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3 Nov 2021 - 5:38 p. m.

Las razones del Consejo de Estado para mantener la investidura de Gustavo Petro

La Sala Plena de la alta corte desestimó la demanda de un ciudadano, quien aseguró que Gustavo Petro se habría aprovechado de su relevancia política para causar “pánico y zozobra” en la comunidad, al opinar sobre la supuesta “ñeñepolítica” en la campaña presidencial de Iván Duque.
Senador por el partido Colombia Humana, durante el debate de moción de censura al Ministro de Defensa Guillermo Botero, llevado a cabo en el Congreso de la República.
Senador por el partido Colombia Humana, durante el debate de moción de censura al Ministro de Defensa Guillermo Botero, llevado a cabo en el Congreso de la República.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Las opiniones que el senador Gustavo Petro entregó en el portal Los Gustavos, el 5 de julio de 2020, están protegidos en los límites de la libertad de expresión, de acuerdo con una reciente sentencia del Consejo de Estado. La Sala Plena de la alta corte mantuvo la investidura del líder de la Colombia Humana, en proceso de segunda instancia, luego de que el ciudadano José Abuchaibe demandara que Petro supuestamente causó “pánico” a la comunidad con sus palabras.

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De acuerdo con el demandante, quien perdió también en primera instancia el pasado 26 de febrero, en la columna de opinión Gustavo Petro “(…) ha utilizado su dignidad parlamentaria, su reconocimiento e importancia social e institucional, para influir sobre la comunidad, crear pánico, zozobra”. Incluso, Abuchaibe dijo que mediante “populismo”, el político de oposición buscaría llegar a ser presidente. No obstante, el Consejo de Estado dejó claro que ese discurso de Petro está protegido por la constitución e, incluso, aporta a los debates en una sociedad democrática.

En el artículo de opinión, Gustavo Petro aseguró que hubo una compra masiva de votos con dineros del narcotráfico en la campaña del presidente Iván Duque, quien ha negado siempre tal situación y quien venció en las urnas al líder de oposición en 2018. Petro, además, dijo que el entonces registrador no habrá permitido hacer una auditoría a los computadores del proceso de conteo de votos, lo cual configuraría fraude en sus palabras.

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Todo ese episodio es conocido como la “Ñeñepolítica”, que se desprende de registros de la Dijín de la Policía en los cuales el ganadero asesinado Ñeñe Hernández habla de “buscar una plata para pasar bajo la mesa, para soltarla en los departamentos” a favor del Centro Democrático. Hace una semana el Consejo Nacional Electoral cerró el caso contra Duque, pero seguirá indagando en declaraciones de la prófuga excongresista Aida Merlano y la exmiembro del Centro Democrático María Claudia Daza. En el marco de polémica, Petro expuso su opinión. Para el Consejo, estaba en su derecho.

“La opinión del senador Petro Urrego, en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, constituye un genuino discurso político que tiene su génesis en circunstancias que aprovecharía cualquier grupo de oposición para fomentar un debate y una discusión pública nacional que redunde en el robustecimiento de su colectividad política; lo cual, a la luz del principio democrático y de los derechos políticos de raigambre constitucional, es una finalidad perfectamente lícita”, explicó la Sala Plena de la alta corte.

En contexto: “Ñeñepolítica”, un escándalo que crece

De acuerdo con las consideraciones del Consejo, la libertad de expresión goza de especial protección, pues está fundamentada en la búsqueda de la verdad y el funcionamiento de la democracia. Los discursos de contenido ideológico, en palabras de la Sala Plena, lejos de constituir una amenaza para la población, alientan el debate político y crean un escenario donde la deliberación está protegido. Para el Consejo, hablar sobre la “ñeñepolítica” es un asunto de interés general y, en casos así, es necesario propiciar un ejercicio de control sobre los servidores del Estado.

Así las cosas, quedaron sin valor los argumentos del demandante. Entre los puntos que buscaba atacar estaba el señalamiento de Petro a la campaña para la presidencia del actual mandatario. Además, el llamado del líder de la Colombia Humana a la “desobediencia civil”, pues en sus consideraciones en el país existe un gobierno ilegítimo. El demandante, por otro lado, cree que Petro debería ser sancionado por invitar a la ciudadanía a no pagar las facturas de servicios públicos durante la emergencia por COVID-19.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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