Las víctimas que llevan años esperando verdad en casos por los que Uribe rinde indagatoria

Álvaro Uribe Vélez llegó a primera hora al búnker de la Fiscalía en Bogotá, acompañado de uno de sus abogados de confianza, Jaime Lombana. Lo hizo para cumplir con la cita que le puso la Fiscalía para que rinda indagatoria en tres expedientes relacionados con hechos violentos ocurridos en Antioquia entre 1996 y 1998. El ente investigador busca establecer si, cuando era gobernador, habría promovido la conformación de estructuras paramilitares y si tuvo alguna participación en las masacres de La Granja y El Aro. También indaga su presunta responsabilidad en el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. La diligencia vuelve a poner sobre la mesa preguntas que llevan casi tres décadas sin una respuesta definitiva.

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¿Quién dio las órdenes? ¿Quiénes participaron? ¿Por qué las autoridades no protegieron a las comunidades, pese a las advertencias sobre lo que podía ocurrir? Son interrogantes que se repiten en los testimonios de quienes perdieron a sus familiares y que, envejecidos después de años de acudir a despachos y tribunales, temen morir sin conocer toda la verdad. Una de ellas es Lorena María Villa García. A las 4:20 de la tarde del 11 de junio de 1996, escuchó el ruido de dos camionetas que atravesaban La Granja, un corregimiento del municipio de Ituango. En ellas viajaban más de 30 hombres encapuchados y armados pertenecientes a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).

Los paramilitares obligaron a los habitantes a salir, los señalaron de colaborar con las Farc y seleccionaron a cuatro personas para asesinarlas. Entre ellas estaba William de Jesús Villa García, el hermano de Lorena. Tenía 24 años y trabajaba en una construcción junto a su padre cuando los hombres armados comenzaron a dispararle. “Era un joven lleno de vida y esperanzas. Trabajador, alegre, servicial y dedicado a su familia”, recordó Lorena durante un acto público en 2022, cuando el Estado le pidió perdón a las víctimas. William estaba casado y tenía un hijo de seis años, quien creció sin su padre y hoy es médico. Para la familia, contar lo que ocurrió también es una forma de recuperar la historia que los victimarios intentaron arrebatarle.

Los hombres de los hermanos Castaño asesinaron después a Héctor Hernán García, un joven con discapacidad cognitiva que vivía con sus padres, disfrutaba cuidar niños y conversar con sus vecinos. Su madre trató de protegerlo dentro de la cocina, pero los hombres se lo quitaron y lo mataron en la sala de su casa. En una finca cercana, llamada El Vino, también asesinaron a Graciela Arboleda Rodríguez, quien realizaba labores domésticas a cambio de alimentos para sus siete hijos, ya huérfanos de padre. La cuarta víctima fue el profesor Jairo de Jesús Sepúlveda Arias, a quien los paramilitares sacaron de Ituango y asesinaron en la carretera hacia el corregimiento de Pescadero. Era reconocido por su liderazgo y por generar oportunidades de trabajo para otras personas.

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Lorena María Villa García tenía 13 años cuando ocurrió la masacre y hoy, 30 años después de los hechos, recuerda con toda claridad que, antes de marcharse, los responsables advirtieron que regresarían y que la próxima vez harían cosas peores. La amenaza profundizó el miedo y provocó el desplazamiento de cientos de habitantes. Lo que hoy la Fiscalía investiga es si Uribe, como gobernador de Antioquia, tuvo alguna participación en esa incursión. El temor anunciado en La Granja se materializó poco más de un año después y a 34 kilómetros de allí. El 22 de octubre de 1997, alrededor de 150 integrantes de las Accu llegaron al corregimiento de El Aro, también en Ituango.

Durante siete días asesinaron a 17 personas, quemaron 42 de las 60 casas, robaron más de mil reses y obligaron a desplazarse a cerca de 700 habitantes. La Fiscalía también busca establecer si el entonces gobernador tuvo alguna participación en esta incursión. Lilia Amparo Areiza Tobón recuerda que El Aro era un lugar feliz y en el que todos se conocían. Antes de la masacre, recibió información sobre una posible incursión y una lista de personas que serían asesinadas. Por recomendación del abogado Jesús María Valle, que dejó alertas que hoy investiga la justicia que habrían podido evitar la matanza, viajó al corregimiento para advertirle a su padre, Marco Aurelio Areiza, que su nombre aparecía entre los amenazados.

Era propietario de una tienda y atendía a quien necesitara sus productos, sin importar quién fuera. Su hija Lilia cree que esa disposición para servir fue suficiente para que lo señalaran. Marco Aurelio trató de tomar precauciones. Cuando circuló la versión de que los paramilitares se llevarían el ganado que no estuviera marcado, viajó a Yarumal para registrar una marca. Aun así, confiaba en que nada ocurriría. Cuando comenzó la incursión, los habitantes pidieron ayuda a las autoridades, pero esta no llegó. “¿Cuál fue el auxilio? Hacer oídos sordos”, reclamó Lilia en una reciente audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Los paramilitares retuvieron y torturaron a Marco Aurelio antes de asesinarlo.

Los habitantes tuvieron que escuchar sus lamentos sin poder intervenir. Primero fue amarrado a un naranjo, donde pasó la noche. Luego fue trasladado al cementerio, donde fue torturado. La asociación de periodistas Consejo de Redacción recogió en 2020 testimonios de los sobrevivientes e involucrados en la incursión paramilitar en un reportaje que incluyó la versión del paramilitar Francisco Villalba, alias “Cristian Barreto”. Su relato permite constatar la barbarie de los hechos que ocurrieron en El Aro, particularmente en el caso de Marco Aurelio Areiza: “Empiezo a torturarlo para matarlo y no le entraba la bala por ninguna parte. De ahí tomé la decisión de quitarle los genitales y sacarle el corazón. Nos dio lidia, pero se hizo”.

La justicia colombiana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya establecieron que la fuerza pública dejó desprotegida a la población, pese a contar con información que advertía sobre el riesgo de que en El Aro se repitiera lo ocurrido en La Granja. En 2006, la Corte IDH condenó al Estado y, 12 años después, la Corte Suprema de Justicia declaró estos hechos como crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, para las víctimas esas decisiones no han permitido esclarecer quiénes planearon y ordenaron las incursiones. Ante la JEP, que hace cuatro años investiga los hechos, víctimas como Lilia Ariza y varios abogados fueron sinceras.

“Los comparecientes tienen toda clase de beneficios, a cambio de nada. ¿Dónde están las verdades de los comparecientes? Llevamos 29 años buscando justicia. Nos envejecimos detrás de la verdad y no la hemos conseguido. Necesitamos que digan la verdad”, puntualizó Lilia. Una de las personas que trató de impedir que las denuncias quedaran enterradas fue Jesús María Valle Jaramillo. El abogado y defensor de derechos humanos, nacido en Ituango y exconcejal de ese municipio, recogió testimonios de campesinos desplazados y denunció públicamente la actuación conjunta de paramilitares e integrantes de la Cuarta Brigada, así como la presunta omisión de las autoridades departamentales frente a la violencia.

Valle sabía que denunciar podía costarle la vida. El 27 de febrero de 1998, cuatro meses después de la masacre en El Aro, fue asesinado en su oficina, en Medellín. Su declaración ante la Fiscalía se convirtió en una de las piezas centrales del expediente por el cual Uribe fue llamado a indagatoria, con un argumento claro: el entonces gobernador de Antioquia tenía todas las alertas y evidencias de que en Ituango se estaba gestando una arremetida paramilitar sin precedentes en la zona, pero habría omitido su deber de cuidar a las comunidades. Veintinueve años después de la denuncia de Jesús María Valle, la Fiscalía busca establecer la presunta participación de Uribe Vélez en el homicidio del abogado.

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Los expedientes contra el exmandatario también incluyen una masacre perpetrada en San Roque entre el 13 y el 17 de septiembre de 1996. Según la Corte Suprema, el grupo paramilitar responsable habría utilizado como base de operaciones la hacienda Guacharacas, entonces propiedad de la familia Uribe Vélez. La organización también es señalada de participar en la desaparición de 12 personas durante ese año. La Fiscalía busca establecer si Uribe tuvo alguna relación con la creación de esa estructura. Desde el comienzo de estas investigaciones, el expresidente ha negado tajantemente cualquier vínculo con la creación o financiación de grupos paramilitares. En junio pasado afirmó que, como gobernador, no tuvo información anticipada sobre las masacres de La Granja y El Aro.

“A mí me sorprendieron ambas masacres. No hay una sola prueba con la que puedan decir que yo tuve información anticipada”, escribió en sus redes sociales en junio pasado. Ahora, 30 años después de los primeros crímenes, la indagatoria en su contra no representa todavía una respuesta ni una definición sobre la responsabilidad del expresidente. Es una nueva etapa de procesos que han avanzado entre demoras y obstáculos. Para Lorena, Lilia y las demás familias, sin embargo, el paso del tiempo hace cada vez más urgente que la justicia establezca qué ocurrió y quiénes estuvieron detrás. “No es justo llegar al final de nuestras vidas en una lucha por una verdad que no llega”, concluyó Lilia Amparo Areiza.

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“Nos desintegraron como familia y como pueblo”: relato de una sobreviviente de El Aro

Miladys Restrepo Torres perdió a su hermano Wilmar, de 14 años, durante la masacre de El Aro, en Ituango. Casi tres décadas después, sigue preguntándose quién ordenó matarlo, por qué las autoridades no protegieron a la población y cuándo llegará la verdad. Este es su relato.

Mi nombre es Miladys Restrepo Torres y soy víctima de la masacre de El Aro. Hago parte de este proceso porque en la masacre asesinaron a mi hermano, Wilmar de Jesús Torres. Era un niño de 14 años. El Aro es un corregimiento de Ituango, pero en esa época estábamos a dos días de camino del municipio. Era un lugar muy lejano y una comunidad abandonada. Lo único que había era una inspección de Policía, porque por allá casi no entraba ni el Ejército. Era un pueblo tranquilo. La guerrilla pasaba de vez en cuando, pero no se detenía allí. En una ocasión vimos cruzar a muchos guerrilleros, pero siguieron su camino y no ocurrió nada. Un año antes de la masacre entraron los paramilitares.

Reunieron a toda la comunidad y dijeron que regresarían y que mantendrían gente en todos los caminos y alrededores. Eso se me quedó grabado en la mente. Siempre me da miedo recordarlo. En ese momento no supimos quién estaba a cargo. Se hablaba de alias “Junior” como el paramilitar que operaba en esa zona. Él era de Ituango y, según tengo entendido, los hombres que habían entrado venían del lado de La Caucana, en el Bajo Cauca. Siempre que yo veía a los paramilitares, iban vestidos como militares y encapuchados. La semana anterior a la masacre comenzaron a llegar comentarios desde otros pueblos. Decían que los paramilitares iban hacia El Aro y que acabarían con todo.

Contaban que eran muy sanguinarios, que los más bravos venían de Urabá y que también había gente del Bajo Cauca. El sábado 25 de octubre, al mediodía, comenzamos a escuchar muchos disparos. Mi hermanito había salido alrededor de las 8:30 de la mañana. En el pueblo la carne era escasa y la noche anterior le había dicho a mi mamá que quería comer carne. Él estaba sembrando fríjol con don Alberto, un señor mayor que trabajaba a su lado. “Mamá, mañana voy a decirle a don Alberto que se vaya adelante. Yo me quedo esperando para que usted compre carne y me eche, porque quiero comer carne”, le dijo. Mi mamá compró la carne y lo despachó. con el desayuno y el almuerzo de don Alberto. Hacia el mediodía empezaron los disparos.

Don Modesto, un trabajador del municipio, pasó por nuestra casa. Mi mamá y yo le preguntamos por dónde se escuchaban. Él respondió que venían de los lados de Mundo Nuevo, donde estaba Wilmar. “Ay, Dios mío, mi muchacho está por allá”, dijo mi mamá. Don Modesto trató de tranquilizarla: “Doña Edilma, el manto de la Virgen nos va a cubrir a todos y nada nos va a pasar”. Pero seguimos con la zozobra. Hacia las 3:00 de la tarde los disparos sonaban más cerca. Parecía que estuvieran acabando con el pueblo. Era algo impresionante; ni siquiera sé cómo explicarlo. Mi mamá se puso a llorar porque mi hermanito seguía por allá y temíamos que le hubiera ocurrido algo.

Nos encerramos en la casa. Estábamos mi mamá, una hermana, su hija y yo. Ya habían matado a don Arnulfo Sánchez, un anciano; al señor Martínez, en Organillo; a Omar Iván, en Puerto Escondido, y a un muchacho de apellido Díaz, en La Guamara. Desde la casa escuchamos que los paramilitares se los llevaban. Los insultaban, les decían guerrilleros y los empujaban. Podíamos oír sus pasos contra el suelo. Después escuchamos los disparos y comenzamos a contarlos: uno, dos, tres. Más tarde llegó un niño llorando y tocó nuestra puerta. Nos dijo que ya habían matado gente. Entonces cayó la noche y comenzaron a escucharse los grillos. Fue una noche aterradora, inexplicable y oscura. No dormimos ni comimos.

Wilmar había dicho antes de salir: “Amá, si no vuelvo en la tarde, no se preocupe, porque me voy donde mi padrino”. En el trayecto entre El Aro y la finca de mi mamá quedaba Manzanares, la finca de su padrino. Mi mamá conservaba la esperanza de que él estuviera allá. A las 6:00 de la mañana golpearon muy fuerte la puerta y nos ordenaron salir. Nos insultaban y nos llamaban guerrilleras. Yo les dije que esperaran mientras abría. Mi hijo mayor tenía tres años y mi hermanita llevaba a su niña de tres meses. Nos sacaron sin permitirnos tomar nada y nos condujeron hasta la plaza. Se escucharon disparos desde una finca situada en la parte alta. Los paramilitares dijeron que nos resguardarían en la iglesia y nos llevaron hasta allí.

Mi mamá lloraba mucho y me pidió que averiguara si nos dejaban buscar a Wilmar, porque todavía creía que podía estar escondido. En ese momento llegó un señor que trabajaba con mi cuñado, el padrino de mi hermano. Mi mamá le preguntó por Wilmar y él respondió que no había ido a Manzanares. También dijo que cerca de Mundo Nuevo había dos muertos, uno grande y otro pequeño, pero que no creía que alguno fuera mi hermano. El presidente de la Junta de Acción Comunal, primo hermano de mi mamá, nos contó que los paramilitares nos daban permiso de buscarlo con una condición: no podíamos llorar. Si lo hacíamos, “pagábamos con la cabeza”.

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Yo tenía 24 o 25 años. Mis hermanas y yo encontrábamos paramilitares durante el camino y nos conteníamos. Llorábamos después, donde no pudieran vernos. Mi mamá, que siempre ha sido muy católica, estaba en la iglesia rezando. Estaba muy afectada por la muerte de don Modesto. Mientras permanecíamos en el atrio vi que se acercaban con mi hermano muerto sobre una bestia. Comencé a llorar con mis hermanas. El primo de mi mamá nos advirtió: “Muchachas, nunca las he regañado, pero, si van a llorar, váyanse para la casa”, para que los paramilitares no nos vieran. Me limpié las lágrimas, entré a la iglesia y le dije a mi mamá: “Amá, venga, nos tenemos que ir. Wilmar está muerto”.

Ella comenzó a llorar y le advertí que no podía decir nada porque nos lo habían prohibido. Cuando me entregaron a mi hermano, lo soltaron de la bestia y lo lanzaron con fuerza contra el suelo. Después le dieron patadas. Yo sabía que él estaba muerto y que ya no podía sentirlas, pero a mí sí me dolían. Decían que era guerrillero. Él no era guerrillero. Mi papá nos había abandonado cuando Wilmar tenía tres meses. Mis hermanos me ayudaron a preparar una bestia que uno de ellos nos había regalado para cargar leña y alimentos. Envolvieron el cuerpo de Wilmar en un plástico, lo pusieron entre costales y lo amarraron para que no se resbalara.

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Decidimos llevarlo a Puerto Valdivia. Yo quería evitar que mis hermanos entraran al pueblo y pensaba que El Aro se había acabado para nosotros. Tampoco queríamos dejar a Wilmar muerto y solo allá. Cuando ya estaba amarrado a la bestia, llegó otro paramilitar y dijo que no podíamos irnos ni llevarnos el cuerpo. Le expliqué que mi mamá y parte de mi familia ya habían salido y que no tenía cómo avisarles. Me ordenó pedir permiso y un hombre alias “Cobra” me lo dio. Salimos con Edwin Elías, un primo que conducía la bestia en la que iba amarrado mi hermano. Nos prohibieron decir quién lo había matado y contar que transportábamos su cuerpo. Durante el camino, la cabeza de Wilmar golpeaba las piedras y las dejaba ensangrentadas.

Mi mamá lloraba y decía cosas. Yo sentía deseos de taparle la boca por el miedo que tenía. Al llegar a La Floresta, Edwin me dijo que era necesario volver a amarrar a Wilmar porque se estaba cayendo. Yo le respondí: “No soy capaz. Le ayudo a sostenerlo, pero no soy capaz de apretarlo”. Él lo aseguró y continuamos. El trayecto duró entre seis y siete horas. Las casas estaban desocupadas y los perros aullaban solos. Ya estaba oscureciendo. Mi mamá iba sobre una bestia que nos prestó el presidente de la Junta de Acción Comunal. Una de mis hermanas llevaba dos bolsos porque había alcanzado a empacar algo de ropa. Otra llevaba adelante a su hija de tres meses y mi hijo iba amarrado atrás, en otra bestia. Los demás caminábamos.

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Cuando llegamos a Puerto Valdivia velamos a Wilmar y lo enterramos el lunes. No teníamos nada. Mi hermano mayor era el que más lloraba. Nos dijo: “Yo, porque los tengo a ustedes; si no, haría algo para vengarme de Wilmar”. Cuatro años después exhumamos el cuerpo y lo trasladamos a Yarumal, donde permanece. Esa misma semana nos robaron el ganado y las bestias. A Wilmar le gustaba sembrar fríjol y estaba trabajando para comprarse un caballo. Nosotros éramos siete hermanos. Como mi papá nos había abandonado, crecimos muy unidos. Éramos pobres, pero éramos felices. Después del desplazamiento nos quedamos sin vivienda ni sustento.

Yo no tenía ropa ni zapatos. Recuerdo que se me cayeron las uñas de los pies y tenía las plantas lastimadas. Caminaba cojeando. Una conocida de El Aro que vivía en Puerto Valdivia me prestó un vestido y otro señor me regaló ropa interior porque yo no había podido sacar nada. Cuando llegaban a repartir ayudas, nos daba miedo acercarnos. Yo pensaba que podía haber paramilitares. Nunca íbamos a recibirlas. Sobrevivíamos con lo que nos daban los conocidos. Nos quedamos en Puerto Valdivia. Un amigo de mis hermanos nos consiguió una casa. Entramos con un colchón, unas ollas, un sartén y un fogoncito que él compró o consiguió fiado. Estuvimos allí cerca de un año, pero mis hermanos no tenían cómo sostenernos.

Siempre sentía mucho miedo. Le tomé miedo a la oscuridad. A cada rato decían: “Vienen los paramilitares”. En 2005 volvieron a entrar. Entonces me fui y no regresé. Viví un tiempo en Puerto Valdivia, luego me desplacé a Yarumal y finalmente llegué a Medellín. En El Aro había trabajado en la farmacia comunitaria. Éramos dos mujeres a cargo de la botica y también atendíamos el teléfono. En Puerto Valdivia conseguí trabajo como telefonista y en Yarumal trabajé en lo que pude. Después de tantos años, yo pienso que las autoridades sí sabían lo que estaba ocurriendo. El presidente de la Junta había llamado a Ituango para pedir que nos cuidaran. No recuerdo exactamente cuándo lo hizo, pero sé que avisó durante la masacre.

También escuché que había pedido ayuda a la Gobernación, aunque no estoy segura. Por eso mi pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué no entraron a cuidarnos?, ¿por qué no nos cuidaron? Además, están las denuncias del doctor Jesús María Valle Jaramillo. Él fue una de las personas que pidió por nosotros, aunque no conocía a la gente de El Aro. Perdió la vida por defendernos. Fue una gran persona y el único que nos defendió sin miedo. Yo quisiera darle las gracias. Ojalá no nos lo hubieran quitado, porque tal vez no nos habrían ocurrido tantas cosas. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no nos cuidaron? ¿Por qué han hecho caso omiso de todo lo que nos pasó? Hay lugares donde ni siquiera se menciona la masacre de El Aro ni a nosotros como víctimas.

Me parece muy importante que quienes tuvieron responsabilidades públicas para la época rindan cuentas ante la justicia, pero quiero que se diga solamente la verdad y no más mentiras. Nos han dicho muchas mentiras durante todo este tiempo. Cuando estábamos en las audiencias de Justicia y Paz, nos dijeron que teníamos derecho a la verdad y que los paramilitares iban a confesar. Pero los extraditaron a Estados Unidos y nos quedamos sin saber nada. Mi hermano Guido fue asesinado en 2000. Hoy no sé qué podría decirle a él o a Wilmar porque ni siquiera sé por qué lo mataron. Pienso que descansaría cuando me dijeran: “Esta persona lo mató y esta fue la razón”. Él no era guerrillero, aunque a mí me dijeron que lo habían asesinado por serlo.

A quienes nos hicieron todo este daño les diría que miren lo que causaron: nos desintegraron como familia y como pueblo. Nos sacaron de nuestras tierras, nos robaron todo lo que teníamos, hasta la ropa, y nos obligaron a pasar necesidades y a sufrir muchas cosas. A los agentes del Estado que hubieran colaborado con la masacre les diría que estuvo muy mal lo que hicieron, porque su deber era cuidarnos. Creo que a ellos no les gustaría que a sus hijas, hermanos, hijos, esposas o madres les hicieran lo que hicieron en El Aro. Allí tomaron por la fuerza a mujeres para violarlas. Eso no le gustaría a nadie. Para mí será un alivio conocer la verdad, que se haga justicia y saber que están pagando quienes nos hicieron tanto daño.

Pero creo que el dolor que nos causaron siempre vivirá con nosotros. Todavía me da miedo soñar porque sueño que estoy en El Aro. Es horrible saber que estoy allá. Quisiera que alguien me despertara antes de comenzar esos sueños. No son sueños, sino pesadillas: estoy en El Aro, corro y veo a los paramilitares. A veces me alcanzan. Es horrible.

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