La defensa del expresidente presentó una apelación de 904 páginas en las que detalló los errores que cometió la jueza Sandra Liliana Heredia en la condena a 12 años contra el líder del Centro Democrático. Entre otras cosas, insistió en la ilegalidad de las interceptaciones al teléfono de Uribe, errores en la valoración de las pruebas y, además, señaló que hubo conjeturas subjetivas.
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(En contexto: Las claves del fallo que dejó a Uribe frente a una condena de 12 años)
En 904 páginas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se jugó su más reciente carta para tumbar la condena a 12 años de prisión domiciliaria que le impuso la jueza Sandra Liliana Heredia por soborno en actuación penal y fraude procesal. Un extenso documento que estudiará el Tribunal Superior de Bogotá para decidir si confirma la sentencia de primera instancia o si decide absolver a Uribe Vélez de uno o todos los cargos. Una decisión que tomará a contrarreloj, pues si no lo hace antes de octubre de este año, el caso prescribirá y no quedará otro remedio que cerrar por completo el proceso. En esencia, lo que sostiene el exjefe de Estado es que Heredia valoró pruebas ilegales, no tuvo en cuenta todas las pruebas presentadas en el juicio, las que sí estudió, las revisó mal, e hizo una serie de conjeturas subjetivas que violaron derechos del procesado.
El problema de las pruebas y la credibilidad de los testigos
El equipo de abogados del expresidente, encabezado por Jaime Granados y Jaime Lombana, explicó que uno de los asuntos más polémicos de la sentencia es que la jueza valoró mal y parcialmente las evidencias que se presentaron durante el juicio. Para Uribe, Heredia basó su decisión en una selección parcial de las pruebas, privilegiando aquellas que respaldaban la acusación y descartando sin fundamento las que acreditaban la inocencia de Álvaro Uribe. Además, insistió en que la jueza no podía valorar las pruebas que, para la defensa, fueron obtenidas ilegalmente, como las interceptaciones a las comunicaciones del expresidente. Aunque ya al menos tres instancias judiciales han dicho que sí se pueden usar, pese a que fueron obtenidas por error de la Corte Suprema de Justicia, Uribe insiste en que no.
Según la apelación y los otros recursos que ha presentado para que se declare la legalidad de esas interceptaciones, esas comunicaciones tenían protección especial, pues las conversaciones entre abogado y su cliente deben tener reserva. La defensa le explicó al Tribunal Superior de Bogotá por qué considera que se hizo una mala valoración probatoria y expuso, uno a uno, los errores que habría cometido Heredia. Dijo, además, que no solo se habría equivocado en esa evaluación de los testigos, sino que pudo haber omitido y minimizado las inconsistencias en declaraciones claves que, si no hubieran sido reducidas, habrían logrado demostrar que no existe prueba alguna de que Uribe impartió instrucciones directas para que se ofrecieran beneficios a testigos, con el fin de que mintieran ante la justicia.
Además de cuestionar los supuestos errores en la valoración de las pruebas, en que algunas fueron supuestamente obtenidas de manera ilegal, la defensa expuso que Heredia tampoco cuestionó la credibilidad de varios testigos que hablaron en contra de Uribe. Por ejemplo, sostuvo que los testimonios de Juan Guillermo Monsalve y Juan Carlos el “Tuso” Sierra presentaron varios vacíos en sus dichos, cambios sustanciales y motivaciones personales que no fueron valorados por la jueza y, en cambio, fueron presuntamente ignorados por ella. En ese mismo sentido, la defensa explicó que el juzgado privilegió testimonios indirectos y con intereses contrapuestos, otorgándoles un peso superior al de las pruebas documentales y testimoniales que favorecieron la hipótesis de la Fiscalía.
Uribe no pudo “determinar” al abogado Diego Cadena
Por otra parte, la defensa del expresidente explicó que la jueza Heredia tampoco habría valorado bien los hechos y no tuvo en cuenta que, para cuando Cadena ofreció beneficios a cambio de la retractación de testigos a favor de Uribe, lo hizo sin ser el defensor oficial del expresidente. En consecuencia, sostienen los abogados, el jefe natural del Centro Democrático no pudo ser el determinador de la cadena de manipulación de testigos por la que fue condenado. La apelación expone que el procesado no podía prever ni controlar cada gestión que Cadena realizaba de manera autónoma, pues no se trataba de un subordinado, sino de un jurista que debía ceñirse a la ley y al mandato ético. Además, los abogados señalaron que la sentencia en primera instancia se basó en “inferencias y conjeturas” a partir de hechos aislados y sin conexión causal probada. Este viernes 15 de agosto, Cadena sabrá si sale condenado o absuelto del proceso que hay en su contra por los mismos hechos por los que fue condenado Uribe.
Sobre el discurso inicial de Heredia
Para la defensa del expresidente, las palabras que dirigió Sandra Liliana Heredia, antes de leer el sentido de la sentencia el pasado 28 de julio, fueron violatorias al debido proceso de Uribe Vélez y demostraron que la sentencia tuvo un contenido político que no se debería permitir. El discurso que molestó a los abogados incluyó frases como: “La toga no tiene género, pero sí carácter” o “la ley debe ser como la muerte”, y fue considerado en la apelación como “innecesario en el plano procesal”, pues estuvo “cargado de contenido político e ideológico y representa una forma de desviación del deber judicial de neutralidad. Aunque en apariencia, busca reafirmar la imparcialidad de la decisión, en la práctica incurre en una auto legitimación retórica que evidencia una sensibilidad frente al juicio mediático y político del caso”.
“Esta situación es especialmente delicada cuando se trata de decisiones que involucran figuras públicas o controversias de alto impacto, pues se espera que el juez hable exclusivamente a través de sus decisiones jurídicamente fundadas, no de discursos. La justicia, para ser efectiva y legítima, no necesita proclamas: necesita razones jurídicas, sobriedad institucional y distancia del debate político”, se lee en la apelación. “Se quebrantaron las garantías fundamentales de nuestro representado, Uribe Vélez, al vulnerarse el principio de imparcialidad judicial. Tal afectación se materializó en un sesgo evidente del a quo, que se manifestó durante la audiencia preparatoria, el juicio oral y desde luego, en la valoración de la prueba practicada, inclinándose de manera total y absoluta a favor de la teoría acusatoria de la Fiscalía”, dice el documento.
Los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo son los llamados a resolver en segunda instancia el caso Uribe. Desde hace unos días recibieron apoyo de otros tres togados y no revisarán tutelas para que puedan dedicarse con exclusividad a este expediente que tiene los días contados: en octubre de este año vencen los términos para tomar una decisión. Además de resolver si mantiene o no la condena contra el expresidente, el recurso incluyó otra polémica petición: dejar sin efectos el juicio que adelantó la jueza Heredia, argumentando una violación al debido proceso. Si el Tribunal acepta, no habría remedio que repetir el juicio que duró cinco meses. Pero el tiempo apremia y solo quedan dos meses para la prescripción. El Tribunal Superior de Bogotá tiene la palabra.
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