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Al Tribunal de Cundinamarca llegó una acción popular en contra de Carbones Cerrejón Limited por supuestamente violar el ambiente sano, la seguridad y salubridad, derechos básicos consagrados en la constitución. Según los demandantes, la empresa minera habría cometido varias irregularidades en su misión de proteger a sus empleados y minimizar el impacto ambiental de la explotación de carbón.
De acuerdo con la demanda, la médica María Teresa Espinosa Restrepo y la ingeniera Lelys Archila Escorcia presentaron en diciembre de 2009 un estudio en el que se evidenciarían varias de las emociones cometidas por Cerrejón. Asimismo, según los demandantes, comunicaciones emitidas desde el Ministerio de Protección Social y Procuraduría Regional de La Guajira señalan “que los trabajadores de la mina El Cerrejón presuntamente se encuentran expuestos a sustancias comprobadamente cancerígenas” por lo que la empresa debía divulgar los riesgos físicos, químicos y ergonómicos “a los que se encuentran expuestos los trabajadores”.