Las recomendaciones de la Procuraduría para atender el COVID-19 en cárceles

Crisis Carcelaria en Colombia.

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La pandemia de COVID-19 al interior de los centros penitenciarios deja, por el momento, 1.063 contagios. El manejo de la crisis tiene en alerta a los organismos de control y de la Corte Constitucional debido a la situación, ya dramática, que se vive en las cárceles de país en donde hay un hacinamiento del 40 %. Un informe de la Procuraduría Delegada para las Entidades Territoriales y Diálogo Social hace una serie de recomendaciones como, por ejemplo, que se le solicite al Ministerio de Justicia, la creación de una ruta de atención clara de los contagios en dichos centros.

Para la Delegada igualmente, es clara la necesidad de desarrollar una campaña, vía tutela, para proteger las personas privadas de la libertad con mayores condiciones de vulnerabilidad como los mayores de 60 años, con patologías graves, o mujeres en estados de embarazo y con niños menores de 3 años, “con el fin de aislaros del foco de riesgo del COVID-19”. Incluso, contempla la posibilidad de que se le solicite a la Corte Constitucional que declare un estado de cosas inconstitucionales, de nuevo, por la pandemia.

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A juicio de la Delegada es necesario vincular al Ministerio de Salud para que de manera inmediata establezca acciones que garanticen el derecho fundamental a la salud de la población privada de la libertad, así como solicitar al Consejo Superior de la Judicatura que se aumente el personal en despachos judiciales o establezca la figura de jueces itinerantes con funciones de ejecución de penas y medidas de seguridad donde sea necesario ya que, por ejemplo, en Quibdó no solo hay un juez de penas.

Entre otros, el Ministerio Público considera recomendable que se doten a las Estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de los elementos tecnológicos necesarios para desarrollar audiencias judiciales y que haya kits de aseo en esos lugares. “Solicitar al INPEC y a la USPEC que, en coadyuvancia con las autoridades territoriales, brinden el suministro de alimentos, acceso efectivo a la salud y dotación de elementos para el saneamiento básico” de los presos en estos lugares.

De otro lado, la Delegada para las Entidades Territoriales y Diálogo Social considera necesario crear un espacio de trabajo entre el Inpec, la Uspec, el Fondo Nacional de Atención en Salud y Ministerio de Salud para poder iniciar con la toma de pruebas masivas de COVID-19 en todas las cárceles del país, dando prioridad a los centros donde se ha presentado el contagio.

“Convocar una Mesa de Diálogo por la Emergencia Carcelaria con el fin de abordar temáticas relacionadas con: derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el marco de la emergencia sanitaria; disposiciones normativas y su eficacia para enfrentar la emergencia carcelaria (identificar el nivel de avance y las dificultades en la implementación del Decreto Legislativo 546 de 2020); enfoque diferencial en la emergencia carcelaria y fenómenos de riesgo emergentes (en los centros de detención transitoria)”.