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El pasado 5 de marzo, como se sabe, el fiscal Gabriel Jaimes solicitó una audiencia ante juez para poder archivar el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para llegar a esta determinación, Jaimes estructuró un plan de trabajo y emitió 14 órdenes judiciales, en las cuales solicitó la práctica de las pruebas que él consideró necesarias para avanzar en el proceso. Jaimes contaba también con todo el expediente de la Corte Suprema de Justicia, que recibió el pasado 3 de septiembre, pero aun así prefirió repetir varias declaraciones que el alto tribunal ya había tomado.
El Espectador y Blu Radio revelan todas las órdenes impartidas por Jaimes a su grupo de trabajo en la investigación contra el líder natural del partido de gobierno, Centro Democrático, y que serán la base de sus argumentos para pedir que este caso se archive, en una audiencia que tendrá lugar el próximo 6 de abril ante la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz Rassa. Y lo primero que hizo la mano derecha del fiscal general, Francisco Barbosa, aunque no existe el soporte entre los documentos que la Fiscalía entregó a las demás partes del proceso, fue pedir entrevistas con quienes figuraban como antiguos dueños de La Veranera.
Según ha denunciado la defensa del expresidente Uribe, se trata de una finca en Risaralda que Juan Guillermo Monsalve habría recibido como dádiva a cambio de sus declaraciones para señalar a Uribe como promotor del bloque Metro de las autodefensas. Se sabe que esta fue la primera movida de Jaimes como fiscal a cargo de este espinoso expediente, porque las entrevistas a Mitchell Montoya y Leonardo Hoyos se realizaron entre el 9 y 10 de septiembre del año pasado, una semana después de que la Corte Suprema, tras admitir que perdía competencia para seguir investigando al exmandatario, le remitió todo el proceso a la Fiscalía.
La primera orden en papel data del 4 de noviembre de 2020, dos días antes de que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito concluyera que Uribe, aunque seguía en libertad, sí estaba ya en calidad de imputado -que era uno de los interrogantes que quedaron cuando la Corte perdió competencia sobre el caso-. En ella, Jaimes impartió varias solicitudes con el fin de indagar información relacionada con varios actores del proceso judicial. En primer lugar, le pidió a la Procuraduría la copia del proceso disciplinario que se abrió contra el senador Iván Cepeda por las supuestas visitas que este habría realizado a varios internos en diferentes cárceles del país, para que supuestamente declararan en contra del expresidente. Cepeda, acreditado como víctima en el caso contra Uribe, fue absuelto en 2020.
El fiscal Jaimes decretó 28 pruebas, la mayoría relacionadas con Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, testigos claves contra el expresidente: pidió información o declaraciones rendidas por ellos a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el Tribunal Superior de Medellín, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, juzgados de ejecución de penas, la Dirección de Justicia Transicional y los sistemas de información de la Fiscalía, así como solicitó al Inpec los nombres de sus visitantes desde 2011. Y ordenó inspecciones al proceso del bloque Metro, del exparamilitar Santiago Gallón Henao, de Luis Alberto Villegas y a un proceso en Medellín contra Juan Guillermo Villegas, Santiago Gallón y Santiago Uribe por concierto para delinquir.
En esa misma línea, el fiscal Gabriel Jaimes ordenó que se verificara si en el Inpec había registros sobre “privilegios o beneficios autorizados” a Juan Guillermo Monsalve y que, en caso afirmativo, se estableciera quién los otorgó. También pidió obtener los certificados de libertad y tradición de los inmuebles que estén a nombre de Pablo Hernán Sierra, Juan Guillermo Monsalve, la exesposa de Monsalve Deyanira Gómez y sus padres, Luz Marina Pineda y Óscar Antonio Monsalve. Este último fue mayordomo de Guacharacas, la hacienda que tuvo la familia Uribe en el nordeste de Antioquia hasta 1996.
Después de 13 días, el 17 de noviembre de 2020, el fiscal Jaimes puso la lupa sobre el exabogado de Uribe, Diego Cadena, quien fue llamado a juicio por presunta manipulación de testigos -en este caso, en favor del expresidente, lo cual ambos niegan con vehemencia- y ordenó una inspección a su proceso. Según el despacho de la Fiscalía que lo acusó, Cadena trató de persuadir a testigos con sobornos -entre ellos Monsalve- para que declararan en favor de Uribe. Ese mismo día, del despacho de Jaimes salió otra orden: una inspección en el Inpec para establecer las circunstancias en las que Juan Guillermo Monsalve utilizó un reloj grabadora, entre 2017 y 2018.
El famoso reloj grabadora es una pieza clave en el expediente del expresidente, pues con este dispositivo Monsalve grabó una reunión en la que, aparentemente, Diego Cadena le ofreció dádivas por su retractación, en 2018. Cadena asegura que el contenido de esa grabación fue manipulado. Al parecer, quien le entregó este aparato a Monsalve fue su abogado Héctor Romero. Por eso, Jaimes pidió al Inpec los registros de ingresos del abogado a La Picota y que especificaran si al penalista se le permitió el ingreso de dispositivos electrónicos al penal.
La siguiente orden de trabajo del fiscal Jaimes, según los documentos conocidos por El Espectador y Blu Radio, fue del 12 de enero de 2021. Jaimes se enfocó en indagar sobre las siete sim cards, un computador y un celular marca Samsung que el Inpec le incautó a Monsalve en 2020. En ese sentido, pidió la copia de los resultados de los análisis realizados a estos dispositivos o la entrega de los elementos originales. Asimismo, ordenó establecer el nombre de una abogada que “le entregó un rollo de billetes, arrojado por debajo de una reja, al interno Juan Guillermo Monsalve”, según dice la orden, en la que también pidió la declaración jurada de 26 personas relacionadas con el proceso del expresidente.
Por lo menos 16 de los testigos que figuran en la lista han aportado testimonios en favor del expresidente Uribe: Jaime Lombana, Diego Cadena, la exfiscal Hilda Janeth Niño, el congresista Álvaro Hernán Prada, Fabio Valencia Cossio, Juan Carlos el Tuso Sierra, los exparamilitares Jhon Jaime Cárdenas, Fauner Barahona, Giovanny Cadavid y Elmo Mármol, Roque Arismendi, Juan Manuel Aguilar, Victoria Jaramillo, Enrique Pardo Hasche, Ricardo Williamson y Eurídice Cortés. Se pidió también conseguir la declaración de Juan Guillermo Monsalve -quien no quiso hablarle al grupo de Jaimes- y su exesposa Deyanira Gómez.
El 21 de enero de 2021, Jaimes pidió el testimonio de quien fue abogado de Monsalve, Héctor Romero Agudelo. Ese mismo día, a través de una orden diferente, insistió en un análisis forense a las siete tarejtas sim que le fueron incautadas a Monsalve en febrero de 2020, en las que, al final, la Fiscalía no encontró mayor cosa. Luego, el 25 de enero, Jaimes solicitó una visita a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para obtener una copia de las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve y su expareja Deyanira Gómez, en el proceso que se adelanta contra el representante a la Cámara por el Centro Democrático Álvaro Hernán Prada, quien se encuentra procesado por los mismos hechos por los que está investigado Uribe.
El pasado 13 de febrero, Jaimes solicitó escuchar la declaración de Juan Carlos Sierra Ramírez, alias el Tuso Sierra, un narcotraficante que se coló en el proceso de desmovilización del gobierno Uribe, luego fue extraditado a Estados Unidos con el propio aval del expresidente y, ahora, se ha convertido en un testigo clave en favor del exmandatario. Mientras el proceso estuvo en el alto tribunal, la defensa de Uribe alegó que la Corte no quiso escuchar al Tuso. El documento de 2020, en el que el alto tribunal ordenó la detención de Uribe, al contrario, indicó que el día en el que el testigo fue citado a declarar este se excusó, vía correo, diciendo que tenía otra diligencia que atender.
Dos días después, el 15 de febrero de 2020, el fiscal Jaimes emitió otra orden: que su equipo recogiera el celular, el computador y los discos duros que le fueron incautados a Monsalve y que estaban bajo custodia de la Corte Suprema, para que fueran entregados al Almacén General de Evidencias de la Fiscalía. La alta corte respondió públicamente a esta solicitud señalando que el ente investigador ya tenía los datos hallados en el celular y dejó claro que si quería repetir los análisis, podía hacerlo, pero que los elementos no saldrían de su custodia, pues eran parte de las pruebas en el caso contra Álvaro Hernán Prada.
Por eso, el pasado 2 de marzo, Jaimes emitió una nueva orden en la que solicitó a sus investigadores practicar una “imagen forense” (copias) de la información contenida en el computador y en el celular que le fueron incautados a Monsalve, en la Secretaría de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema o en el despacho del magistrado correspondiente, tal y como lo había dispuesto el alto tribunal. Pero antes de este requerimiento, Jaimes había dispuesto dos órdenes más relacionadas con el tema. El 16 de febrero pidió toda la información disponible de las siete tarjetas sim incautadas a Monsalve a ocho empresas de telefonía celular. Y el 17 de febrero, cuando ya faltaba menos de un mes para que la Fiscalía anunciara su solicitud de preclusión, pidió una “caracterización” del testigo Juan Guillermo Monsalve.
Esa tarea le correspondió al Centro Estratégico de Valoración Probatoria (Cevap) de la Fiscalía, dependencia a la que Jaimes le ordenó “identificar, describir y analizar las variables sociodemográficas, políticas y psicológicas” del testigo y les pidió realizar una “multimedia interactiva” para presentar los resultados. Para que los investigadores ejecutaran este análisis, Jaimes habría aportado las grabaciones y testimonios rendidos por Monsalve ante diferentes autoridades, según se lee en la orden judicial.
Finalmente, la última orden emitida por el fiscal Gabriel Jaimes registrada en el expediente de la Fiscalía, el cual se le entregó hace apenas unos días a todas las partes del proceso, fue la solicitud de preclusión para poder archivar el caso contra el expresidente Uribe. A través de este documento, el fiscal le insistió “respetuosamente” al magistrado de la Corte Suprema César Augusto Reyes el traslado en calidad de préstamo del celular incautado a Monsalve para que sus investigadores realicen la imagen forense del dispositivo, pues, según explica, los expertos no pudieron extraer información porque necesitaban la contraseña del celular.
“Se sugiere respetuosamente al señor fiscal solicitar dicho patrón de contraseña al dueño del dispositivo o solicitar el desbloqueo del teléfono celular con la herramienta especializada del software cellebrite que se encuentra en el grupo de informática forense”, indicaron los peritos al fiscal, quien, por consiguiente, le pidió al magistrado que le prestara el celular para llevarlo a las instalaciones de informática donde sí es posible acceder a la información, según la orden. Estas órdenes de trabajo y los resultados que de ellas vinieron son las bases con las cuales, el próximo 6 de abril, el fiscal Gabriel Jaimes explicará que no hay razón para que el expresidente Álvaro Uribe Vélez vaya a juicio por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
* Este informe especial sobre el caso Uribe lo trabajó la sección judicial de El Espectador, conformada por Diana Durán (editora judicial) y los reporteros Felipe Morales, David Escobar, Alejandra Bonilla, Kelly Rodríguez y Sebastian Cote; y Santiago Martínez, periodista de la Unidad Investigativa. De parte de Blu Radio están la periodista Silvia Charry y Ricardo Ospina (director de Servicios Informativos).