Está lista la comisión de juristas que elegirán a los más de cien magistrados que conformarán los tribunales de la Justicia Especial para la Paz (JEP), y que serán quienes llevarán en sus manos los procesos de los guerrilleros, militares y particulares que hayan estado involucrados ene l conflicto colombiano.
La importancia de estos cinco delegados es fundamental para que la JEP empiece con el pie derecho. En sus manos está la selección de los magistrados de las salas y secciones de la JEP, a quienes integrarán la Unidad de Investigación y Acusación y a aquellos que harán parte de la Secretaría Ejecutiva de los tribunales creados en los Acuerdos de Paz con las Farc.
Por eso, fueron el Consejo Europeo de Derechos Humanos, el secretario general de la ONU, los magistrados de la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ) y la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, los encargados de designarlos.
El primero en ser designado fue el abogado Diego García-Sayán, quien fue delegado por la ONU. El peruano ha sido ministro en su país, primero en el año 2000 y luego en el 2001. Fue, además, uno de los principales promotores de que su país se adhiriera a la Corte Penal Internacional. La elección de la ONU tendría que ver con el papel que cumplió cuando fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre 2010 y 2014.
Desde allí, García Sayán se enfrentó al caso de El Mozote, en El Salvador, que se refería a la masacre de 1.000 personas tras una operación militar de tres días. Lo fundamental de este fallo fue que planteó la aplicación de justicia en un contexto de reconciliación, que en su momento, abrió la puerta a la justicia transicional en un tribunal de derechos humanos internacional.
Otro de los elegidos fue el argentino Juan E. Méndez, quien se ha especializado en la defensa de los presos políticos, pues en la década del 70 fue arrestado por la dictadura militar argentina y mantenido preso durante 18 meses. En 1994 se convirtió en el relator general de la organización no gubernamental Human Rights Watch. En las décadas siguientes fue paralelamente, profesor de reconocidas universidades alrededor del mundo.
Luego, en 2001 comenzó a trabajar en el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). Tres años más tarde se convirtió en el presidente de dicha organización y desde 2009, ejerce como presidente emérito. Su experiencia, además de lo que tiene que ver con presos políticos, está relacionada con el genocidio (fue asesor especial de la ONU) y la tortura, pues desde 2010 es relator especial de la tortura en ese mismo organismo internacional.
Álvaro Gil-Robles, un abogado español de 72 años, fue designado por el Consejo Europeo de Derechos Humanos. Hijo de un reconocido líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), Gil Robles fue defensor del Pueblo de España entre 1988 y 1993. Luego, en 1999, se convirtió en el primer Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Su experiencia en este cargo, en los que realizó visitas a países como Georgia, Andorra, Grecia y otros europeos, le dan una visión amplia sobre los derechos humanos.
Por otra parte, la justicia colombiana, en cabeza de la Sala Penal de la Corte Suprema, designó a José Francisco Acuña como su elegido. El jurista colombiano, que actualmente lleva en sus manos el proceso contra el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, y desde 2016 hace parte de la sala penal de la Corte Suprema, la misma que lo eligió para designar magistrados de la JEP. Tiene un profundo conocimiento de los mecanismos internos del sistema penal colombiano.
Finalmente, y después de que ONU Mujeres lanzara un fuerte pronunciamiento sobre la gravedad que sería tener un comité integrado exclusivamente por hombres, el Sistema de Universidades Públicas nombró a Claudia Vacca González, profesora de la Universidad Nacional, como la última integrante de esta comisión. Ella es la única de los cinco encargados que no es abogada: es química, y se ha preocupado por denunciar los altos precios de los medicamentos y las "dictaduras" de los laboratorios farmacéuticos.
Al parecer, su nombramiento se habría dado por su carácter independiente, que ha construido a través de su paso por la dirección del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la UN, y desde su rol como asesora del Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud en Washington (EE.UU).