Las sombras del Ejército de Petro: Puerto Leguízamo, paro nacional y muerte de jóvenes

Puerto Leguízamo, en Putumayo (izquierda), lugar donde la Fuerza Pública dio muerte a 11 civiles. Iván Andrés Orrego (centro), quien denunció haber sobrevivido a un ataque del Ejército. Y una de las imágenes que dejó el paro nacional en Cali (derecha).

Foto: Archivo El Espectador y Suram.com

El Ejército publicó oficialmente los nombres de los altos oficiales que integrarán la estructura de las Fuerzas Militares en la era del nuevo presidente Gustavo Petro. Si bien el alto mandatario prometió una renovación encaminada a la protección de la ciudadanía, sustentada en la elección de militares sin antecedentes por graves violaciones de derechos humanos, la nueva administración contará con militares involucrados y, en otros casos, cercanos en episodios de muerte de connotación nacional.

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Uno de ellos es el general Juan Carlos Correa Consuegra, quien fue designado como Inspector General del Ejército. Es decir, tendrá bajo su administración las investigaciones y sanciones disciplinarias a los miembros de esa fuerza militar. Hasta hace unos meses, fue el comandante de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército. Cumpliendo esas funciones, tomó la vocería cuando, en marzo pasado, durante una cuestionada operación militar en la vereda El Remanso de Puerto Leguízamo (Putumayo), murieron 11 personas, entre ellos civiles y autoridades indígenas.

Las denuncias ciudadanas y periodísticas sobre el hecho retumbaron a nivel nacional, a tal punto que el exministro de Defensa, Diego Molano, enfrentó una moción de censura en el Congreso. La defensa del Ejército siempre mantuvo el argumento de que en ese lugar había campesinos en la posición de disidentes de los denominados Comandos de la Frontera, aliados de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. No obstante, entre las víctimas estaba, por ejemplo, el gobernador indígena de Bajo Remanso, Pablo Panduro, y un joven de 16 años, a quien habrían intentado pasar por disidente, armándolo en la escena del crimen.

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En el punto más álgido de la controversia, el general Correa Consuegra señaló que el operativo se realizó con el fin de dar con la captura de uno de los líderes del grupo criminal Comandos de la Frontera. El oficial agregó que la operación respetó el derecho internacional humanitario y que no tenían reporte de que se estaba efectuando un bazar de la comunidad y que había presencia de civiles. Asimismo, que la arremetida llevaba 10 días preparándose. “Aquí no hubo una masacre”, señaló quien ahora custodiará los procesos disciplinarios.

Sin embargo, la comunidad denunció otras irregularidades en el operativo que, por su gravedad, hoy son materia de investigación. Por ejemplo, que militares se identificaron como guerrilleros para atacar a un supuesto grupo de los Comandos de la Frontera, que la comunidad fue sometida a tratos crueles por parte de los uniformados y que, luego de la operación, varias familias tuvieron que salir desplazadas de su hogar. Asimismo, los habitantes de la zona señalaron, que el Ejército no tuvo en cuenta ni aplicó las debidas consideraciones en el operativo, pues en el lugar había niños y personas embarazadas, que tampoco habrían usado el uniforme debido y que uniformados habrían alterado las escenas de los hechos para hacer pasar a civiles como hombres armados.

En medio del revuelo por la cuestionada operación, a la zona de los hechos llegó la mayor generala María Paulina Leguizamón. Además de hacer presencia en la zona, la alta oficial asumió la defensa jurídica de algunos militares que participaron en la operación. Y ella es otra de las uniformadas que harán parte del nuevo organigrama del Ejército, al menos en la primera parte del gobierno Petro. Por mandato, Leguizamón seguirá al frente de la subjefatura de Estado Mayor Jurídica que, entre otras funciones, revisa las reglas del uso de la fuerza para operaciones militares. En 2021, la generala defendió el bombardeó que concluyó con la muerte del jefe del Frente de Guerra Occidental del Eln alias Fabián, en Chocó. Otro caso polémico del último gobierno, frente a los bombardeos en campamentos donde hay menores de edad, posiblemente reclutados forzadamente.

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“La norma no nos impone de ninguna manera consideraciones de ninguna índole de sexo, de edad, de condición o creencia religiosa, lo que tenemos que ponderar es de que se trate de un objetivo militar (…) las personas civiles gozarán de un estatuto de inmunidad y protección mientras no participen directamente en las hostilidades”, le dijo Leguizamón a Noticias Uno en 2021. No obstante, en esa operación murieron cuatro adolescentes, entre los 13 y los 17 años, y el Gobierno calificó el bombardeo como una “operación quirúrgica”.

El caso Luis Fernando Uní

El brigadier general Royer Gómez Herrera fue designado como nuevo comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, con presencia en Meta, Caquetá y Guaviare. En abril de 2021, fue quien dio las explicaciones por la muerte de un supuesto disidente, alias Costeño, en Puerto Cachicamo, zona rural de San José del Guaviare. Entonces, era comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido 1, la cual presentó esa “neutralización” como golpe a las finanzas de alias Gentil Duarte.

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Sin embargo, Fernando*, un campesino de la región, logró que un video suyo hiciera eco en medios de comunicación, en el cual se denunciaba que Costeño no era ningún disidente de las Farc y que, en realidad, era su hijo de 16 años. “Necesito que el Estado me responda por mi hijo, que era un menor de edad, no tenían por qué habérmele quitado la vida. Era un niño honrado, juicioso y trabajador”, explicó. Su nombre era Luis Fernando Uní, quien trabajaba ordeñando vacas.

La revista Cambio contactó a Iván Andrés Orrego, quien aseguró haber sobrevivido al ataque de la Fuerza de Despliegue Rápido el día que murió su amigo, Fernando Uní. “Íbamos recochando con mi amigo cuando escuchamos un grito: ¡Hey! Yo seguí en la moto y luego sentí dos tiros en el pecho que me tumbaron”, dijo en entrevista. El brigadier general Gómez Herrera, en un comunicado público, explicó que ese supuesto disidente había sobrevivido y había sido trasladado a Villavicencio para su atención. Las imágenes rondaron por los medios de comunicación locales.

Actualmente, las autoridades siguen revisando lo que sucedió en esos hechos. El joven Orrego, por su parte, no fue vinculado a ninguna investigación como disidente. Al contrario, después de los hechos pasó 20 días sedado y ahora denuncia que su brazo fue pulverizado por un tiro y que un pulmón le quedó a medio funcionar. “Yo me siento aburrido porque me arruinaron la vida, quedé inservible porque no puedo producir fuerza. Lo único que me queda es terminar de estudiar, nada más”, le dijo al medio de comunicación.

El Paro Nacional

El presidente Gustavo Petro, durante su campaña presidencial, fue incisivo en apoyar las manifestaciones sociales del pasado paro nacional, que se extendieron desde abril hasta agosto de 2021, y en rechazar el uso desmedido de la fuerza que terminó en la muerte de más de 10 personas. En la estructura de las Fuerzas Militares, bajo su gobierno, quedó el mayor general Álvaro Vicente Pérez Durán, quien será segundo comandante del Ejército. Se trata del oficial que, como comandante del Comando Conjunto Suroccidente, apoyó a la Policía Nacional durante las jornadas de protesta en el Valle del Cauca.

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Esa fue justamente la región del país con mayor número de registros por personas muertas durante el paro nacional. Según estadísticas del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), de los 80 posibles homicidios a nivel nacional, 59 se presentaron en el Valle del Cauca. De ellos, la gran mayoría son atribuidos a la Fuerza Pública y en dos se tiene señalado directamente al Ejército. El mayor general Pérez Durán quedó como segundo al mando en el Ejército, solo por abajo del general Luis Mauricio Ospina. Pérez Durán llegó a reemplazar, justamente, al brigadier general Jairo Alejandro Fuentes, cuya designación se cayó ante los testimonios que lo vinculan en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con supuestas alianzas paramilitares y falsos positivos.

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