28 Oct 2019 - 4:26 p. m.

Las nuevas pruebas que se usarán en el juicio al exmagistrado Francisco Ricaurte

Se trata de informes que realizó José Reyes Rodríguez (quien fue magistrado auxiliar de Gustavo Malo). Para la defensa de Ricaurte, estos probarían que no tuvo acceso a información privilegiada. Reyes, ha dicho que no confiaba en Malo.

Redacción Judicial

El exmagistrado Francisco Ricaurte se encuentra en libertad. / Archivo El Espectador
El exmagistrado Francisco Ricaurte se encuentra en libertad. / Archivo El Espectador

Este lunes inició el oral en contra del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte por su supuesta responsabilidad en cartel de la toga, como se conoce el supuesto entramado que habrían creado abogados e integrantes de este alto tribunal para direccionar procesos judiciales a cambio de millonarias sumas de dinero. En la diligencia, el Juzgado Décimo de Conocimiento de Bogotá aceptó incluir nuevas pruebas en el expediente. Se trata de ocho informes que realizó José Reyes Rodríguez, quien fue magistrado auxiliar del hoy suspendido magistrado Gustavo Malo, también en juicio por este caso.

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La prueba fue admitida a petición de la defensa de Ricaurte quien explicó que se trata de reportes que Reyes iba dando al magistrado Malo sobre procesos que iban avanzando en el despacho, especialmente en el proceso por parapolítica en contra del excongresista Musa Besaile Fayad. Ricaurte fue acusado, entre otros, por la petición de dinero que se le hizo al exsenador para frenar una supuesta orden de captura en su contra en el 2015. Sobre esto, Besaile admitió haber pagado $2.000 millones y, según la Fiscalía, Ricaurte habría recibido $250 millones.

Según la defensa de Ricaurte, para la época, no existía una orden de captura contra Besaile y la prueba de ello serían los informes suscritos por el entonces magistrado Reyes, que se dieron a conocer en días pasados en el juicio que se adelanta en contra del magistrado Malo. Los informes son del 29 de agosto y del 30 de octubre de 2014, y del 20 de enero, 4 y 28 de febrero, 13 de mayo, 1 de junio y 1 de julio de 2015. Y cada uno cuenta con tres folios. Según la defensa de Ricaurte, los informes evidencian que el exmagistrado nunca tuvo acceso a información privilegiada de la Corte Suprema.

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“Lo que pretende probar la defensa es cuál era el estado de los procesos para que cada una de esas fechas. Estos informes, señor juez, le mostraran a usted si para esa época existía o no una orden de captura. Recuerde que la existencia de esa orden de captura ha sido señalada como información privilegiada y esos informes le mostrarán si esa información al menos existía o no. Le mostrarán si para esos momentos se había solicitado la apertura de instrucción formal con la consecuente captura que conllevaba (en el caso Musa Besaile)”, señaló el abogado de Ricaurte.

En su criterio, los informes podrían servir para desvirtuar el testimonio del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, condenado por su participación en el cartel de la toga, y quien ha sido el testigo estrella en este escándalo de corrupción. Incluso, dijo el abogado, servirían para contrainterrogar al propio exmagistrado José Reyes Rodríguez, quien está citado a declarar este martes en los juzgados de Paloquemao.  El juez del caso consideró pertinente admitir los informes.

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Reyes Rodríguez, declaró el pasado 28 de agosto en el juicio en contra a Gustavo Malo que avanza en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema. Allí, indicó que mientras trabajó para Malo le tuvo una “desconfianza no probada”, pues dudó de varias de sus actuaciones. Y sobre el caso Besaile dijo: “El expediente me había generado mucha inquietud por intereses que podría haber detrás (...) Yo le venía informando sobre la proyección del caso”, agregó el exmagistrado auxiliar. Rodríguez agregó en ese momento que no entiende cómo su superior, Malo, optó por no hacerle caso de ordenar la captura del excongresista, a pesar de que las pruebas estaban listas.

Ricaurte fue llamado a juicio desde diciembre de 2017 por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiadacargos que el exmagistrado no aceptó y, cada vez que puede, insiste en su inocencia. Ricaurte se vio sumido en el escándalo de sobornos que involucra a varios exmagistrados de la Corte por cuenta de las declaraciones del condenado Luis Gustavo Moreno. Según Moreno, excongresistas como Álvaro Ashton y Musa Besaile, entre muchos otros, pagaron dineros para que se frenaran o archivaran procesos en la Sala Penal de la Corte y parte de esos dineros habrían llegado a los exmagistrados.

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Entre lo dicho por Moreno a la Fiscalía y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, hubo varios señalamientos contra Ricaurte, a quien se refería como "Pacho". Pero, puntualmente, lo que se le endilga es que junto al también exmagistrado Leonidas Bustos, a Moreno y a un colega de este, Leonardo Pinilla (también preso por estos hechos) "dirigieron una organización criminal (...) dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad pública y la administración pública" amañando procesos penales en la Corte, reza el escrito de acusación que le leyeron a Ricaurte hace casi dos años.

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Según la Fiscalía, la organización nació en 2013 en una reunión en que Bustos presentó a Ricaurte con Moreno, quien por entonces era un abogado independiente que, tres años más tarde, llegaría a ser jefe anticorrupción de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Ricaurte y Bustos, sostuvo el ente investigador en su momento, "eran quienes tenían los contactos, generalmente políticos, especialmente congresistas y gobernadores", pues sus casos los llevaba la Corte Suprema.

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Supuestamente, Ricaurte manipuló de esta manera los expedientes que cursaban en la Corte en contra de Ashton, Besaile y el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, entre otros. En el caso de Ashton, según la Fiscalía, Ricaurte cuadró el pago a cambio de frenar una orden de captura en contra del excongresista por parapolítica y le ordenó al exfiscal Moreno recibir el dinero. Sobre Besaile se sabe, porque él mismo lo confesó, que pagó $2.000 millones para evitar que la Corte abriera una investigación formal en su contra. Sobre Abadía, la Fiscalía señala que Ricaurte se puso de acuerdo con el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Alfredo Bettin (quien ya aceptó su participación), para embolatar una imputación de cargos.

En el escrito de acusación se agregó: "La manera de manejar los procesos era diversa e incluía estrategias como conseguir y utilizar la información privilegia que obtenían de los procesos, retardar los trámites, instrumentalizar medios de comunicación para restar credibilidad a testigos, alteración de evidencias, todo con el objetivo de obtener decisiones con apariencia de legalidad que favorecían a los que ellos denominaban sus 'clientes'". Y, según se supo en ese momento, "todo lo anterior con la intervención de los funcionarios del más alto nivel que tenían a su cargo el manejo de los procesos".

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