La Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura de la representante a la Cámara por Santander, Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez, elegida en 2022 en la lista cerrada del Pacto Histórico. El fallo señaló que la congresista permitió el uso indebido de recursos públicos destinados a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
La investigación, que también fue llevada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, gira en torno a Laura Fernanda Rueda Guerrero, señalada como asesora de Mary Perdomo. Según la denuncia, Rueda fue contratada formalmente en enero de 2023, pero no hay evidencia de que haya desempeñado funciones reales durante ocho meses en la UTL.
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En cambio, Rueda habría servido como intermediaria: recibía el salario y se lo entregaba íntegramente a su madre, María Isabel Rueda Guerrero, quien ya no hacía parte del equipo de trabajo y no tenía vínculo laboral con la congresista. Es por esto que el 30 de abril de 2024, la Corte Suprema abrió una investigación contra la congresista por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y revelación de secreto.
El proceso contra Perdomo inició en marzo de 2024, tras una solicitud presentada por Édgar Solier Millares Escamilla, quien aportó pruebas y testimonios que fueron claves para la decisión. Entre ellas, se encuentran correos electrónicos enviados desde su cuenta personal a María Isabel Rueda Guerrero —quien ya había sido desvinculada formalmente— con documentos de trabajo relacionados con la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, a la que pertenece Perdomo.
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También relató haber presenciado la continuidad de Rueda Guerrero en las funciones de la UTL hasta septiembre de 2023. En el fallo con el que se decretó la pérdida de investidura de la congresista, el Consejo de Estado advirtió que, como resultado de esa contratación ordenada por Perdomo, la supuesta asesora recibió del erario público un total de $102.117.324 millones por concepto de salarios y prestaciones.
Los argumentos del Consejo de Estado
En su análisis, el Consejo de Estado determinó que la congresista, como nominadora de su equipo legislativo, tenía el control sobre la destinación de recursos públicos y la facultad de certificar la labor de sus asesores. De acuerdo con las pruebas, utilizó dicha facultad para avalar un esquema de suplantación funcional dentro de su UTL, generando un desvío del dinero destinado al pago de funciones legislativas hacia una situación ajena a la legalidad.
La Sala explicó que, aunque Laura Fernanda Rueda Guerrero fue la persona oficialmente contratada como asesora de la Unidad, en realidad no ejecutó labores durante su período de vinculación. En cambio, quien continuó cumpliendo funciones fue María Isabel Rueda Guerrero, antigua asistente y quien ya no tenía un vínculo legal con el Congreso. Esto, según el fallo, constituyó una “simulación de nombramiento”, en la que se aparentó la prestación de un servicio por parte de una persona, mientras otra lo ejecutaba, sin tener respaldo legal.
El alto tribunal también señaló que la conducta de la congresista fue consciente y voluntaria, al haber postulado a una persona que sabía no iba a ejercer funciones y permitir que otra, sin contrato vigente, siguiera realizando actividades legislativas. Este actuar, añade el fallo, demuestra una voluntad clara de transgredir el orden constitucional en el manejo de recursos públicos.
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La representante no solo hizo parte de una simulación que condujo a la indebida destinación de dineros del erario, “sino que también encaminó su voluntad plasmada en el ejercicio de la facultad nominadora para que esta situación se diera así. Por tanto, también se encuentra satisfecho el presupuesto subjetivo de la causal de desinvestidura”, señaló el Consejo de Estado en su sentencia.
Durante el proceso, el Consejo de Estado recibió copias de una investigación penal en curso por parte de la Corte Suprema de Justicia, y recabó pruebas documentales y testimoniales, además de solicitar información detallada a la Cámara de Representantes sobre el ingreso de ambas personas al Congreso y su participación en actividades propias de la UTL de Perdomo. También fueron claves las pruebas digitales sobre la participación de María Isabel Rueda en grupos de mensajería interna del equipo legislativo, en un período en el que ya no debía estar vinculada.
Aunque la Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado conceptuó que no se configuraban todos los elementos requeridos para decretar la pérdida de investidura, la Sala concluyó que las pruebas aportadas permitieron establecer, con certeza, que sí se incurrió en una indebida destinación de recursos. En particular, destacó que no se trata de una mera irregularidad administrativa, sino de una afectación directa al uso legal y legítimo de dineros públicos.
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Cabe señalar que, aunque el proceso penal aún no ha llegado a una sentencia definitiva y la congresista goza de la presunción de inocencia, la Sala enfatizó que el proceso de pérdida de investidura tiene un objeto distinto al penal, pues se enfoca en proteger el orden constitucional y los deberes éticos y legales de los congresistas.
La respuesta de la congresista Mary Perdomo
Luego de que la decisión fuera conocida, la representante del Pacto Histórico emitió un comunicado en el que rechazó tajantemente las acusaciones y aseguró que se trata de una persecución política en su contra. También denunció que las investigaciones se basan en un “montaje sin fundamento” y que los señalamientos “no han sido comprobados en ninguna instancia judicial”.
“Si bien soy respetuosa de las decisiones judiciales, quiero dejar claro ante la opinión pública que los hechos investigados hacen parte de una evidente persecución política por parte de sectores a los que les incomoda la presencia femenina en escenarios democráticos, y el trabajo transparente y honesto que hemos venido realizando por nuestras comunidades”, señaló Perdomo.
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Además, recalcó que ha “actuado siempre con rectitud y total apego a la ley”, y aseguró que apelará el fallo y continuará con la presentación de pruebas ante las instancias correspondientes. “Confió plenamente en Dios que con su infinito poder, se podrá esclarecer la verdad, y ratificar en segunda instancia. Y cuando así sea, no dejaremos impunes a quienes han orquestado esta persecución política”, concluyó la congresista.
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