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Con una ponencia favorable, el proyecto “borrón y cuenta nueva” se la juega este jueves en la Sala Plena de la Corte Constitucional. Se trata del proyecto de ley estatutaria 062 de 2019, que busca eliminar registros negativos de personas reportadas en centrales de riesgo como Datacrédito. El ponente del caso es el magistrado Alejandro Linares, quien les presentará a sus compañeros de Sala Plena un proyecto de fallo que le daría luz verde a esta iniciativa, con la que se beneficiarían miles de colombianos que no han podido cumplir con sus obligaciones bancarias. Aunque el debate comenzará apenas este 19 de agosto, la norma ya cuenta con el apoyo de la mayoría de los magistrados.
Este diario conoció que el punto neurálgico del debate estará en el artículo 9, que establece el tiempo que tendrán los colombianos con reporte negativo en las centrales de riesgo. Por ejemplo, un parágrafo señala que las personas que recibieron reporte negativo durante pandemia y se acercaron a renegociar la obligación no tendrán una observación negativa. Del mismo modo, las personas que tengan pequeñas o medianas empresas, sean del sector agropecuario, tengan créditos con el Icetex o sean víctimas del conflicto armado con créditos en Finagro, no tendrán anotaciones negativas en las centrales si cancelan su deuda durante el primer año de entrada en vigor de la norma.
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El senador David Barguil, autor del proyecto de ley de “borrón y cuenta nueva”, que fue aprobado en 2020, explicó en diálogo con El Espectador que su iniciativa traerá grandes beneficios a cientos de colombianos. “En el caso de la amnistía afectará a alrededor de 10 millones de ciudadanos que les restablecerá su calificación en las centrales de riesgo -en Datacrédito y en Cifin- para que puedan volver a ser sujetos de crédito en Colombia, en los establecimientos financieros y en establecimientos comerciales. Poder tener un crédito hipotecario, poder hacer un crédito para la educación de sus hijos o hacer un negocio”, resaltó el senador conservador.
El senador dijo que la ley de “borrón y cuenta nueva” también tiene como fin enviarle notificaciones previas a una persona cuando sea reportada, debido a que en muchas ocasiones los colombianos resultan con anotaciones negativas por deudas que no superan los $10.000. Y explicó otros beneficios: “Nunca más en Colombia para otorgar un empleo se deberá verificar si la persona está reportada. Cada vez que se consulte en las centrales de riesgo no se afectará la calificación. Esperamos que la Corte entregue esta herramienta fundamental para que se reactiven la economía y la vida económica de millones de ciudadanos que merecen una segunda oportunidad”.
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Para el análisis del proyecto de ley de “borrón y cuenta nueva”, el magistrado Linares tuvo en cuenta los conceptos de la Procuraduría y la central de riesgo Cifin, ahora TransUnión, que en sus documentos expusieron los pros y contras que tienen sobre la entrada en vigor de la norma. Por ejemplo, la procuradora Margarita Cabello consideró que se le debía dar aval al proyecto debido a que “la norma no genera inconvenientes en materia de constitucionalidad”. Para el ente de control, el Congreso se encuentra en condiciones de incluir en el ordenamiento jurídico amnistías generales y especiales, como las que incluyó el senador David Barguil en el proyecto.
Para TransUnión, “el declive económico del país no se mejora ocultando la realidad e impidiendo que los usuarios de la información conozcan integralmente a sus deudores”. Es decir, para la entidad, la falta de información negativa en las centrales de riesgo deteriora la calidad de los datos y le resta valor al reporte positivo. Respecto de las amnistías del artículo 9, TransUnión resaltó que, pese a ser concebidas con buenas intenciones serán difíciles de llevar a la práctica. Además, añadieron, uno de los parágrafos de la ley de “borrón y cuenta nueva” recoge una serie de deudores indeterminables y les impone una carga casi imposible de cumplir.
Contexto: Proyecto de borrón y cuenta nueva no ha sido radicado para revisión constitucional
En el dado caso que los magistrados nieguen sus reparos y le den luz verde al proyecto de ley de “borrón y cuenta nueva”, la entidad financiera le solicitó a la Corte Constitucional que se revise la posibilidad de otorgar un período de transición parcial, según el cual, una vez sea sancionada y publicada la ley y entre en vigor la amnistía general, se otorgue un término de cuatro meses para que entre en vigor el resto de la norma. Así, durante este lapso, todos los actores involucrados, como las centrales de riesgo y otras entidades financieras, pueden adelantar las gestiones necesarias para garantizar la implementación de la nueva norma.
Las cartas ya están barajadas y la ponencia del magistrado Linares ya fue repartida a sus compañeros, así que la última palabra la tendrá la Sala Plena. Los magistrados debatirán en su cuarto punto del día si le dan aval o no a la norma, que llegó a revisión automática de la Corte antes de entrar en vigor por tratarse de una ley estatutaria. Pese a que este diario pudo confirmar las altas posibilidades de que el proyecto de “borrón y cuenta nueva” salga victorioso, durante los debates adelantados en el alto tribunal se pueden dejar aclaraciones, nuevas interpretaciones o se pueden caer detalles de esta norma, fundamental para el bolsillo de los colombianos.
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