Las pruebas de la Fiscalía en contra de Mauricio Aguilar, exgobernador de Santander

Mauricio Aguilar Hurtado fue el tercer miembro de su familia que ocupó el cargo de gobernador de Santander (2020-2023), y también el tercero en enfrentar a la justicia por presuntas irregularidades cometidas en razón de ese cargo. Ya lo hizo su padre, Hugo Aguilar, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a nueve años de prisión por “parapolítica”. También lo hizo su hermano, Richard Aguilar, quien enfrenta un juicio por supuestos delitos de corrupción durante su paso por la Gobernación entre 2012 y 2015. Ahora, es Mauricio Aguilar quien irá a juicio por presunta contratación irregular. El Espectador conoció el escrito de acusación que radicó la Fiscalía en contra del político, con el que lo llevará a juicio por hechos supuestamente irregulares en una serie de contratos que firmó su oficina para posicionar su imagen como mandatario departamental.

Aguilar Hurtado fue imputado en agosto de 2024 por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros, cargos que no aceptó. Sin embargo, la Fiscalía tendría cómo probar que durante su gestión se firmaron dos convenios entre la Gobernación de Santander y el Canal TRO (Televisión Regional del Oriente) para la divulgación y posicionamiento de la imagen institucional “Siempre Santander”, una estrategia para dar a conocer los logros de la administración del miembro del clan Aguilar. Estos contratos, sin embargo, presentaron irregularidades en la planeación, ejecución y supervisión, vulnerando así los principios de contratación estatal, según el ente investigador.

Entre los hechos ilegales que encontró la Fiscalía, y que quedaron consignados en el escrito de acusación en contra del exgobernador, resalta, en primera medida, la precariedad de los estudios de necesidad y conveniencia de los contratos que sumaron más de $8.593 millones. De hecho, según las pesquisas del ente de control, la propuesta contractual no se puso sobre la mesa por parte de la Gobernación, como exige la ley, sino que fue presentada por el contratista, en este caso el Canal TRO. La oficina del entonces gobernador, a través de su asesora Katerine Suárez Ruiz, respondió que la propuesta era oportuna y necesaria “para garantizar la operatividad del plan de medios departamental, a fin de lograr comunicar por todos los medios masivos posibles (...) la información que se presenta diariamente en la entidad departamental”.

Para la Fiscalía, según estableció en el escrito de acusación, el hecho de que el canal fuera el encargado de presentar el ofrecimiento es un hecho que trastoca “por completo no solo la estructura del proceso contractual, sino dejando en manos del contratista la decisión de hacer una propuesta que señale las necesidades a satisfacer, cuando es sabido que esto corresponde al contratante; es decir, a quien detecta la necesidad y explica, justifica y por consiguiente procede a realizar lo que sea del caso con miras a satisfacerla”.

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La propuesta del Canal TRO, determinó la Fiscalía, también estaba plagada de anomalías. Por ejemplo, en la radicación de acusación, la entidad dirigida por Luz Adriana Camargo detalló que la documentación enviada por el contratista “no se conoce, no se aporta o no aparece por ningún lado”. Es decir que, aunque adjuntaron documentos en la oferta, todo era información fantasma. Así mismo, durante el proceso contractual tampoco se realizó un estudio para entender por qué eran necesarios esos convenios para la Gobernación, pues para ese momento ya contaban con 38 contratos que sumaban más de $464 millones para atender temas de comunicaciones para, entre otros propósitos, posicionar la imagen de la Gobernación.

Para el ente investigador este es un tema clave para determinar que en la celebración de ambos contratos se presentaron irregularidades. Así lo dejó ver en su escrito de acusación contra Aguilar Hurtado: “Se desconocen las razones y fundamentos, así como la necesidad para que la Gobernación de Santander haya aceptado la inusual “propuesta” de Canal TRO con miras a la celebración de este convenio (...) si contaba con personal suficiente y capacitado para realizar esa labor, máxime que la asesora Suárez Ruíz presenta en su informe de gestión unos ‘presuntos’ óptimos resultados obtenidos por esa oficina”.

Otro de los puntos irregulares que detectó el ente investigador estuvo centrado no solo en identificar las necesidades para generar los contratos, sino también qué tan convenientes eran para la Gobernación. En ese sentido, la Fiscalía dijo que no eran para nada convenientes, pues no se ajustaban a las líneas de acción del Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023. Esa ruta de acción económica se planteó, desde un inicio, actividades ligadas a la reactivación económica, de salud, reconstrucción social y seguridad. “De lo anterior, se evidencia la inexcusable falta de planeación en que incurrió la Gobernación a cargo de Aguilar Hurtado en el proceso para la celebración del convenio interadministrativo con el canal TRO”, señala el documento de la Fiscalía.

Respecto al primer contrato, firmado entre la Gobernación y el canal en septiembre de 2020 por $2.750 millones, la Fiscalía estableció que no hubo un análisis que justifique el alto costo. Tampoco, reseñó el ente investigador, se presentaron estudios de mercado ni documentos que expliquen la asignación de valores a las actividades propuestas y la justificación presupuestal fue limitada a enunciar montos sin detallar los parámetros del sector económico correspondiente. En pocas palabras, la Gobernación no movió un dedo para garantizar la legalidad de esa propuesta que puso sobre la mesa el contratista. Esto sin contar las irregularidades en los tiempos de ejecución, pues el contrato tenía un plazo de tres meses y 15 días, pero no se presentó documentación que explicara por qué este periodo era el adecuado.

Pero los problemas no paran ahí. De acuerdo con las pruebas que encontró la Fiscalía en contra del exgobernador, también se habrían vulneraron los principios de publicidad y transparencia, pues la documentación relacionada con el contrato no fue publicada en las plataformas legales de contratación (SECOP I y II). Aunque algunos documentos se subieron a la plataforma web departamental (Guane), esto no cumple con las exigencias legales. “La Gobernación de Santander debía publicar en la plataforma del SECOP creada por ley para el efecto, para entender cumplidos los lineamientos de las políticas públicas y del presupuesto de los recurso de inversión y, de esta forma, asegurar que el sistema de compras y contratación pública se realice a través de un proceso transparente”, se lee en el documento.

Así las cosas, la Fiscalía suma estos hechos en una batería de pruebas soportadas en documentos, contratos, archivos, informes y comprobantes, donde se mostraría cómo la administración de Mauricio Aguilar Hurtado habría incurrido en aparentes delitos de corrupción para dar a conocer los logros de su administración. El político, quien ha reiterado que es inocente, buscará por su lado desvirtuar la exposición del ente investigador, argumentando que durante su gestión la contratación no tuvo nada de ilegal. La puerta está abierta en otro nuevo episodio judicial en la historia del clan Aguilar de Santander.

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