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8 Mar 2022 - 10:42 p. m.

Las preguntas de la Corte en caso sobre homofobia en la donación de sangre

Para resolver una tutela que asegura que los criterios de donación de sangre en Colombia discriminan a los LGBT, la Corte Constitucional pidió apoyo científico y técnico. Estas fueron las preguntas que hizo.
La Corte estudia una tutela que asegura que hay discriminación en los trámites de donación de sangre (Imagen de referencia).
La Corte estudia una tutela que asegura que hay discriminación en los trámites de donación de sangre (Imagen de referencia).
Foto: Pixabay

La Corte Constitucional está por resolver una tutela que podría eliminar uno de los remanentes de homofobia que aún sobreviven en las instituciones colombianas. Así se lo han hecho saber un puñado de organizaciones de derechos humanos que le han pedido al alto tribunal que se pronuncie de fondo sobre un caso de una pareja de dos hombres gays a quienes no les permitieron donar sangre simplemente por ser homosexuales. Todo por un viejo prejuicio que asocia a los LGBT con el VIH. Esta semana, el alto tribunal pidió argumentos científicos para saber por dónde lleva el caso.

(En contexto: La cruzada de un estudiante por eliminar la homofobia de la donación de sangre)

En un auto, la magistrada Gloria Ortiz, ponente del caso, envió un cuestionario a las máximas autoridades de salud y otro a las universidades y centros de investigación más importantes del país. El primero busca conocer sobre “el estado actual de la tecnología para analizar muestras de sangre donadas”, y el segundo indaga por “la existencia de justificaciones basadas en evidencia científica para diferir donantes de sangre con base en características físicas o comportamentales con independencia de prácticas sexuales concretas”, según se lee en el documento.

El caso llegó a la Corte Constitucional por una tutela que interpusieron el estudiante Diego Rico y su novio, luego de que un banco de sangre en Cali les impidiera donar al enterarse que eran una pareja homosexual. Ellos explicaron que eran monógamos y hasta llevaban consigo una prueba reciente que demostraba que no eran portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), pero la institución les cerró la puerta. Al ponerse a investigar, la pareja encontró que la discriminación de la que fueron víctimas era generalizada en todo el país y se propusieron hacer algo para cambiarlo.

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La Corte les hizo cinco preguntas al Ministerio de Salud, a la Cruz Roja y al Instituto Nacional de Salud, entidad que a su vez coordina la Red Nacional de Bancos de Sangre. Por ejemplo, preguntó: ¿Qué pruebas tienen a su disposición los bancos de sangre en Colombia para tamizar las unidades de sangre donada y reducir el riesgo de infección de virus de la Hepatitis B, Hepatitis C y VIH? Este interrogante debe ser respondido por cada uno de los bancos de sangre del país, que también deben informar cuánta sangre les fue donadas en los últimos cinco años, entre otras preguntas técnicas.

Asimismo, la Corte pidió información sobre la evidencia científica más reciente respecto de la donación de sangre. El Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, la Asociación Colombiana de Inmunología, la Federación Médica Colombiana, el Instituto de Investigaciones Clínicas y el Departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional, entre otros centros de investigación, por su parte, recibieron seis preguntas que inician con: “¿Qué comportamientos incrementan el riesgo de adquirir infecciones hemáticas a través de relaciones sexuales de acuerdo con la literatura científica disponible?”.

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La pregunta es central en el proceso, pues por años se ha excluido a las personas homosexuales de la donación de sangre a través de normas, cuestionarios u otros tecnicismos. Por ejemplo, hasta hace poco a todos los donantes en Colombia se les preguntaba si habían tenido sexo con una mujer trans o con un “hombre que tiene sexo con hombres”. La tutela de Diego Rico propone que esto debe cambiar y, en su lugar, propone preguntarle al donante si ha utilizado condón o si tiene una pareja estable.

Aunque sin citar la demanda, la Corte les preguntó a los centros científicos y universidades qué tanto sustento científico el demandante en sus afirmaciones. Todas las entidades tendrán cinco días, según el documento, para enviar sus respuestas. Ya al alto tribunal han ido llegando conceptos de organizaciones como Colombia Diversa o el programa PAIIS de la Universidad de Los Andes, que se han puesto del lado de Rico. Todos los argumentos, los jurídicos, que dicen que hay discriminación; así como los médicos, tendrán que ser estudiados por la magistrada Ortiz para tomar una decisión.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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