En el más reciente consejo de ministros llevado a cabo en la noche del pasado 16 de junio, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) Wilmer Mejía aseguró tener un informe de inteligencia que da cuenta de un supuesto “entramado criminal al interior de sistema de salud, que tiene que ver con una de las EPS más importantes del país”. El funcionario aseguró que presentará la denuncia formal ante la Fiscalía este miércoles 17 de junio. Sin embargo, el ente investigador desde hace meses dijo públicamente que tiene pruebas de que en los últimos 10 años se ha venido defraudando el sistema de salud.
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Durante el consejo de alto nivel, Mejía aseguró que el informe de 130 páginas da cuenta de que en la red que denunciará participan 168 actores en un “mecanismo que ocultó pasivos de EPS” y en el que hubo una “triangulación financiera”. Mejía sostuvo que hay, por lo menos, 43 personas jurídicas que están dentro de la supuesta red y tres entidades financieras, además de 17 clínicas y hospitales. Asimismo, aseguró que hay “una unión temporal que facilita estas operaciones” y que hay evidencia de cómo “tres personas lograron crear de manera indebida una integración vertical que no es ilegal, pero sí indebida, que facilita el desfalco”.
Esas personas, dijo el director de la UIAF, serían “personas naturales que crearon un conglomerado de empresas que eran controladas de manera estratégica para mover recursos de EPS a IPS, y de estas a cuentas en Colombia y en el extranjero. Hay hallazgos con los que la DIAN puede actuar y con los que la Fiscalía puede actuar con contundencia”. Aunque no señaló con nombre propio a ninguna EPS, Mejía aseguró que habían detectado que en fondos internacionales había COP 5 billones del sistema de salud que habían sido trasladados por un empresario de “operadores de medicinas” que tiene contratos con Coosalud, EPS que tiene más de 3,3 millones de afiliados.
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Fiscalía ha dicho que las EPS han desfalcado el sistema de Salud
Desde el pasado 13 de abril, cuando la Corte Constitucional citó al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo a una sesión técnica para evaluar el cumplimiento de las órdenes que le dio el alto tribunal desde diciembre pasado sobre el cálculo que debe hacer sobre la Unidad de Pago de Capitación (UPC), la Fiscalía aseguró tener pruebas de que en los últimos 10 años, desde las EPS, se ha venido desfalcando el sistema. En esa ocasión, el fiscal Jairo Alberto Giraldo dijo que desde el bunker vienen haciendo un seguimiento a posibles delitos relacionados con el manejo de recursos del sistema de salud.
Giraldo aseveró ante el alto tribuna que “se ha podido evidenciar la defraudación al sistema a través de los recursos parafiscales que son otorgados a cada una de las empresas promotoras de salud”. Asimismo, que “las EPS no han realizado el reporte de sus afiliados que han fallecido, lo que les ha permitido recibir recursos de la parafiscalidad. También se ha podido evidenciar una alteración de la información de sus usuarios para obtener mayores recursos. Esto es agregarles un punto, una coma, y sobre un solo afiliado se pueden recibir varios recursos”.
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La defraudación al sistema, de acuerdo con el ente investigador, a quedado en evidencia a través de “recobros efectuados por medicamentos, por servicios de salud, insumos o procedimientos no contemplados en el Plan Obligatorio de Salud (POS) o no incluido en el Plan Básico de Beneficios con alteración de los soportes o sin haber adquirido el derecho para adquirir a la vía del recobro”. Por otra parte, han identificado que se han hecho cobros a través del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) “por ciudadanos inexistentes o personas que no tuvieron el accidente, como se indica en cada una de las reclamaciones”.
El fiscal Giraldo señaló en ese momento que “dentro de las situaciones administrativas que tienen cada una de las empresas promotoras de salud, se ha podido identificar altos costos en la en las contrataciones administrativas y los servicios de salud. Así mismo, unas contrataciones sobredimensionadas para los mismos servicios en la misma zona geográfica. Una realización de inversiones con recursos de la salud que no tienen conectividad con la prestación del servicio de salud y alteración de información contable para evitar intervenciones, sanciones o para mantener esos márgenes de solvencia para evitar que salgan del sistema general de seguridad social y salud”.
Ante los magistrados de la Corte Constitucional el fiscal señaló que también “se ha podido identificar dentro de la experticia del grupo de salud la constitución de IPS fachada, generando lo que se ha determinado como el carrusel de la contratación de las EPS o ese carrusel para acudir ante la aseguradora de los recursos del sistema general de seguridad de salud en la vía de reclamaciones”.
De igual manera, el investigador expuso que “se pudo identificar alteración de información clínica para acceder a estas reclamaciones por servicios que no están contemplados en el plan de beneficio o alteración contable para la adquisición de contratos sin contar con una infraestructura financiera para poder ejercer la prestación de servicio y hay una manipulación de información clínica para acceder a recursos de patologías que no están contempladas dentro del plan de beneficios”.
El fiscal Giraldo dijo que el ente investigador ha identificado conductas “que han generado una apropiación o una desviación o un uso irregular de la Unidad de Pago por Capitación”. Y, con las investigaciones, “se puede afirmar sin temor a duda, impactan ostensiblemente en la disponibilidad real de los recursos que son destinados a la prestación de servicio de salud”.
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