliar la figura de la pena perpetua a otros delitos? ¿Por qué?

El reto que tenemos en estos momentos es sacar una buena reglamentación, de manera oportuna, para dar justicia y protección a los menores de edad, sancionando hechos violentos que no se pueden tolerar. Tenemos que generar una cultura para la protección de la niñez.

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Siendo magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura usted hizo algunas visitas a cárceles e incluso solicitó en ese momento decretar la crisis carcelaria. Ahora, como jefe de la Cartera que maneja este asunto. ¿Cuál sería su plan de acción para atender la grave situación en los penales?

He recorrido varios centros carcelarios y penitenciarios y me inquieta la situación de las personas privadas de la libertad, a quienes se les debe garantizar sus derechos. Estamos trabajando en humanizar las condiciones de quienes están pagando una pena con medidas intramurales y seguir reduciendo los índices de hacinamiento. Para eso se desarrollan proyectos para la adecuación de cupos mediante la construcción de estructuras rígidas y modulares. En coordinación con los jueces de ejecución de penas buscamos establecer quiénes, de los privados de la libertad, cumplen requisitos para el otorgamiento de beneficios que se puedan aplicar para la imposición de medidas alternativas de privación de la libertad.

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¿Considera pertinente mantener la declaratoria de crisis después de la pandemia?

El Gobierno Nacional ha tenido un buen manejo de la crisis por la pandemia. Las medidas adoptadas oportunamente permitieron mitigar las consecuencias de esta emergencia y en el tema específico de las cárceles, el Presidente tomó decisiones acertadas que se reflejan en la manera como se disminuyó el hacinamiento, que antes de la pandemia estaba en más del 50 % y las decisiones del Gobierno permitieron reducirlo al 24 %.

¿Se han tomado decisiones para atender la crisis estructural aprovechando esta declaratoria? ¿Cuáles?

Muchas. En los temas de la justicia ha sido acertado el trabajo que viene realizando la Rama Judicial y que el Gobierno está apoyando con las iniciativas que apuntan al expediente digital y la transformación digital de la administración de justicia. Es un empeño del Gobierno que vamos a respaldar porque será el puntal para mejorar el servicio de justicia. Las medidas en política penitenciaria y carcelaria que comentaba anteriormente también fueron acertadas.

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¿Cuál es el diagnóstico del seguimiento a presos en sus casas durante esta pandemia?

Es un trabajo que vienen realizando de manera coordinada el INPEC con los jueces de ejecución de penas, de acuerdo con las competencias de cada uno. Los beneficios de detención domiciliaria se han otorgado atendiendo los requisitos legales y obedecen a disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico, por eso cuando una persona privada de la libertad cumple con los presupuestos, se debe otorgar el subrogado penal.

¿Cuál es su postura sobre el glifosato? ¿En qué va el camino para el regreso de las aspersiones aéreas?

El mecanismo más idóneo para erradicar los cultivos ilícitos es la aspersión aérea con glifosato, esperamos que se puedan reestablecer las fumigaciones para reducir los cultivos de coca. Estamos trabajando en ese proyecto, para dar cumplimiento a las disposiciones de la Corte Constitucional que estableció una serie de requisitos.

Margarita Cabello, su antecesora, venía construyendo con las Altas Cortes un proceso de reforma a la Justicia. ¿Ese borrador de proyecto seguirá en marcha? ¿Qué hacer para que esta reforma, tan necesitada, se pueda realizar?

El Gobierno tiene la voluntad de presentar una reforma a la justicia que responda a las necesidades del país que reclama una justicia pronta, eficiente y transparente. Bajo esos pilares estamos trabajando y es el clamor no solo del Gobierno, las cortes y en general la Rama Judicial buscan cambios para mejorar la administración de justicia.

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¿Qué puntos cree usted necesarios incluir?

Son varios los aspectos que se pueden mejorar relacionados con la transformación digital, acceso a la justicia en condiciones de igualdad, descongestión de los despachos judiciales y temas relacionados con el gobierno de la Rama Judicial.

¿Cómo lee la situación de sus excolegas Pedro Sanabria y Julia Emma Garzón? Tienen una orden de la Corte Constitucional de retirarse de la Sala Disciplinaria, pero ellos dejaron sus cargos “a disposición del Congreso”.

La constitución es clara al establecer que los periodos de los magistrados de altas cortes es de ocho años y al cumplirse ese periodo hay que dejar el cargo.

¿La JEP necesita reformas?

Es un reclamo del país. Los colombianos piden que haya responsabilidades y castigos a los autores de tantos delitos de lesa humanidad. Lo más importante en estos procesos es que se cumpla con los requisitos de verdad, justicia, reparación y no repetición

¿Debe renunciar Carlos Antonio Lozada al Congreso tras confesar el magnicidio de Álvaro Gómez?

Se están reconociendo delitos de lesa humanidad, hechos muy graves para los colombianos. No podría seguir en una de las ramas de la función pública quien hace estas confesiones. Aún están por confirmarse otros delitos igual de graves como el reclutamiento y abuso a menores de edad.

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