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El Ministerio de Salud considera que no se deben cambiar las normas sobre donación de sangre en Colombia, a pesar de que organizaciones de derechos humanos y la propia justicia las tachan de homófobas. En medio de una batalla judicial que se libra en la Corte Constitucional para eliminar la discriminación histórica que existe en contra de hombres homosexuales y mujeres transgénero que quieren donar sangre, el Ministerio acudió a argumentos que, incluso, podría contradecirse con lo que le contestó el Instituto Nacional de Salud (INS) al alto tribunal.
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La Corte Constitucional estudia la tutela que presentaron el estudiante de Derecho Diego Rico y su novio, luego de que un banco de sangre en Cali les impidió donar sangre en enero de 2021 solo por ser homosexuales. Ellos llevaban pruebas de laboratorio que demostraban que no tenían VIH y explicaron que eran una pareja monógama. En primera y segunda instancia, jueces reconocieron que hubo un acto de discriminación y le ordenaron al INS actualizar los lineamientos de donación de sangre. Así lo hizo la entidad en septiembre de 2021, pero el Ministerio de Salud, al parecer, no se enteró.
Gloria Ortiz, la magistrada que estudia la tutela de Diego Rico les envió la misma pregunta al INS y al Ministerio de Salud: “Informe a esta corporación si ha realizado o conoce alguna modificación a las normas aplicables a la donación de sangre respecto al criterio de diferimiento de hombres que tienen sexo con otros hombres”. En las últimas semanas, ambas entidades contestaron, pero, sorpresivamente, llegaron dos respuestas en sentidos contrarios.
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El INS le explicó a la Corte Constitucional que, en efecto, obedeciendo a un fallo del Tribunal de Cali modificó el lineamiento técnico para la selección de donantes de sangre. “En septiembre de 2021 se publicó una nueva versión del documento que contiene los lineamientos para la selección de los donantes de sangre en Colombia, modificando la pregunta número 12 para evitar que en su aplicación puedan resultar agredidos los derechos de las personas por su orientación sexual”, explicó el Instituto.
La nueva pregunta que ahora debe hacer el personal de salud cuando una persona se acerque a donar sangre es: “Ha tenido relaciones sexuales con personas pertenecientes a alguna de las siguientes poblaciones: ¿trabajadores sexuales, habitantes de calle o personas que se inyectan drogas?”. Antes de septiembre pasado se preguntaba también si se mantuvieron relaciones sexuales con mujeres transgénero o con “hombres que tienen sexo con hombres”.
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Además, el INS le explicó a la Corte cómo tomó esta decisión, que no fue a la ligera. Fue un consenso luego de una reunión técnica con la Red de Bancos de Sangre y en datos epidemiológicos actualizados de otra entidad adscrita al Ministerio: el Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo (CCA). Además, en la nueva versión del lineamiento “se exhorta al personal seleccionador a evaluar individualmente el riesgo de cada donante potencial con el fin de definir la conducta de aceptación o diferimiento procurando identificar prácticas de riesgo”, explicó el INS.
Ahora bien, en el concepto del Ministerio de Salud no hay una sola mención a la modificación del lineamiento que hizo el INS en 2021, ni a los datos epidemiológicos del Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo. En su lugar, el Ministerio se limitó a explicar porqué su propia resolución de 2018 excluye a “hombres que tienen sexo con hombres” y a mujeres transgénero, por ejemplo, citando investigaciones de otras universidades y centros de estudio en los que, supuestamente, se demuestra que estas poblaciones están en mayor riesgo de contraer VIH.
A renglón seguido, el Ministerio reconoció que preguntarle al donante si ha usado condón en sus relaciones o si se ha testeado recientemente para descartar enfermedades de transmisión sexual (ETS) puede “identificar con mayor detalle aquel donante que incurre en conductas de riesgo de adquirir la infección por VIH”. Sin embargo, para el Ministerio, “este tipo de preguntas podrían ser consideradas como intrusivas, lo que determinaría que una proporción de la población decida no acercarse a donar sangre para no tener que dar respuesta al cuestionario”.
Y agregó: “El resultado final podría ser un descenso importante en el número de donantes que tendría un impacto negativo en el abastecimiento”. En pocas palabras, al Ministerio de Salud le parece que preguntarle a un eventual donante por el uso de condón o por exámenes de ETS puede ser “intrusivo” y puede llevar a que menos personas donen sangre. Al tiempo, pide mantener las normas que han excluido por años a hombres gays y mujeres transgénero del proceso.
Estos conceptos ya engrosan el expediente y falta ver qué otras pruebas ordenará la magistrada Ortiz. Organizaciones de derechos humanos han pedido que se corrija el estigma histórico que asocia a las personas LGBT con el VIH y que puede no estar basado en evidencia.
Nota de la editora: el gancho de este artículo fue cambiado porque inicialmente decía que el INS modificó sus normas. La entidad modificó la entrevista que se practica a los donantes, que es un lineamiento técnico.
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